Los municipios ya no podrán incluir impuestos y tasas en las facturas de servicios
El ministro de Economía, Luis Caputo, justificó la medida por "reiteradas denuncias públicas". Los servicios esenciales como luz y gas quedarán excluidos de impuestos locales.
En una medida destinada a proteger a los consumidores y aumentar la transparencia fiscal, el Ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que a partir de este miércoles los municipios estarán prohibidos de incluir impuestos adicionales en las facturas de servicios esenciales como luz y gas. Esta disposición fue publicada en el Boletín Oficial bajo la Resolución 2024-267.
Según la resolución, las facturas de servicios esenciales deberán detallar exclusivamente la descripción y el precio del servicio contratado, sin cargos adicionales ajenos a la naturaleza del servicio. Caputo explicó en su cuenta de X que la medida busca evitar que se oculten tasas locales y otros cargos bajo el concepto de servicios esenciales.
El Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, respaldó la medida destacando que el aumento en el gasto público provincial y municipal se ha visto exacerbado por la inclusión de impuestos y tasas en facturas de servicios. Sturzenegger afirmó que la transparencia fiscal será clave para mejorar la conciencia fiscal y reducir el gasto público.
La Resolución 267/2024 establece que cualquier incumplimiento será sancionado conforme al régimen de penalidades previsto en la Ley Nº 24.240 de Defensa del Consumidor y sus modificatorias. Además, la medida entra en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial y los municipios tendrán un plazo de treinta días para adecuarse a la nueva normativa.
La Secretaría de Comercio subrayó que la nueva normativa busca evitar la inclusión de cargos no relacionados con el servicio contratado, protegiendo así la libertad de elección del consumidor. La Secretaría también destacó que la práctica de incluir impuestos y tasas en las facturas de servicios esenciales no solo violaba el derecho a un trato digno para los consumidores, sino que también afectaba su libertad de elección.
Esta medida responde a denuncias reiteradas sobre prácticas sistemáticas en varios municipios de la provincia de Buenos Aires y otras localidades del país, que habían generado un creciente descontento entre los consumidores.
