Desregulación del transporte de larga distancia: así sería el nuevo decreto de Milei
El transporte de larga distancia podría dejar de ser un servicio público. Alertan por los riesgos de seguridad vial, la conectividad y el crecimiento de negocios ilegales.
El Gobierno está a punto de implementar un proyecto de desregulación del transportede larga distancia que podría transformar radicalmente el sector. Un borrador del decreto, al que tuvo acceso el medio Ámbito, revela que el nuevo esquema rompería con la lógica del transporte como servicio público, permitiendo una apertura sin precedentes a nuevos operadores con requisitos mínimos y reduciendo drásticamente los controles actuales.
El documento detalla un amplio programa de transformación del sistema nacional de transporte, con el objetivo de "racionalizar la oferta de servicios, expandir las inversiones y disminuir los costos". No obstante, este cambio genera profundas preocupaciones en el sector, que advierte sobre el riesgo de una pérdida significativa de conectividad y de una potencial reducción en los estándares de seguridad vial.
La desregulación propuesta permitiría a las empresas de transporte dejar de conectar destinos que no les resulten rentables, una medida que podría afectar gravemente a numerosos pueblos y ciudades que dependen exclusivamente de los ómnibus para su conexión con el resto del país. Argentina, con su vasta extensión y baja densidad poblacional, enfrenta una red de transporte deficiente, con una infraestructura ferroviaria deteriorada y un número limitado de aeropuertos.
El borrador del decreto también sugiere que cualquier vehículo con más de ocho butacas podría realizar recorridosde larga distancia, siempre que se inscriba en el nuevo registro previsto por la normativa. Además, se elimina la obligatoriedad de utilizar terminales y los controles actuales serían prácticamente eliminados. Los vehículos podrían iniciar sus viajes y hacer paradas en cualquier punto, lo que debilitaría significativamente los operativos que se realizan en las terminales hoy en día.
Las preocupaciones sobre la seguridad vial son significativas. La normativa actual establece velocidades máximas más bajas para los ómnibus en comparación con otros vehículos, pero bajo el nuevo esquema, estas restricciones se ajustarían a la normativa general, algo que ha sido rechazado incluso por las propias empresas del sector.
El borrador también plantea incertidumbres respecto a la atención de personas con discapacidad y el funcionamiento de los seguros bajo el nuevo esquema. Actualmente, las empresas están obligadas a ofrecer transporte gratuito a personas con discapacidad, pero la desregulación podría dejar a este grupo vulnerable. Además, la falta de claridad sobre cómo funcionarán los seguros agrega una capa adicional de incertidumbre.
Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, argumenta que el actual marco regulatorio es ineficaz y que su eliminación es la mejor solución. Sin embargo, este enfoque podría ignorar los riesgos de un escenario aún más problemático. La magnitud de la desregulación sugiere un cambio de paradigma en el que el transporte de larga distancia dejaría de ser un servicio público, con potenciales consecuencias graves para la seguridad, la conectividad y la equidad social.
