El gobierno nacional reglamentó el RIGI
El decreto entró en vigencia hoy viernes y abarca a los sectores de forestoindustria, turismo, infraestructura, minería, tecnología, siderurgia, energía y el rubro de "petróleo y gas"
Hoy viernes se conoció que el gobierno nacional reglamentó el RIGI- Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones-. Lo hicieron a través de decreto 749/2024.
El Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) ha sido implementado como una herramienta estratégica para atraer y retener inversiones de gran escala en Argentina. La reglamentación de este régimen establece un marco normativo detallado que busca proporcionar claridad y previsibilidad a los inversores, al tiempo que garantiza la sostenibilidad fiscal del Estado.
El RIGI, sobre todo, tendrá un fuerte impacto en las actividades como la minería y las energías fotovoltaicas en la provincia de San Juan.
A continuación, se analizan los aspectos clave de esta reglamentación.
1. Definición y alcance del RIGI
El RIGI está diseñado para proyectos que superen un determinado umbral de inversión, considerados estratégicos por su capacidad para generar empleo, divisas y desarrollo tecnológico. Estos proyectos, denominados Vehículos de Proyecto Único (VPU), reciben un conjunto de beneficios fiscales y cambiarios con el objetivo de incentivar su desarrollo y operación en Argentina.
2. Beneficios fiscales y cambiarios
Uno de los pilares del RIGI es la exención de derechos de exportación durante los primeros tres años de operación de un VPU. Esta medida está dirigida a reducir la carga fiscal en la etapa inicial del proyecto, permitiendo a las empresas reinvertir mayores recursos en su expansión y consolidación.
Incentivos cambiarios
El artículo 196 de la reglamentación aborda los incentivos cambiarios, estableciendo un cronograma escalonado para la obligación de liquidación de divisas en el mercado de cambios. Este cronograma se estructura de la siguiente manera:
Primer y segundo año: Las empresas deberán liquidar solo el 20% de las divisas ingresadas por exportaciones.
Tercer año: El porcentaje de liquidación se incrementa al 40%.
Cuarto año en adelante: A partir del cuarto año, la obligación de liquidación alcanza el 100% de las divisas ingresadas.
Este esquema ofrece flexibilidad a los inversores, permitiendo una mayor retención de divisas en las primeras etapas del proyecto, lo que puede ser crucial para el financiamiento interno y la estabilidad financiera de la empresa.
Exportación estratégica de largo plazo
Para los proyectos calificados bajo la categoría de "Exportación Estratégica de Largo Plazo", se establecen plazos más favorables para la liquidación de divisas:
Primer año: 20% de las divisas luego de un año desde la puesta en marcha del VPU.
Segundo año: 40% de las divisas después de dos años.
Tercer año: 100% de las divisas al cumplirse tres años.
La fecha de puesta en marcha del VPU se determina por el primer evento entre la primera exportación del producto principal o la finalización del 40% del monto mínimo de inversión en activos computables.
3. Finalización y cese de beneficios
La reglamentación también detalla las circunstancias bajo las cuales un VPU puede perder los beneficios otorgados por el RIGI, sin efectos retroactivos:
Fin de la vida útil del proyecto: Cuando el proyecto concluye su ciclo productivo.
Quiebra del VPU: La pérdida de beneficios en caso de quiebra es automática, pero debe estar respaldada por una sentencia judicial firme. Además, se establece que el cese de los derechos e incentivos será retroactivo a la fecha de la sentencia original.
Baja voluntaria: Los VPU pueden solicitar la baja del régimen en cualquier momento. Esta baja se hará efectiva una vez aprobada por la Autoridad de Aplicación, que cuenta con un plazo máximo de 45 días hábiles para emitir su decisión.
Sanción por infracción al RIGI: En caso de incumplimientos, los beneficios podrán cesar como parte de las sanciones impuestas.
4. Obligaciones de reporte y plazos
La reglamentación impone una estricta obligación de reporte para las empresas beneficiarias del RIGI. En caso de quiebra, fin de la vida útil, o solicitud de baja voluntaria, las empresas tienen un plazo de diez días corridos para notificar a las autoridades correspondientes. Este requisito busca garantizar la transparencia y el cumplimiento normativo, evitando demoras que puedan afectar la ejecución de las políticas públicas.
La reglamentación del RIGI representa un paso fundamental para estructurar un entorno de inversión favorable en Argentina. Los incentivos ofrecidos, combinados con un marco normativo claro y detallado, tienen el potencial de atraer inversiones significativas que impulsen el desarrollo económico del país.
