Nueva acusación contra Alberto Fernández y su custodia
La denuncia de Republicanos Unidos no solo va contra el expresidente, sino también a su custodia que habrían encubierto ilícitos que se estaban produciendo en Olivos
El ex presidente de la Nación, Alberto Fernández, enfrenta una nueva acusación en la causa judicial por violencia de género contra la ex primera dama, Fabiola Yañez. A la denuncia original se ha sumado una imputación adicional que involucra no solo a Fernández, sino también a su custodia, quienes habrían encubierto los hechos violentos. Esta nueva denuncia fue presentada por el partido Republicanos Unidos, quienes han solicitado investigar un posible abuso de poder y violación de los deberes de funcionario público.
El juez federal Julián Ercolini y el fiscal Ramiro González, responsables de la causa por las agresiones contra Yañez, recibieron el pasado viernes una denuncia formal que añade complejidad al caso. Según Republicanos Unidos, la violencia ejercida contra Yañez habría sido facilitada por la protección y encubrimiento de los funcionarios encargados de la custodia del Presidente y su familia, todos ellos bajo las órdenes directas de Alberto Fernández.
La denuncia ha sido derivada al juez federal Sebastián Ramos y al fiscal Guillermo Marijuán, quienes determinaron que la misma debía ser integrada al expediente original por violencia de género, dado que ambos casos están íntimamente relacionados y comparten al ex presidente Fernández como principal acusado.
El 7 de agosto, Republicanos Unidos argumentó que, con base en la denuncia de Yañez, se debería investigar también un caso de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. Según el escrito presentado, "la eventual agresión física a su pareja, por parte del denunciado, de haber existido, constituiría un hecho ilícito que, en principio, por acción u omisión, habría gozado de la protección de quienes custodian al Presidente y su familia".
En la denuncia se subraya la gravedad de los hechos, que habrían ocurrido en un edificio público destinado a la residencia presidencial, pero que, según se denuncia, fue utilizado para encubrir actividades ilícitas. Además, se menciona la vulneración de normas de ética pública que Fernández habría incumplido, tales como el deber de utilizar los bienes públicos de manera lícita y el deber de evitar acciones que puedan desprestigiar la función pública.
La causa, que recayó en el Juzgado Federal 8 a cargo momentáneamente de Ramos, fue luego remitida al Juzgado de Ercolini, donde ya se tramita la causa principal por violencia de género. El fiscal Marijuán consideró que ambos expedientes tratan sobre los mismos hechos y actores, por lo que su unificación sería la mejor manera de avanzar en la investigación sin demoras innecesarias.
El juez Ramos coincidió con esta evaluación, señalando que ambas causas "involucran a Alberto Ángel Fernández y se desplegaron en un contexto de violencia de género, sobre la base de la relación asimétrica y desigual de poder que se desarrolló a lo largo del tiempo". Además, destacó que la causa por violencia de género ya se encuentra en un estado avanzado de investigación, lo que justifica la unificación de ambas investigaciones bajo un mismo juez.
Ahora, el juez Ercolini y el fiscal González deberán decidir si aceptan acumular la nueva causa a la investigación existente, lo que podría significar una ampliación del alcance de las imputaciones contra Fernández y su equipo de seguridad. La decisión marcará un nuevo capítulo en este complejo caso que involucra al ex presidente y a su entorno más cercano.
