Diputados aprobaron la adhesión de San Juan al RIGI

La Cámara de Diputados aprobó  la adhesión de la provincia de San Juan al RIGI  (Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones).

La adhesión de San Juan a la ley nacional se logró con el voto de 21 legisladores en forma afirmativa, 14 votaron en contra, mientras que faltó un diputado a la sesión que se realizó en la Legislatura. El legislador que estuvo ausente en la sesión en la Cámara de Diputados fue Eduardo Cabello, que si bien había dicho que su voto iba a acompañar el RIGI, no estuvo presente. Cabello es el presidente de la CGT local y viene desde la UOCRA, por lo que este régimen sin dudas era conveniente para su sector

La aprobación se logró luego de una sesión que duró cerca de cinco horas y después de que en las últimas semanas distintos sectores de la sociedad expusieran su opinión sobre la ley impulsada por el gobierno de Javier Milei.

El RIGI establece "incentivos, certidumbre, seguridad jurídica y un sistema eficiente de protección de derechos adquiridos para titulares de un único proyecto de inversiones que superen los US$ 200 millones".

Finalizado el debate, el vicegobernador Fabián Martín señaló que fue un "debate extenso,  duró alrededor de cinco horas, en donde los diputados han expuesto su opinión".

"Sin bien la adhesión no fue aprobada por unanimidad, tuvo 21 votos a favor", dijo Martín, quien agregó que esta adhesión "permitirá que los sanjuaninos tengan una herramienta más para poder atraer inversiones"

"Era muy importante que San Juan diera una señal clara en materia minera, ya que existen proyectos avanzados, y es necesario que esos proyectos puedan desarrollarse", resaltó.

Lo ocurrido en la Sesión
A lo largo de las más de cinco horas de sesión, hubo más de 15 expositores, que dieron su defensa a los dictámenes que había sobre tablas.  Vale marcar que el oficialismo presentó un dictamen por la aprobación completa del capítulo 7, que contiene al Régimen de Incentivo a Grandes Inversiones contenido en la Ley de Bases y Condiciones. 

Se debe marcar que no fue un debate propiamente dicho, sino que fue una exposición de posiciones. Esto llevó a que no haya cruces entre legisladores a la hora de defender sus posiciones.

El diputado por Sarmiento, el ingeniero en minas Andrés Castro, fue quien presentó y defendió el proyecto hablando de la importancia de la minería y lo que implica de manera positiva en las comunidades. Castro señaló que "como se dijo en otras ocasiones, la minería es un factor de desarrollo y lo tiene que seguir siendo". El legislador marcó desde lo técnico la importancia de este régimen para que las grandes inversiones puedan llegar a la provincia y de esa forma poder canalizar los proyectos de que se encuentran en estado de exploración avanzada para convertirse en minas. 

  Por otro lado, el justicialismo -uñaquistas y giogistas- presentaron un dictamen en minoría donde decían que adherían al RIGI, pero pidieron la exclusión de los artículos 165/193/221/222/223, artículos que a entender de este bloque atentan contra la autonomía de las provincias de dictar sus propias normas y a ejercer las acciones legislativas que correspondan. "Es un avasallamiento a las autonomías provinciales", afirmó la diputada Fernanda Paredes. En este contexto, la legisladora uñaquista advirtió que sé seguramente esto se va a judicializar, aunque aclaró que este concepto lo dio desde su posición abogada.

También hubo un despacho en minoría impulsado por el diputado ullunero Leopoldo Soler. Muy similar a lo expuesto por los legisladores justicialistas, Soler argumentó sus disidencias en torno a que se tiene que hacer una defensa del los recursos naturales, entre las que tocó el agua. 

A la hora de los discursos, los más fervientes defensores de lo que se aprobó como ley fueron el diputado libertario Fernando Patinella quien resaltó que este "tiene que ser el puntapié inicial y que con la aprobación se da respuestas a lo que pidió la población cuando en San Juan, Javier Milei ganó con el 60% de los votos". 

Por su parte,  la diputada Mónica González al afirmar su defensa al RIGI afirmó que "asistimos a la cuarta revolución industrial, aunque algunos dicen que es la quinta y el régimen se convierte en una herramienta esencial para el desarrollo de los proyectos de cobre. Con su aprobación se le da una herramienta a la provincia que lo necesita", sobre todo en lo que tiene que ver con la generación de mano de obra y trabajo.

Carlos Jaime -Producción y Trabajo- hizo un recuento histórico de las acciones que se han hecho y del desarrollo minero en la provincia de San Juan. "La minería es política de Estado desde hace muchos en San Juan y también lo es en el gobierno de Marcelo Orrego".

Por su parte, los legisladores peronistas, que argumentaron su dictamen en disidencia, lo hicieron entendiendo que hay contradicciones en al menos cinco artículos de lo que contiene al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones

El diputado del Frente Renovador, Franco Aranda, dio el voto positivo al RIGI, en sus argumentaciones señaló que "este régimen seguramente no funcionará en todos los puntos del país, pero en San Juan tiene un lugar privilegiado por la importancia de la minería". A su vez, marcó que "son necesarias las políticas a largo plazo que dan seguridad a quienes invierten en el país".

Por su parte, la diputada Graciela Seva, -giogismo- argumentó que desde  hace muchos años se viene haciendo minería en San Juan.  A su entender, el régimen es demasiado benévolo y le da más beneficios que lo que las empresas mismas estaban pidiendo. Explicó que el RIGI está concebido para entender a la Argentina  - San Juan también - como una economía de enclave. "Es un traje a medida para los capitales concentrados". Remarcó que "la economía de enclave tiene fieles exponentes como son Angola y Nigeria".

Otra legisladora que dio una argumentación detallada de su posición fue la ex ministra de Hacienda Marisa López quien detalló que pilares que se venían desarrollando en la explotación minera en San Juan no los encuentra en el RIGI, tales como el cuidado del ambiente, una minería participativa donde los fondos les lleguen a todos los sanjuaninos y el Estado Presente. Sobre este punto remarcó que la normativa nacional sostiene que si se dictan normas de control en las provincias indica que serán de nulidad absoluta, por lo que "hacer esto es quitarle potestad a las provincias".