El Gobierno comienza con la privatización de empresas
El Poder Ejecutivo reglamentó la semana pasada el primer capítulo del compendio legislativo, lo que le permitirá seguir adelante con las reformas que se propuso al inicio de su gestión.
En un paso clave hacia la implementación de su plan de concesiones, el gobierno de Javier Milei anunció la privatización de cuatro centrales hidroeléctricas en los próximos seis meses. Esta medida, formalizada a través del decreto 718/204 publicado en el Boletín Oficial este lunes, marca el inicio del proceso privatizador contemplado en la ley Bases, una pieza central en las reformas económicas del actual gobierno.
Las centrales hidroeléctricas involucradas en este proceso son Alicurá, Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila, que hasta ahora han sido operadas bajo prórrogas transitorias. Estas instalaciones, fundamentales para la generación de energía en el país, serán objeto de un Concurso Público Nacional e Internacional que busca la venta del paquete accionario mayoritario o controlante de las empresas que las administran.
El artículo 6 del decreto establece un plazo de 180 días para que la Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio de Economía, inicie el proceso de licitación. La normativa detalla que tanto ENARSA como NASA, las empresas estatales actualmente responsables de estas centrales, deberán transferir sus acciones a la Secretaría de Energía dentro del plazo estipulado, a fin de formalizar la privatización.
El decreto también otorga a la Secretaría de Energía la facultad de fijar las condiciones del Concurso Público, que deberá incluir un esquema de remuneración para los concesionarios durante el período de concesión, así como otros aspectos clave como el contrato de concesión, el manejo de recursos hídricos, la seguridad de las instalaciones, la protección ambiental y los seguros necesarios.
En caso de que el proceso de privatización no atraiga a ningún oferente, las acciones de las centrales hidroeléctricas revertirán al Estado nacional, lo que garantizará que las instalaciones continúen en operación bajo control estatal. Mientras tanto, los actuales concesionarios seguirán operando las centrales hasta que se complete la venta.
Este anuncio es el primer paso concreto en la agenda de reformas estructurales del gobierno de Milei, quien ha enfatizado la necesidad de reducir el tamaño del Estado y fomentar la inversión privada en sectores clave como la energía. La privatización de estas centrales hidroeléctricas representa un movimiento estratégico dentro de esta visión, con el objetivo de modernizar la infraestructura energética del país y atraer capitales tanto nacionales como internacionales.
