Detectan el cobro de 3288 pensiones de personas que viven en el exterior
La Justicia ya solicitó la baja de quienes perciben el beneficio a través de la ANSES, organismo que depende del Ministerio de Capital Humano. Al Estado le cuestan más de $6.000 millones anuales.
El fiscal Guillermo Marijuán está investigando nuevas denuncias sobre personas que estarían cobrando de manera irregular la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). Se han identificado 334 casos adicionales de personas que viven en el exterior y reciben el beneficio a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Estos casos se suman a los 2.954 ya denunciados, para los cuales el fiscal ha solicitado su baja al Ministerio de Capital Humano, dirigido por Sandra Pettovello.
Según la investigación fiscal a la que tuvo acceso Infobae, estas 3.288 personas mayores de 65 años, supuestamente "vulnerables", han regresado a su país de origen hace más de 90 días y no han vuelto a ingresar a Argentina, según los registros de la Dirección de Migraciones. Este hecho representa un perjuicio anual para el Estado de aproximadamente 6.000 millones de pesos.
Sandra Pettovello, a cargo del Ministerio de Capital Humano, ha solicitado a la ANSES, organismo dependiente de su cartera, realizar un entrecruzamiento de datos para dar de baja de inmediato los beneficios que se están abonando fuera de la normativa.
La Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos Relativos a la Seguridad Social (UFISeS), dirigida por Marijuán, también está estudiando otros 7.512 titulares de la PUAM que han permanecido fuera del país por más de 60 días, lo cual también infringe la normativa.
De los 334 nuevos casos, "235 ya habrían sido dados de baja por la ANSES" y la fiscalía de Marijuán procederá a judicializar. Los 99 casos restantes fueron detectados a partir de una actualización de la información migratoria, ya que han permanecido más de tres meses fuera del país, incumpliendo con las normativas vigentes.
El oficio enviado por Marijuán a la ministra Pettovello detalla: "En el marco de la Investigación Preliminar identificada como caso Coirón N° 35662/2024, iniciada para constatar la existencia de beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) que hayan incumplido con la exigencia legal de permanencia en el país, dispuesta por el art. 13 inc. 5) de la ley 27.260, se solicitó a la Dirección Nacional Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) que realizara un entrecruzamiento con los datos de titularidad y migratorios respectivos. El organismo, mediante un archivo en formato Excel, detectó la existencia de 2.954 titulares de la PUAM que, durante la vigencia de tal prestación, registraron salidas de Argentina sin regreso posterior".
Por esta razón, el fiscal federal le solicitó a Pettovello: "Teniendo en consideración el plazo transcurrido desde que cada uno de los beneficiarios salió del país, evalúe la inmediata suspensión de la citada pensión, dado que resulta imperioso hacer cesar los efectos de una posible conducta delictiva vinculada al incumplimiento del requisito previsto en la normativa reseñada".
