La "revolución" de febrero de 1907 y el Partido Popular en el poder (1907 – 1914)

Al aproximarse el final del mandato constitucional, a efectos de evitar el clima de violencia padecido durante los comicios de 1902 que consagraron al Gral. Godoy y a Juan Balaguer, el godoyismo apoyó "con sutiles razones una solución ante una oposición predispuesta, que incluso alabó la actitud". La solución consistía en una apertura política a través de un nuevo acuerdo "más amplio" que los anteriores, "porque incluiría un grupo selecto y numeroso de cívicos, que son ya casi radicales: el ingeniero Ramón Moyano, el doctor Augusto Echegaray, don Cirilo Rojas, don Domingo Yanzón y otros". Así surgió -sin dejar de ser un acuerdo de cúpulas- "una fórmula de gobierno para el inmediato período 1905 -1908 elaborada con nombres de más prestigio del oficialismo godoyista y de la oposición puritana: Manuel José Godoy (sin relación de sangre con el general Godoy) y el ingeniero Ramón Moyano". 

Mezcla del agua con el aceite o de estado de transición del agua antes de convertirse en vapor o de solidificarse en hielo (según el caso), ésta resultó la fórmula ganadora en comicios realizados "en santa paz y con ejemplar regularidad", en la que unieron sus nuevos nombres la Unión Nacional de Manuel Godoy y el Partido Constitucional de Ramón Moyano. Al respecto, entiende Videla, "el godoyismo era la expresión vernácula del roquismo, mejorado con algunos escrúpulos y buenas intenciones, y los cívicos del partido Constitucional se hallaban a un paso de hacerse radicales".

1.    El gobierno de Manuel José Godoy y Ramón Moyano (1905 – 1907)

Después de producirse la revolución de Hipólito Yrigoyen de febrero de 1905 a nivel nacional, en San Juan, electos sin oposición, en un clima aparente de "conciliación", el 12 de mayo de 1905, asumieron sus cargos Manuel José Godoy y Ramón Moyano. El acuerdo previo entre los partidos fue confirmado en la designación de ministros: el doctor Augusto Echegaray en la cartera de Gobierno e Instrucción Pública, y el doctor Pedro A. Garro en Hacienda y Obras Públicas. De los dos, Garro permaneció hasta el final de su mandato con el gobernador Godoy. En cambio, Echegaray renunció "ruidosamente" seis meses después, marcando con su alejamiento la ruptura del acuerdo entre el gobierno y el Partido Constitucional. 

La cartera de Gobierno se cubrió recién un año después con el doctor Darío Quiroga, pariente del gobernador por línea materna, situación que sería luego muy criticada por la oposición, en campaña de destitución a partir de entonces, considerando aquel gobierno de Manuel José Godoy Godoy (no era pariente del general Godoy) como "nepótico", a pesar de que el ministro saliente era nada más ni nada menos que yerno del vicegobernador Moyano, miembro del Partido Constitucional, que continuó en su cargo pero alejado políticamente del gobernador, como una piedra en el zapato para el primer mandatario provincial.

Una clara y efectiva contribución a la cultura de la provincia fue la publicación por parte del Estado provincial de la obra El País de Cuyo, de Nicanor Larraín, obra historiográfica que repasa los acontecimientos provinciales desde su fundación hasta 1872 y que citamos a lo largo de esta obra.

Si el río San Juan desde 1874 insumía en sus defensas una porción importante del presupuesto provincial, en 1905 "el problema no fue el río sino los ríos y desagües, con la consiguiente anegación por exceso de agua", que obligaron a la Legislatura a autorizar gastos para costear la defensa del desagüe general de Albardón y Angaco Sur, con el fin de consolidar las riberas del río Jáchal que amenazaba el departamento, y del río San Juan en las juntas de Calingasta. 

En esas circunstancias, la situación aconsejó volver a las concesiones de agua accidental, por lo que Manuel Godoy las autorizó con especiales garantías, excluyendo el abuso, dejando el control de las condiciones del terreno y la intervención para dar cumplimiento de la ley y de las ordenanzas específicas a la Inspección de Agricultura. En vinculación con el agua también y con criterio público, al finalizar el año 1905, se decidió que las juntas y comisionados de riego aplicaren el 5% de sus presupuestos anuales a la edificación escolar. 

Con colaboración de la provincia, se instaló la sucursal local del Banco de la Nación Argentina en la misma cuadra de la Casa de Gobierno. En apoyo de la Empresa Luz y Fuerza, también, le fue concedida una exención de impuestos. Asimismo, se acordó una pensión a los diecisiete sanjuaninos ya ancianos que participaron en la guerra del Paraguay, inaugurando una placa recordatoria de los caídos, entre ellos Dominguito, el hijo adoptivo de Sarmiento. Se amplió la reglamentación de las profesiones de ingeniero, agrimensor y arquitecto, admitiendo en la inscripción para matricularse a los que sin título habían ejercido la profesión por cinco años, previa acreditación de determinadas materias aprobadas en alguna universidad nacional. El 12 de septiembre de 1906 se creó la Inspección de Tierras Públicas y se nombró al efecto perito agrimensor al ingeniero Enrique Quiroga. Una sanción del 17 de diciembre de 1906 -dos meses antes de que estallara una "revolución" local- el gobierno de Manuel Godoy dispuso "la prórroga para el año entrante de las leyes sobre carnes muertas, ganado en pie e invernadas, contribución directa, frutas secas y sellos, y elevó el gravamen al vino elaborado en un cuarto de centavo más", lo que en una provincia cuyo poder real era detentado ya por los bodegueros, resultó fatal.  

Lo cierto es que la muerte del presidente Manuel Quintana y la asunción de José Figueroa Alcorta en la presidencia de la Nación dio por tierra con la esperanza de ayuda nacional a San Juan a partir del acceso del general Godoy al gabinete de

Quintana. Tras su fallecimiento, el 12 de marzo de 1906, el ministro de Guerra renunció sin haber conseguido la soñada ayuda a San Juan y "José Figueroa Alcorta inauguraba su presidencia con actitudes manifiestamente de distancia con los reductos roquistas del interior". De esa manera, entiende Videla, "los Godoy en San Juan como los otros oficialismos quedaron sentados en el banquillo de los acusados", y la oposición "acuerdista" local se transformó en "rupturista" y abonó la "revolución" que estalló en la madrugada del 7 de febrero de 1907.

1.    Antesala de la "revolución" de febrero de 1907

La situación provincial, que se veía favorecida por la presencia del general Enrique Godoy en el gabinete nacional del Dr. Manuel Quintana, al fallecer el presidente el 12 de marzo de 1906 cambió enteramente, no sólo por la debida renuncia del militar sanjuanino a su cartera en el gabinete nacional, sino también por la asunción del vicepresidente en reemplazo del funcionario fallecido que tenía otros planes. Fue un golpe anticipado para el gobierno de Manuel José Godoy.

Efectivamente, "José Figueroa Alcorta inauguraba su presidencia con actitudes manifiestamente de distancia con los reductos roquistas del interior". Fue por esa razón que "los Godoy en San Juan como los otros oficialismos (del interior) quedaron sentados en el banquillo de los acusados".

El sistema bipolar de fuerzas -roquismo vs. mitrismo, comenta Jorge Abelardo Ramos, "había saltado en pedazos" y la crisis de los viejos partidos era "irremediable". En cuanto al Partido Autonomista Nacional (dividido primero entre roquistas y juariztas y después entre roquistas y pellegrinistas) se había debilitado, si bien el Senado continuaba controlado por el roquismo, y la Cámara de Diputados de la Nación "tenía sus fuerzas más o menos balanceadas con los distintos grupos tradicionales". En esas condiciones, y dada la lucha interior dentro del "régimen", nadie dudaba que el nuevo presidente "deseaba desmontar de una vez la maquinaria electoral de Roca", propósito que conseguiría en San Juan con la revolución de 1907.    

En efecto, la llegada de Figueroa Alcorta a la presidencia fue propicia para una oposición "rupturista" en la provincia, orientada a la formación de un nuevo

partido -el Partido Popular- y alentada desde los diarios a no abonar los impuestos y multas que habían recrudecido ante la falta de recursos y el cobro compulsivo para obtenerlos.

La denominada Logia Carácter, antesala del Partido Popular -refiere Horacio Videla- impulsada dentro de la comunidad sanjuanina con el fin de promover la sedición contra el gobierno de Manuel José Godoy, tomó forma organizativa a través de una declaración el 7 de agosto de 1905 (durante la presidencia de Quintana) en el domicilio del doctor Victorino Ortega, con la firma de múltiples sectores locales: mitristas, católicos, incipientes radicales y ex roquistas. Hasta el senador nacional Domingo Morón (favorecido por el acuerdo Roca-Mitre) "abandonó la nave" para sumarse a la oposición en la provincia.  

El Partido Popular hizo sus primeras armas en las elecciones de renovación parcial de las Cámaras locales y elección de un diputado nacional el 14 de enero de 1906, con una modalidad política de la que luego haría gala el radicalismo: la abstención electoral. El triunfo del oficialismo fue denunciado como un falseamiento de la soberanía del pueblo. Al fallecer Morón en mayo de 1906, en asamblea con mayoría

oficialista, la Legislatura provincial eligió como Senador por San Juan al renunciante ministro de Guerra general Enrique Godoy, en reemplazo del fallecido, imponiéndose al candidato sostenido por los "populares": el mitrista doctor Segundino J. Navarro.

Las elecciones para renovar la Cámara de la provincia y para elegir diputado nacional, y la elección para elegir Senador en reemplazo de Morón terminaron de exacerbar las tensiones políticas, y el Partido Popular "desplegó al tope sus banderas de radicales reformas en la administración pública y en la política económica -lo que no equivalía a cumplirlas una vez logrado el propósito destituyente-, cubriendo de denuestos a las personas que incluyó en la dinastía Godoy". Así fue como la oposición comenzó a ganar la calle y reclamar la intervención nacional, primero a Manuel Quintana y a continuación a José Figueroa Alcorta.

En estas circunstancias, el 2 de febrero de 1907, el coronel Carlos Sarmiento, jefe de la sedición en marcha, arribó sigilosamente a la provincia para no ser detenido y puso en marcha el plan "revolucionario". 

En una reunión del día 5 de febrero se resolvió que el movimiento estallaría "a las 3 en punto del 7 de febrero, dentro de la

misma ciudad", dejando constituida una Junta Revolucionaria presidida por el coronel Sarmiento y como vocales los doctores Carlos Conforti, Victorino Ortega, Ventura Lloveras y Augusto Echegaray, el comandante Juan R. Cambas y los ciudadanos Saturnino Oro, Eleodoro Sánchez, Guillermo Yanzi Oro, Nilamón Balaguer, Estanislao Albarracín y Remigio Ferrer Oro. Según rumores que el historiador Videla reproduce, el proveedor del armamento para la revolución habría sido sugerido por el senador nacional por Mendoza Benito Villanueva (a cargo del PEN en ese momento), distanciado a muerte con los Civit que gobernaban en Mendoza, enemistad que se extendía a los Godoy, "aliado natural de aquellos". 

La "revolución", que contaba con armas de Chile y hasta con una "legión de orientales" (uruguayos), estalló en la capital en el día y a la hora señalada. Comenzó con un ataque frontal al Departamento Central de Policía y a la Guardia de Cárcel, donde el gobierno los esperaba prevenido. De allí que el intercambio de fuego se extendiera por cuatro horas. Un regimiento de línea del Ejército Nacional, apostado en la plaza, se mantenía impasible.

De los siete cantones revolucionarios, el del coronel Sarmiento, jefe de la "revolución", ocupó la Casa de Gobierno. Desde el Cuartel de Policía y los techos de la Escuela Sarmiento, los efectivos del gobierno pudieron resistir el ataque de los rebeldes de "boinas rojas", pero el incendio de la Escuela de Varones, contiguo al cuartel de San Clemente, cuando las llamas tomaron gigantesca altura y la situación se hizo insostenible por el calor y el humo, decidió a los atrincherados en el Departamento de Policía, "en improvisado acuerdo de ministros", a izar bandera de parlamento.

La "revolución" del 7 de febrero de 1907 había triunfado (con 16 muertos del lado de los rebeldes), sin otras consecuencias para los desalojados del poder que entregar el gobierno después de la larga campaña de desprestigio comenzada dos años atrás. Así comenzó esta nueva etapa en San Juan, que culminaría sin pena ni gloria con el acceso al gobierno de la conservadora Concentración Cívica en 1914, ya en vigencia la ley Sáenz Peña.

1.    La nueva situación provincial y la intervención federal

Asegurado el triunfo de la "revolución", al cesar la Junta Revolucionaria, una asamblea

frente a la Casa de Gobierno en la plaza 25 de Mayo decidió conformar una Junta Provisoria de Gobierno reducida a tres miembros: coronel Carlos Sarmiento, presidente; Saturnino de Oro y Juan Luis Sarmiento, vocales (no emparentados con el prócer sanjuanino), que inmediatamente, después de una proclama contra "la carcomida dinastía de los Godoy" (que tampoco eran parientes entre sí), pusieron en funciones al nuevo jefe de Policía, al jefe de la Guardia de Cárcel y a los subdelegados departamentales. El regimiento nacional destacado en la provincia se hizo cargo de la tranquilidad pública, mientras llegaba la intervención federal, decretada ese mismo día.

Al advertir la necesidad de ampliar sus bases de sustentación, el Partido Popular, nervio y motor de la "revolución", organizó una gran reunión con el propósito de asegurar "la conciliación de los partidos". Participaron por el Partido Popular, el coronel Carlos Sarmiento, Victorino Ortega, Carlos Conforti, Manuel Gregorio Quiroga y Saturnino de Oro; por el Partido Intransigente, los doctores César Aguilar y Daniel S. Aubone, Juan de Dios Jofré, Pedro M. Plaza y Eusebio Segundo Zapata; por el Club Liberal, Alberto Jamenson Presilla, Augusto Schade, Héctor L. Quiroga y Adrián Rodríguez Zavalla; por el Club de la Juventud, Domingo A. Elizondo y otros. 

La mentada coalición política nunca se concretó y "se redujo a un acto puramente ornamental" del que se vio beneficiado solamente el Partido Popular, que pronto sería combatido también por sus eventuales aliados. No sería la primera vez que los sectores enganchados en una "revolución" eran utilizados para provecho de un solo sector, en este caso el sector representado por el Partido Popular.

Según la monografía de Susana Elisa Campos, mencionada en la historiografía de San Juan, "la revolución del 7 de febrero de 1907 fue una consecuencia del cambio de la política nacional, cambio que se manifestó a través de las intervenciones federales, lo que significó el fin del roquismo y de su Liga de Gobernadores". 

Eso ocurría en el gobierno de Figueroa Alcorta, nueve años antes de que el Yrigoyenismo en el gobierno (1916) iniciara su acción reparadora, pero, al revés de la de Figueroa Alcorta, Yrigoyen intervendría las provincias que seguían sujetas al "régimen", ya sin diferencias palpables entre roquistas (modernizadores) y mitristas (conservadores), cuando ya, a esta altura de los tiempos, se había producido definitivamente la integración del patriciado provinciano con la oligarquía porteño-bonaerense.

La intervención federal de Moyano Gacitúa

Al conocerse en Buenos Aires por comunicaciones telegráficas el resultado del estallido en San Juan, el Poder Ejecutivo Nacional, ejercido por el senador mendocino Benito Villanueva en ausencia circunstancial del presidente Figueroa Alcorta, ese mismo 7 de febrero decretó la intervención federal a San Juan, designando a Cornelio Moyano Gacitúa (ministro de la Corte Suprema y cordobés como el presidente) para el cargo.

Moyano Gacitúa asumió el mando de la provincia el 15 de febrero de 1907 designando en la cartera de Gobierno e Instrucción Pública a Juan A. Frías y en la de Hacienda y Obras Públicas al doctor Henoch D. Aguiar, sanjuanino y profesor de la Universidad de Córdoba, que llegaría a ser decano de la Facultad de Derecho de esa universidad durante la intervención a esa casa de estudios por parte del gobierno del radical conservador Marcelo T. de Alvear (1922 – 1928). 

Henoch Aguiar era el mismo que llegaría a ser intendente de la ciudad de Córdoba en representación del "ala azul" del radicalismo cordobés, es decir su ala más conservadora y reaccionaria, y que renunciaría a su cargo municipal en 1919 cuando el Concejo Deliberante aprobó la Ordenanza 2.146, que otorgaba a los trabajadores jornada de ocho horas, pago quincenal y descanso semanal. "No es dable promulgar y ejecutar esa ordenanza -decía Henoch Aguiar en los fundamentos de su renuncia- sin contrariar mis principios". ¿Esos eran los mismos principios de la intervención federal a la provincia con los que se sentía identificado el Partido Popular?

Sin embargo, el interventor, aunque no repuso al gobernador constitucional como correspondía, "dejó a salvo sus principios constitucionales", aclarando que la libertad del sufragio "constituye la base del sistema representativo sancionado por la Constitución y las leyes" y que la revolución y los movimientos armados "deben repudiarse y condenarse como medios de llegar a la mejoría institucional". 

Moyano Gacitúa no estaba condenando la "revolución" de febrero de 1907 en San Juan, pues de hecho la apañó y le dio continuidad en el gobierno siguiente, sino a la revolución yrigoyenista de 1905 en Buenos Aires, Mendoza, Córdoba y Santa Fe (en el comienzo de la presidencia de Quintana), que había cuestionado fuertemente el régimen fraudulento, conservador, acuerdista y elitista vigente en el país. 

En sus dos meses de gestión, Moyano Gacitúa tuvo tiempo de declarar la caducidad de los tres poderes en la provincia y reorganizar el Poder Judicial designando funcionarios afines a su credo político e ideológico, es decir conservador. Asimismo, el 8 de marzo de 1907, el interventor firmó la convocatoria a elecciones para el primer domingo de abril. No obstante, dado el fracaso de la "conciliación de los partidos" en San Juan, las circunstancias no alcanzaron sino para una solución intermedia: ni reposición del gobernador depuesto, como correspondía, ni elección de un nuevo gobernador tampoco. Se optó por elegir un vicegobernador, senadores y diputados provinciales para completar el período de Manuel José Godoy por el tiempo que faltaba.

Los comicios se realizaron el 7 de abril de 1907 con la abstención del desplazado

Partido Autonomista Nacional al que adherían los Godoy, obteniendo el triunfo electoral Manuel Gregorio Quiroga, del Partido Popular, que reunió 5.178 votos contra solo 18 de los que habían votado -a pesar de la abstención declarada- por el hijo de Manuel José Godoy, que después de aquel fracaso terminó suicidándose. Así puso fin a su intervención Moyano Gacitúa el 1° de mayo de 1907.

1.    El gobierno de Manuel Gregorio Quiroga: vicegobernador en ejercicio a cargo del Poder Ejecutivo (1907 – 1908)

El 1° de mayo de 1907, bajo la presidencia del senador electo y jefe de la "revolución", coronel Carlos Sarmiento, Manuel Gregorio Quiroga recibía los atributos del mando local de manos del interventor Cornelio Moyano Gacitúa. Como hemos adelantado, y adaptando las leyes institucionales a las de la política del "sistema", Quiroga no había sido elegido gobernador sino "vicegobernador para el ejercicio del poder ejecutivo" por el tiempo faltante (hasta el 12 de mayo de 1908) para completar el período del gobernador depuesto, Manuel José Godoy. 

El ingeniero Manuel Gregorio Quiroga, egresado de la Escuela de Minas en la promoción de 1880 era un hombre más dedicado a las ciencias que a la política. A sus estudios sobre el regadío regional se debe el nombre que adquirió el canal matriz de la margen izquierda del río llamado del Norte que conduce las aguas del Dique Nivelador a los departamentos Albardón, ambos Angaco, Caucete y 25 de Mayo.

Sus principales ministros, reclutados del Partido Popular, fueron el joven médico Ventura Lloveras y Saturnino Oro, un hombre de edad madura. Asimismo, ninguna figura destacada del Partido Popular dejó de ocupar una banca en la Legislatura provincial: en el Senado, entre los más conocidos, el coronel Sarmiento, Carlos Conforti, Ramón Moyano, Victorino Ortega, Ventura Lloveras, Augusto Echegaray, César Aguilar, Eleodoro Sánchez, Cirilo Rojas y Guillermo Yanzi Oro, entre otros; y en Diputados, Bartolomé Del Bono, Eusebio Segundo Zapata, Nilamón Balaguer, Juan Maurín, Máximo de Oro, Daniel S. Aubone, Antonio Lloveras, Alberto Jameson Presilla y Hermógenes Ruiz hijo. En la Corte de Justicia fueron designados los doctores Juan P. Tierney, José A. Correa y Alberto Vita; como intendente municipal, Arnobio Sánchez; jefe de policía, José María Olguín Castro; y jefe de milicias provinciales, Juan R. Cambas. No parecía ser un elenco "muy popular" ni tampoco "muy nuevo", sino más bien de "encumbrados", algunos desconocidos hasta ahora.

En respuesta a algunos reclamos inmediatos, el breve interregno de Quiroga comenzó modificando "varias partidas del presupuesto" del año 1907 a través de la Legislatura. Para H. Videla fue "un simple ajuste de sueldos del personal del Departamento de Policía, con arreglo a un último reordenamiento con ligeros aumentos". 

Otra ley de la Legislatura del 5 de junio de ese año derogó la anterior de la administración de Manuel José Godoy, que acordaba dietas a los legisladores, y otra del 10 de diciembre autorizó la publicación de un Diario de Sesiones de ambas cámaras, que quedó en proyecto por largo tiempo. 

La Legislatura -donde parecía encontrarse concentrado el poder político de la provincia- también autorizó al Poder Ejecutivo en julio de 1907 proceder a refaccionar los viejos edificios del Hospital Rawson, descartando la construcción de un nuevo hospital, como hubiera correspondido dado el deterioro de los viejos edificios que apenas "se mantenían en pie". 

Se dispuso a su vez que la encuadernación de leyes y decretos de la provincia -que en su momento había sido practicada por el ex gobernador Manuel María Moreno, a quien se le reconoció sus servicios- fuese ahora atendida por el personal de Estadística y Archivo. Asimismo, se sancionó una nueva ley de pensión a los sobrevivientes de la guerra del Paraguay, fundamentando dicha decisión en que en la ley de Manuel Godoy se había omitido a muchos.

Finalmente, la Legislatura aprobó la ley con la que el ingeniero Manuel Gregorio Quiroga coronaría su breve mandato: la ley que autorizaba el estudio integral de los grandes canales de una y otra margen del río San Juan, "arterias fundamentales del vasto sistema de riego de los departamentos del sur y del norte": canal Guillermo Céspedes, prolongación, y canal Manuel Gregorio Quiroga.

En elecciones convocadas para el mes de enero de 1908, esta vez también "sin oposición", aunque con el mismo entusiasmo de sus partidarios con el que se eligió al gobernador que se despedía, se eligió gobernador al "impetuoso" jefe del Partido Popular, coronel Carlos Sarmiento, y como vicegobernador a su compañero de fórmula, Saturnino de Oro.

1.    El gobierno del coronel Carlos Sarmiento – Saturnino Oro (1908 – 1911)

En 1908, al asumir el coronel Carlos Sarmiento la gobernación de San Juan, hacía dos años que José Figueroa Alcorta presidía el país. Durante la gobernación del coronel Sarmiento, San Juan celebraría el Centenario de la Revolución de mayo. 

Si bien el coronel Sarmiento era el jefe del Partido Popular y había sido el conductor de la "revolución" de febrero de 1907 que desalojó a los "juari-roquistas" del poder local, no contaba con apoyo extrapartidario, ni su pasado roquista lo ligaba demasiado al nuevo gobierno nacional. Con todo, después de acceder al poder "con ampulosas promesas", pronto advertiría que con una economía limitada y "con finanzas ajustadas", "no podría ir muy lejos en sus propósitos". 

Sarmiento comenzó su gobierno designando a Alberto Vita en la cartera de Gobierno e Instrucción Pública, y a Carlos Conforti en Hacienda y Obras Públicas, pero ambos funcionarios renunciarían durante el mismo año de su designación, siendo reemplazados respectivamente por Ramón Castañeda y Arnobio Sánchez respectivamente. 

A su vez, el vicegobernador Saturnino de Oro falleció el 18 de marzo de 1909, a menos de un año de comenzado el mandato, siendo reemplazado por Eleodoro Sánchez. Lo acompañaban en su gestión como diputados nacionales, Victorino Ortega (que en el período siguiente sería gobernador), el proto radical Ramón Moyano y José A. Correa, todos ellos del Partido Popular, elegidos como legisladores para el período 1908 - 1912.

La obra de gobierno

En el primer año de gestión, dentro de la labor legislativa y administrativa, el Partido Popular en el gobierno sancionó varias normas: las leyes de mejoramiento de la justicia y de sobrantes de inmuebles, la ley Orgánica municipal o departamental y la ley de pensiones y jubilaciones. 

Por la ley Orgánica judicial sobre incompatibilidades del 24 de agosto de 1908, a fin de mejorar la administración de justicia, los ministros de la Corte, jueces,

fiscales, defensores y secretarios no podrían en lo sucesivo desempeñar otros cargos nacionales, provinciales o municipales, salvo el profesorado. Profundizando sobre los derechos civiles, una ley del 31 de agosto del mismo año dispuso que "los excedentes del 1% sobre la superficie consignada en cualquier título de propiedad era tierra fiscal, concediendo al titular la opción de comprar el excedente", creándose al año siguiente un Registro Gráfico de la Propiedad Raíz, por el que se disponía la mensuración de inmuebles, cuyo servicio fiscal quedaba a cargo de los propietarios. A este año corresponde también la transferencia de la justicia de paz al ámbito del Poder Judicial.

Por su parte, la ley Orgánica Municipal del 14 de septiembre de 1908 dividió el territorio provincial en dieciocho departamentos, delimitándolos, y reconociendo electores municipales a los contribuyentes de la renta municipal mayores de 18 años, por lo que también podían votar las mujeres y extranjeros contribuyentes, sin otro requisito que su inscripción en el Registro Electoral. 

En cuanto a las poblaciones con insuficiencia demográfica o con falta de recursos propios, la ley orgánica municipal o departamental de 1908, en una medida más regresiva que progresiva, argumentando que el régimen municipal "no podía convivir con la ausencia de una efectiva vida municipal", suspendió la autonomía de los municipios de Calingasta, Iglesia y Valle Fértil, que pasaron a ser administrados por un comisionado "hasta que se pongan en las condiciones de la Constitución y de la ley". El intento de eliminar "el gasto innecesario" llevó a su vez a la "refundición de algunas reparticiones". Con el mismo criterio "económico", se dispuso la anexión al municipio capitalino del terreno ocupado por el viejo Cementerio de San Juan de Dios y sus calles adyacentes, y el mismo criterio primó en la incorporación del Matadero y sus adyacencias a la capital.

El 23 de septiembre de 1908 se sancionó una importante ley que conquistaba el derecho a la jubilación del empleado público, con el beneficio de la pensión para el grupo familiar. A través de los aportes patronales del Estado y del propio agente, la ley echó las bases de un régimen jubilatorio, que para la jubilación ordinaria exigía una edad mínima de 50 años, con 25 años de servicios, y para la jubilación extraordinaria exigía como condición para jubilarse tener algún impedimento físico o intelectual.

Por último, el 7 de diciembre de ese mismo año inaugural de su gestión, el gobernador Carlos Sarmiento promulgó una ley de impuestos a la producción, gravando con tasas variables los frutos y productos de la tierra, e incluso las elaboraciones vínicas y el ganado, justificando esa medida por urgencias de la administración.

Dadas las iniciativas buenas y malas del primer año de gobierno, "se desencadenó un diluvio de iniciativas exigidas por la opinión pública ilusionada por la dirigencia oficialista". Después de los traspiés personales y humanos del primer año (fallecimientos y renuncias), "la idea de un gran empréstito ganó entonces la mente gubernista". De ello derivó la contratación del empréstito externo de 1910, comenzado a tramitar administrativamente el 4 de septiembre de 1909 en la Cámara de Diputados de la provincia. El proyecto, con despacho favorable -en una época de creciente dependencia financiera con el extranjero-, se aprobó el 15 de septiembre de ese mismo año y, remitido a Senado el 21 del mismo mes y año, quedó sancionado, siendo promulgado al día siguiente por el Poder Ejecutivo.

El empréstito externo de 1910 

Para la prensa constituida en representante e intérprete del "godoyismo" -sector "que comenzaba a nuclearse como conservadores" (aunque su origen era roquista)-, la mayoría de los objetivos concretados en la ley eran "injustificables", pues "la deuda flotante ascendía a no más de 287.000 pesos m/n y la deuda consolidada sujeta a un plan de pagos preestablecido no ofrecía urgencia", cuando el empréstito autorizaba a "emitir 2.500.000 pesos oro, o su equivalente en libras, marcos o francos en títulos del 5% de interés y de 1% de amortización anual acumulativa", lo que equivalía a un crédito de 6.000.000 de pesos en moneda nacional -del que se percibieron solo 3.787.819,68 de pesos m/n- y por el que debía pagarse en definitiva 12.500.000 pesos m/n aproximadamente, según los datos aportados por el historiador Videla. 

En cuanto a la finalidad de capitalizar el Banco Provincial con una parte del empréstito para convertirlo en eje de la economía local -cuando en su carácter mixto el banco no había podido capitalizarse ni por la parte privada ni por la parte estatal, convertido finalmente por esa sola razón en un banco del Estado-, no resultó en definitiva "más que un factor de favoritismo y de política partidaria, que a corto o largo plazo significó la ruina del banco oficial", como lo reconocería cuarenta años después un gobernador peronista. 

Así también, la construcción del canal del Norte que llevaría riego al norte y al este del valle de Tulum, y que era el único objetivo que justificaba un empréstito tan abultado, "fue eliminado de las previsiones de la ley y reducido a una autorización para construir el canal de 25 de mayo, lo cual era bastante menos". En definitiva, el empréstito externo no resultó un beneficio para la provincia y sí un escándalo, tanto por las razones aludidas, como por el monto neto finalmente percibido y el elevado importe a pagar por intereses dadas las condiciones de pago acordadas. 

No cumplidos, o cumplidos a medias o inconvenientemente los objetivos del empréstito, no obstante, le permitió al gobierno alardear de que su presupuesto "trepara un tercio sobre los presupuestos de las administraciones anteriores". Por contrapartida, "ninguna obra pública concluyóse y todas se emprendieron desordenadamente, entre las que no se contaba el canal del Norte, verdadero caballito de batalla para lograr consenso en favor del empréstito". 

No sería la primera vez ni la última que se usaba la mentira u oscuros subterfugios para conseguir un objetivo político, lo que concretamente "solo contribuyó a endeudar más a la provincia", "favoreció a un determinado grupo, relacionado con el Banco Provincial", y no sirvió para realizar las obras públicas importantes que se preveían, diversificar la producción, encarar la explotación minera a gran escala o sencillamente poner en valor el "moscatel de Albardón", que un tal Robert Wilkinson había hecho conocer en Londres por aquellos días, con gran éxito de consumo en esa capital. 

En 1923, el interventor radical Carlés intentaría cancelar el empréstito Mayer con marcos alemanes (desvalorizados por la primera guerra mundial), depositando judicialmente el saldo de la deuda, pero la banca acreedora resistió el pago "alegando que el empréstito se contrató en oro y que con arreglo a la cláusula 12 del contrato era pagadero solamente con francos, libras esterlinas o marcos convertibles", siendo a la vez rechazado el pago por un fallo de nuestra propia Corte Suprema de la Nación "con arreglo a una controvertida

jurisprudencia". Así pagaba el país su dependencia económica y financiera del extranjero y la decadencia de su sistema político y judicial. ¡Y ha pasado más de un siglo… y seguimos sin darle solución definitiva a nuestra dependencia!

Centenario en San Juan

El comienzo de la celebración por el Centenario de 1910 no pudo ser menos auspicioso cuando, al intentar inaugurar con toda pompa ese mismo día la plaza iluminada a giorno con luz eléctrica -una verdadera novedad que reemplazaba definitivamente los faroles a kerosene y/o carburo-, se produjo un apagón general, con el imaginable disgusto y hasta la ira del público que rompió focos e instalaciones, convirtiendo aquella celebración en un bochorno. 

Fue un error en el caudal de agua suministrado por la concesionaria lo que provocó la inundación de la usina de Zonda y produjo el apagón. Semejante inconveniente produjo una tardanza de dos o tres años más en la provisión asegurada del servicio eléctrico, para el que la Legislatura ya había autorizado por una ley del 21 de julio de 1908 a la firma Rosenthal Hermanos para tender cables sobre postes de madera en calles de la capital y departamentos suburbanos (Desamparados, Trinidad, Concepción, Santa Lucía y Rivadavia). 

Pasado el sofocón del 25, el año del Centenario deparó más tranquilidad al gobierno, después de recibir el empréstito externo que le dio cierto oxígeno para pagar diversas deudas domésticas. Al mismo tiempo, la bonanza privada generada por el viñedo y la bodega permitió mejorar el aspecto edilicio de muchas residencias de grandes productores y bodegueros. Tímidamente, el ladrillo comenzó a disputar su lugar al adobe, pero sin ninguna previsión sísmica. Por su parte, Monseñor Benavente pudo inaugurar el Palacio Episcopal frente a la plaza ese mismo año y el Banco de la Nación Argentina abrió su sucursal en la provincia. 

Fue el gobernador Carlos Sarmiento quien "concentró su atención en la glorificación de Aberastain": a través de una ley sancionada a su iniciativa en mayo de 1910 mandó a erigir una estatua en homenaje al gobernador unitario caído en La Rinconada. 

El 17 de agosto de ese mismo año quedó inaugurado el ramal de Serrezuela, que unía a San Juan con Córdoba y a través de él a la vasta red del Norte argentino.

Otra iniciativa importante en el año del Centenario, a través de una ley del año anterior, fue la disposición de levantar un censo estadístico de la población de San Juan y su riqueza, que fue acompañado de una exposición de su producción agrícola, ganadera e industrial. Los dos volúmenes en el que se volcó la información censal de 1910, daba cuenta del crecimiento demográfico de San Juan: 115.670 habitantes (un aumento del 21.251 habitantes comparado con el censo nacional de 1895), describía el territorio provincial con sus accidentes geográficos, su clima, su riqueza y organización política, con especial atención en la civilización aborigen del período prehispánico. 

Sea por la influencia del cometa Halley que atravesó el firmamento por aquellos días o por la negligencia oficial y privada en la vacunación preventiva, en el año del aniversario patrio se declaró un brote de viruela en la provincia, "acompañado de su alter ego el sarampión", que se extendió por la capital y departamentos aledaños.    

En el año siguiente, el último de la gestión sarmientina, la Escuela Normal Sarmiento, creada por el presidente Avellaneda, continuó "su peregrinaje en locales provisorios", pero finalmente obtuvo su lugar definitivo frente a la plaza Laprida. 

La ciudad del sulky y de las victorias (carruajes arrastrados por una yunta de caballos) comenzó lentamente a poblarse de automóviles. Llegó el cine a la ciudad, cuya primera sala -el Cine Centenario- se instaló en la esquina sureste de la plaza principal (hoy Mitre y General Acha). Poco tiempo después, don Napoleón Rosselot transformaba en Cínema Variedades el patio de su propia casa, inaugurando esa costumbre tan sanjuanina del "cine al aire libre". Luego acondicionado, ese lugar se transformó en el elegante teatro San Martín (más tarde Cine San Juan), en Gral Acha, entre Rivadavia y Laprida. 

En 1912 había ya 120 teléfonos instalados y una red desde la ciudad de San Juan a Pocito y Marquesado por cargo de la Compañía Telefónica Andina. Por su parte, el problema de las comunicaciones urbanas y de distancia "mantúvose insoluble". Los tranvías a tracción a sangre llegaban hasta Punta de Rieles (Rastreador Calívar), cuyo pasaje, debido a la condición de los caminos, el sarcasmo popular dividía en dos categorías: "con pechadita" o "sin pechadita". Por su parte, en esa condición de los caminos, el servicio regular de mensajería a Jáchal demoraba entre 10 y 14 horas. 

El broche de oro del Centenario en San Juan -por la moneda en que se lo suscribió- y la medida más importante de toda la gestión de Carlos Sarmiento, fue el empréstito de 1910. Sin duda, aquel empréstito pesó en los últimos diez meses del gobierno de Carlos Sarmiento tanto en la política como particularmente en la economía, si es que eso puede ser divisible. 

Gobernaba el país Roque Sáenz Peña, con quien la oposición (alentada por el senador nacional Enrique Godoy, Moisés Garramuño y Anacleto Gil, que había vuelto de su retiro doméstico) mantenía una fluida comunicación que, hasta se animó a pedir la intervención federal de la provincia. El PEN solo envió veedores a la provincia y esperó que los próximos comicios dieran su veredicto.

El empréstito de 1910, si bien había aliviado las finanzas y economía provincial, había comprometido desfavorablemente a la dirigencia del Partido Popular. Aun así, el oficialismo ganó nuevamente las elecciones, acumulando no obstante un desprestigio que solo sería aprovechado a mediano plazo por la oposición conservadora, ya que todavía las anónimas masas locales no estaban expresadas por nadie, ni el sistema electoral favorecía todavía ningún tipo de expresión popular en ese sentido. 

En su último mensaje a la Legislatura provincial, quejándose de que su gobierno era "duramente combatido", a pesar de que la provincia llevaba "una vida de rápido progreso, de tranquilidad interna, con su crédito sólidamente afianzado", el coronel Carlos Sarmiento concluyó su mandato dando paso -con la abstención de la Unión Nacional, el partido opositor- a la asunción de los nuevos gobernantes del partido oficial: Victorino Ortega y Nilamón Balaguer, que fueron elegidos para el período 1911 – 1914.  

1.    El tercer gobierno del Partido Popular: Victorino Ortega – Nilamón Balaguer (1911 – 1914)

Comenzaba el período gubernamental de Victorino Ortega – Nilamón Balaguer. Por tercera vez, el Partido Popular asumía el poder al cabo de un período completo de tres años de su antecesor. 

El discurso inaugural del nuevo gobernador Victorino Ortega respecto a la gestión del coronel Sarmiento -jefe de su partido- y la designación de Martín Albarracín en Gobierno e Instrucción Pública y a Estanislao Albarracín en Hacienda y Obras Públicas, dos funcionarios con el mismo apellido, no jugó a favor del mandatario entrante y del partido en el gobierno, muy cuestionado desde la oposición por su "nepotismo" y "exclusivismo" en la gestión de gobierno y por el reparto de senadurías y diputaciones nacionales entre sus más cercanos familiares y partidarios. Poco tiempo después, al reemplazar a los primeros funcionarios designados, se volvían a repetir los apellidos ya conocidos. Otro Albarracín y otros Quiroga (apellido del gobernador anterior al coronel Sarmiento),

La cuestión de la senaduría por San Juan entre el general Enrique Godoy (oposición) y el reciente ex gobernador coronel Sarmiento quedó resuelta con el inesperado fallecimiento del general Godoy en 1912, pero esa situación "adelantó en un año el estallido de la crisis" que esta vez se planteó a nivel interno del Partido Popular, que no sostuvo la candidatura a Senador nacional del ex gobernador Sarmiento sino la de Alberto Jamenson Presilla primero, y luego la de su sucesor Martín Albarracín, lo cual "produjo la ruptura definitiva que se gestaba entre el coronel Sarmiento y su sucesor en el gobierno", el doctor Victorino Ortega. 

Vista la estrecha, aunque a veces invisible relación entre la política y la justicia, el gobernador Ortega comenzó por promulgar la ley Orgánica de Tribunales y Códigos de procedimientos encomendada por el anterior gobernador al ex ministro de Gobierno doctor Alberto Vita y a los miembros de la Corte de Justicia (Tierney, Luzzetti y Grano). La aludida ley "confió la administración de justicia a una Corte con tres vocales y jurisdicción en toda la provincia, a los jueces letrados en los fueros civil, comercial y de minas, y en lo criminal a los jueces de paz departamentales y jueces de mercado". 

El Ministerio público se organizó a su vez "con el procurador general, los agentes fiscales, defensores de menores e incapaces y demás funcionarios establecidos por ley" entre otras importantes disposiciones, dividiendo el territorio provincial en dos circunscripciones judiciales: la de la capital y demás departamentos, por un lado, y la de Jáchal e Iglesia, por otro. Dada la "bonanza del empréstito externo y en momentánea y engañosa holgura", se fijaron por decreto altos honorarios a los funcionarios designados.

Siguiendo los pasos de la ley nacional del presidente Roque Sáenz Peña del 4 de octubre de 1912, fue sancionada la ley electoral provincial, modificada al año siguiente por otra ley de 1913, que la posteridad ha querido ver amañada a intereses políticos, basados en el criterio aquel de que "del dicho al hecho hay un gran trecho". Lo cierto es que, según el historiador Videla, "la cara real del mandatario sanjuanino se registró al término de su gobierno en 1914, con un proceso electoral de excepcional irregularidad y violencia para imponerse a la voluntad ciudadana".

Con fecha del 15 de noviembre de 1913, una nueva ley orgánica municipal modificó la anterior de la gestión del coronel Sarmiento: se le incorporó la ley electoral de la provincia, dispuso la supresión del departamento Laprida (incorporado a Valle Fértil, Caucete y 25 de Mayo), creó dos nuevos departamentos: Chimbas y Ullum, y la provincia quedó dividida en veinte departamentos: Capital, Desamparados, Concepción, Trinidad, Santa Lucía (estos cuatro últimos serían incorporados más tarde a Capital), 9 de Julio, Pocito (del cual derivaría más adelante el departamento Rawson), Rivadavia, Ullum, Albardón, Chimbas, Angaco Norte y Angaco Sur (uno de los cuales sería luego el actual departamento San Martín), Caucete, 25 de Mayo, Sarmiento (anteriormente Huanacache), Calingasta, Iglesia, Jáchal y Valle Fértil. 

Se delimitó cada departamento o distrito, se organizó sus órganos ejecutivo y deliberativo, y se estableció el régimen económico y el régimen electoral en capítulos propios. En cuanto al departamento Zonda, una ley de 1935 lo separó del municipio de Rivadavia, si bien tuvo que esperar una ley orgánica municipal de 1942 que fijó sus límites definitivos. 

Correspondió a Ortega la creación del Boletín Oficial y su publicación a fin de conocer "los actos emanados de los poderes de la provincia y fallos de la Corte".

Aunque Ortega pretendió innovar a través de una ley de julio de 1911 sobre las características del escudo oficial de la provincia de San Juan, acordado por una Real Ordenanza de 1575 del Cabildo de San Juan, modificado por la Asamblea Soberana de 1813, fue finalmente un decreto-ley de un gobierno de facto de mayo de 1962 (a raíz del golpe de Estado que derribó al doctor Arturo Frondizi en el país y al doctor Américo García en la provincia) el que puso fin a aquella discusión, quedando "los brazos (con las manos entrelazas) recubiertos por el paño misional y militar con que se escribió nuestra historia -Videla dixit-, el sol incásico con dieciocho rayos y el óvalo circundado por dos ramos de laureles atados por la cinta patria, símbolo de la argentinidad".

Durante el gobierno de Victorino Ortega, la empresa que había sido responsable del "apagón del Centenario" durante las celebraciones en la plaza 25 de Mayo inauguró en 1912 el alumbrado público con el sistema de lámpara a carbones y arco voltaico "antes de conocerse la lamparilla eléctrica, y un año más tarde en los domicilios". En esa situación, el gobierno decretó la caducidad de la concesión otorgada a una empresa para explotar la fuerza motriz generada en los "saltos de agua de Zonda y del río San Juan a la altura del Cerro Blanco" y se la otorgó a otra, agregando el propósito de construir una usina generadora de energía eléctrica, "con exención de impuestos y la obligación de abonar al gobierno medio centavo por cada kilovatio hora producido, previa deducción del consumo fiscal y municipal". 

Los concesionarios privados terminaron vendiendo sus derechos "con propiedades y maquinarias inclusive" en favor de la Compañía Andina de Electricidad. No quedan dudas de que habíamos entrado en la era de los monopolios y de la concentración económica -a menor o a mayor escala- en una nueva etapa del capitalismo internacional, en detrimento de las posibilidades de un capitalismo nacional de Estado o Mixto. 

Con esa misma lógica, el gobierno de Ortega otorgó el 11 de octubre de 1913 una concesión a la compañía The Isle Sindicate Limited de Londres para construir una red de tranvías de tracción eléctrica en Desamparados, Concepción, Trinidad, Santa Lucía y Pocito. Después de varios meses, la concesión internacional fracasó. 

Malogrado el intento de obtener un servicio de tranvías eléctricos con esa compañía internacional -que obviamente no estaba interesada en nuestro desarrollo sino solo y exclusivamente en su rentabilidad y los intereses nacionales de su país de origen-, la situación volvió atrás, haciéndose cargo nuevamente la compañía local de Arturo Basualdo, a quien se le otorgó una concesión de veinte años "para explotar la línea de tranvías de tracción a sangre entre la capital y Desamparados". Algo semejante ocurrió con la intención de producir cemento a nivel local.

Esa es la razón de nuestro lento desarrollo: la falta de una concepción, visión y modelo de país y de región soberanos, con apoyo y protección estatal, autogenerado, auto realizado y autosuficiente para poder relacionarnos -desde nuestro propios intereses y necesidades comunes latinoamericanas- con los demás países e intereses internacionales, de igual a igual.

Correspondió al gobierno de Ortega fijar el descanso semanal de los trabajadores los días domingo –"día del Señor", conforme a la tradición e identidad cristiana del pueblo criollo-, y "a partir del sábado a las doce y media", que asimilaba también una tradición extranjera: "el sábado inglés", luego reemplazado por el "lunes criollo" en épocas del cantonismo. No obstante, se exceptuaba de esa norma general, "por motivos de carácter técnico o por razones de grave perjuicio", a las empresas ferroviarias y de transporte, tambos, lecherías, panaderías, reparto de hielo, fabricación de dulces en época de cosecha de la fruta, etc., a fin de satisfacer las necesidades colectivas... o la de sus propietarios.  

Consignemos que había correspondido al gobierno del general Julio Argentino Roca antes de concluir su mandato en 1904, a través de su ministro del Interior y famoso escritor riojano Joaquín V. González, la creación del primer Código de Trabajo argentino, redactado por el socialista, latinoamericanista y precursor de la izquierda nacional Manuel Ugarte, Enrique del Valle Iberlucea, otro socialista criollo, Augusto Bunge, dirigente del mismo partido, el ingeniero Bialet Massé (autor de la primera radiografía sobre la situación social argentina en 1904) y Leopoldo Lugones, también socialista en esa época. Paradójicamente, el código de trabajo fue rechazado oficialmente por el Partido Socialista del doctor Juan B. Justo en repudio a la política criolla y nacional. Del mismo modo, años después, su esposa Alicia Moreau rechazaría el proyecto del Voto Femenino en épocas del general Juan Perón y de su esposa Eva Duarte.  

El Código de Trabajo del general Roca establecía la jornada de ocho horas de trabajo; la supresión del trabajo nocturno; el descanso semanal de 36 horas continuadas hasta el mediodía del sábado o "sábado inglés"; la prohibición de trabajar a los niños menores de 14 años; la exclusión de las mujeres de ciertos trabajos; el salario mínimo para los trabajadores del Estado; el alojamiento higiénico de los obreros y la seguridad en el trabajo; la responsabilidad patronal por los accidentes, el reconocimiento de las organizaciones obreras, los tribunales mixtos de obreros y patrones. ¡Y pensar que algunos han pretendido ver equivocadamente en Roca al "jefe de la oligarquía", honor que no se le puede arrebatar injustamente al general Mitre!

El proyecto del general Roca y su ministro González fue rechazado por el parlamento argentino -tanto por conservadores como por socialistas coloniales- y "solo una revolución producida cuarenta y un años más tarde" en el país, con el general Perón a la cabeza, y en San Juan por un gobierno criollo como el de los Cantoni, veinte años antes, "pondría al día y en vigencia el proyecto de Roca".

Evidentemente, que la impronta de la época fue contagiosa y San Juan no estuvo ausente de sus efectos. Ya para el Centenario se hacía sentir la política inmigratoria de décadas anteriores, y la fundación del Club Español en agosto de 1911 con casa propia -la Casa España-, símbolo de la colectividad inmigrante más numerosa e importante en la provincia, ingresaba definitiva a la vida y a la historia de San Juan.

En cuanto a la política social, cuando aún se hacía sentir el peso del empréstito de 1910 en las finanzas, Victorino Ortega se "manifestó sensible a los reclamos de la solidaridad en forma de subvenciones, pensiones graciables y auxilios": 800 pesos mensuales en favor de la Sociedad de Beneficencia para sostenimiento del Hospital San Roque de mujeres, fundado por Gertrudis Funes; subsidio extraordinario de 3.000 pesos para el Patronato de la Infancia que sostenía el Instituto de Menores; subsidio de 2.000 pesos para la congregación Asilo del Buen Pastor para reparaciones del edificio y la construcción de baños; exención de impuestos a los vecinos de una zona de Rodeo; etc.

Dos subsidios que en realidad deben computarse como obra pública, concedió Ortega a los departamentos de Santa Lucía y Trinidad: en el primero para proceder a la prolongación de la calle Entre Ríos, hoy Libertador San Martín, y el otro para realizar el empedrado público de calle Gral. Acha frente al Colegio El Tránsito, Asilo de Mendigos e iglesia parroquial.

Otra importante obra fue la rehabilitación del Dique Nivelador de La Puntilla en Marquesado, cuyos espigones había arrasado una crecida extraordinaria del río, dejándolo prácticamente inutilizado en la gobernación de Abraham Vidart. Y finalmente, después de varios amagues y de varias epidemias que reclamaban su existencia (de cólera en la gobernación de Manuel José Zavalla y en la primera de Carlos Doncel, y la de viruela en la del mismo Victorino Ortega) le tocó el turno al Hospital Rawson. El 30 de noviembre de 1913 se colocó la piedra fundamental "al inaugurarse el primer pabellón de cirugía". Faltaban varios años más para que el Hospital Rawson fuera una realidad integral en las gestiones de Federico y Aldo Cantoni, entre 1923 y 1928.

Una realización fallida fue "el adoquinado (o pavimento) de madera" que la Legislatura autorizó el 18 de agosto de 1911. Nivelado el terreno y levantados los nuevos cordones de las veredas, el trabajo de pavimentación fue ejecutado "a lo ancho de las calles céntricas en franjas transversales", pero a la primera precipitación estival el pavimento reventó, quedando intransitable el centro de la ciudad por muchos años.

Una medida que sí prosperó, y que con el tiempo se convirtió en una nueva localidad y finalmente en nuevo departamento, fue la fundación de Villa Krause, soñada por el ingeniero Domingo Krause en homenaje a su progenitor Augusto Krause, y dada en nacer por ley de la Legislatura provincial el 17 de julio de 1911 durante la gestión de Victorino Ortega. Es por esa razón que una de sus calles lleva el nombre de ese gobernador, como el boulevard principal el de Domingo Faustino Sarmiento, y otras calles aledañas el de Santa Rosa, "doncella de América", el de Agustín Gómez (gobernador, senador y líder del Club del Pueblo asesinado) y el del salteño Miguel M. Torino, entre otros. 

Una ley del 25 de julio de 1911 declaraba asimismo cabecera del departamento Angaco a una villa a fundarse con el nombre de Gral. Acha. Sea por razones providenciales o porque sencillamente hubiera significado un escándalo olvidar las víctimas federales de la sangrienta batalla de Angaco, esa iniciativa nunca se concretó.   

Sin embargo, quedaba mucho por hacer para afrontar los compromisos contraídos con la provincia por el empréstito de 1910: apertura y trazado del Parque de Mayo, terminación de un cuerpo del palacio de la Corte de Justicia, sala de invierno del teatro Coliseo, la plaza Domingo F. Sarmiento y el canal matriz del Norte, sin iniciar todavía, y que tampoco se comenzaría en el gobierno de Victorino Ortega.

Ya casi al finalizar su mandato, Ortega dio los primeros pasos para ejecutar los monumentos al general San Martín y a Antonio Aberastain. El monumento al Libertador, para cuya concreción el coronel Sarmiento había consentido en expropiar terrenos de la familia del general Benavides en lo que es hoy el Museo Provincial de Bellas Artes "Franklin Rawson" en el Parque de Mayo (donde todavía existe un árbol bajo cuya sombra habría paseado el general Benavides), superó en tiempo el mandato de Ortega y fue inaugurado tres años después, un 9 de julio de 1916. En cambio, el monumento a Aberastain fue inaugurado por el mismo Ortega el 19 de abril de 1914, un mes antes de transmitir el mando a los nuevos gobernantes.  

Mas los fondos del empréstito de 1910 se fueron reduciendo y "la provincia se vio obligada a recurrir a las drásticas medidas de supresión de partidas que autorizaban gastos", y un decreto de Ortega del 23 de enero de 1913 "suspendió empleos y mandó reducir sueldos", en tanto "los impuestos fueron aumentados en forma que nadie paga", siendo víctimas de esas medidas hasta los sectores más acomodados, que pasaron a la oposición. La clave de la derrota del Partido Popular y el comienzo de su desaparición de su corta vida provincial la dio el propio precandidato oficialista a gobernador: "No es una derrota, ha sido un repudio". 

La Legislatura se demoró en aprobar el acto electoral, aunque la transmisión del mando a los ganadores de la Concentración Cívica -Angel D. Rojas y César Aguilar- se realizó puntualmente el 12 de mayo de 1914. Pero todavía no habría una ruptura con el pasado inmediato; faltaban dos períodos conservadores más. 

Extraído de San Juan, su Historia. De la Fundación a la segunda resconstrucción del Licenciado Elio Noé Salcedo.