Sturzenegger prepara un decreto para eliminar 60 organismos estatales
El ministro de Desregulación y Transformación es el encargado de redactar el texto. Las facultades extraordinarias le permiten a Milei eliminar funciones y estructuras jurídicas de los entes.
El Gobierno de Javier Milei sigue adelante con su ambiciosa reforma del Estado y se encuentra preparando un decreto para eliminar alrededor de 60 organismos. El encargado de redactar el texto es el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien trabaja en estrecha colaboración con el vicejefe de gabinete, José Rolandi, y la secretaria de Planeamiento Estratégico, María Ibarzabal.
Desde marzo, la mesa técnica de Balcarce 50 tiene el proyecto en carpeta, pero fue necesario esperar las facultades administrativas otorgadas a Milei por el Congreso a fines de junio para poder impulsarlo. Actualmente, el equipo se encuentra elaborando el respaldo legal necesario para justificar la disolución de cada área.
"Queremos eliminar alrededor de 60 organismos que regulen áreas que no nos interesa intervenir. La idea es unificar algunos y reducir sus atribuciones", comentó un funcionario a TN.
Entre los organismos que el Gobierno planea eliminar se encuentran el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y el Instituto Nacional de Juventudes (INJUVE), entre otros.
Las facultades extraordinarias concedidas a Milei le permiten eliminar competencias, funciones, estructuras jurídicas y responsabilidades de cada ente, e incluso ceder organismos a las provincias que lo soliciten. Sin embargo, quedaron fuera de la intervención presidencial las universidades, las dependencias del Poder Legislativo y Judicial, y organismos como el CONICET, ANLIS, ANMAT, INPI, INCAA, ENACOM, ARN, CONAE, CNEA, CONEAU, CNV, INCUCAI, UIF e INTA.
El artículo 52 de la Ley Bases establece el marco normativo para los empleados públicos que trabajan en áreas sujetas a eliminación o modificación. Según la normativa, los empleados permanecerán un año con goce de sueldo mientras esperan ser reubicados, y recibirán capacitación para otras tareas o realizarán servicios tercerizados del Estado. Además, los empleados podrán ser transferidos de Nación a provincias y municipios, y se contempla una indemnización equivalente a un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de tres meses, basada en la mayor remuneración del último año.
El Ejecutivo ha incluido un articulado que permite no pagar indemnizaciones en casos de encontrar irregularidades, como inasistencias injustificadas, abandono de tareas o incumplimiento de horario.
Paralelamente, la Casa Rosada busca reducir el total de contratados estatales. Hasta ahora, han reducido el número de 72.000 a 48.000 y planean desplazar a todos antes del 2026, llevando a cabo despidos a través de revisiones contractuales trimestrales.
