Las gobernaciones sanjuaninas después de la revolución porteña del ‘90 (1890 – 1907)

Habiendo renunciado el cordobés Miguel Juárez Celman a la presidencia, lo sucedió en el cargo el ingeniero Carlos Pellegrini, su vicepresidente, hasta concluir el mandato. El 12 de octubre de 1892 asumió el cargo de presidente de la República don Luis Sáenz Peña (padre de Roque, que había sido desplazado de su candidatura), ejerciendo hasta 1895 cuando debió renunciar a favor del vicepresidente José Evaristo Uriburu (1895 – 1898).

A Uriburu lo sucedería el segundo mandato de Julio A. Roca desde 1898 a 1904, siguiendo en orden sucesivo las presidencias de Manuel Quintana (fallecido durante su mandato) y de su vicepresidente José Figueroa Alcorta, que gobernaron entre 1904 y 1910, y a la de éstos, las presidencias de Roque Sáenz Peña y de Victorino de la Plaza (por fallecimiento de Sáenz Peña), que gobernaron entre 1910 y 1916, cuando se produce el triunfo de Hipólito Yrigoyen – Pelagio Luna, en las primeras elecciones en las que se expresa cabalmente la voluntad libre, transparente y soberana del pueblo a través del voto universal, obligatorio y secreto, consagrado por la Ley Sáenz Peña de 1912.

Cabe aclarar, sin embargo, que la historia no consiste en una cronología de hechos y tampoco responde a "esa tendencia estimulada desde la escuela -como sostiene el pensador e historiador nacional de Córdoba, Alfredo Terzaga-, a petrificar los personajes convirtiéndolos en "tipos", con prescindencia del ambiente y del número de años que vivieron y en que actuaron, muchas veces con diversos signos. Lo que se sacrifica en este caso es nada menos que el tiempo, o sea el elemento específico del proceso histórico". De allí la necesidad de enmarcar los hechos, las fechas y los "tipos" -ya se trate de Rosas, de Sarmiento, de Roca o de cualquier otro- en el contexto histórico de un tiempo determinado, pues las "circunstancias", y muchos hombres también, son cambiantes, y "lo único permanente es el cambio". "Eliminar del tejido histórico nada menos que el tiempo" -concluye Terzaga- resultan "procedimientos enemigos de la comprensión del pasado". Intentemos nosotros comprender qué estaba pasando entonces.  

La derrota militar de la oligarquía porteña en 1879-1880 con la federalización de la ciudad de Buenos Aires y la creación, después de 70 años de luchas civiles entre porteños y provincianos, de un Estado verdaderamente nacional y moderno gracias a la generación provinciana del  ’80 que encabezó Roca, modificó de cabo a rabo el país. 

Sin lugar a dudas, esa generación -verdaderamente nacional y para nada conservadora- inició un gran desarrollo económico y de modernización del país y sus instituciones, aunque no modificó el modelo agroexportador primario que lo sostenía ni reparó en la clase social que más se beneficiaba con él, si bien deparó la aparición de nuevas clases sociales y partidos políticos que las representaban, todo en el marco de un nuevo fenómeno mundial: la aparición del imperialismo a partir de la última década del siglo XIX y primer lustro del siglo XX. Dada la dependencia económica y asociación previa, simultánea y posterior de nuestra estructura productiva con ese poder hegemónico mundial, ello influyó de manera determinante en la configuración del modelo productivo y la superestructura cultural de la Argentina, cuya primera víctima en nuestro país fue el gobierno del cordobés Miguel Juárez Celman.  

Llegados aquí, cabe aclarar que, si la recientemente creada Unión Cívica -integrada por hombres del mitrismo y del todavía incipiente "radicalismo"- había sido el sostén político de la revolución porteña del 90, en cambio, el joven radical Hipólito Yrigoyen -futuro líder del radicalismo nacional- había participado muy lateralmente en el golpe contra el cordobés Juárez Celman, manteniéndose deliberadamente en segundo plano. 

Cuando la Unión Cívica, ya consumado el golpe y producida la renuncia de Juárez Celman, proclamó el nombre de Mitre para la presidencia, el anti mitrista Yrigoyen disintió con el apoyo a Mitre de su tío Leandro Alem y se negó a colaborar en la campaña, dando nacimiento prematuro a las dos vertientes radicales históricas que alcanzan hasta nuestros días: la alemista y luego alvearista (liberal - conservadora) y la yrigoyenista (nacional y popular). A partir de la revolución radical bonaerense del ‘93 y del suicidio de su tío Alem (1896), Hipólito Yrigoyen sería el líder del nuevo partido radical, en lucha contra el "régimen". Llegado a este punto, cabe definir brevemente en qué consistía, qué significaba o, en última instancia, qué representaba el "régimen" que el radicalismo -expresión de "la causa"- combatiría desde entonces. 

El "régimen" era fundamentalmente un sistema político y electoral que no permitía expresarse transparente y libremente a las nuevas clases sociales surgidas precisamente de esa nueva Argentina que había hecho su entrada a la historia en la década de 1880, en primer lugar, y la expresión y representación efectiva de una clase social que no permitía a las demás gobernar -que gobernaba por las demás o contra las demás, según el caso- y que gobernaba, sobre todo, en forma excluyente, para sí misma. A ese "régimen" comenzó a acercarse y finalmente se integraría el general Roca y muchos de sus partidarios después del acuerdo con Mitre. 

Ese proceso, por supuesto, recordando a Terzaga, no fue de un día para otro, ni fue un proceso lineal, como se puede creer, sino que fue un proceso con muchas contradicciones que puso en juego los intereses, el carácter y la naturaleza de lo que cada uno de los sectores sociales integrados o en pugna representaron en su momento y en determinadas circunstancias.  

En efecto, después de recuperar Buenos Aires (desde entonces Capital Federal) y crear un Estado Nacional para todos los argentinos, con políticas conducentes a un importante desarrollo nacional y modernización del país, ahora Roca, con poder político propio en el Partido Autonomista Nacional y ya alejado de la "Liga de Gobernadores" que conducía el presidente cordobés renunciado-, logró atraer a Mitre a un acuerdo, para que éste fuera la "prenda de unión de los argentinos". 

Esa aventura política le quitó a Mitre la base política de los sectores furiosamente antiroquistas de su parcialidad, sin obtener el apoyo de los roquistas tampoco. Por la misma razón, el antiroquismo de Alem lo llevó a romper con el líder porteño. Tanto Mitre como Roca quedaron fuera de la contienda presidencial en esta oportunidad y la Unión Cívica quedó sepultada. Pero el contubernio mitro-roquista pudo eliminar de la contienda electoral al juarista Roque Sáenz Peña e imponer la fórmula más conservadora de su propio padre Luis Sáenz Peña y del patricio conservador salteño José Evaristo Uriburu. 

Mitre fundó la Unión Cívica Nacional, y Alem e Yrigoyen, ya separados de Mitre y nuevamente juntos, conformaron la Unión Cívica Radical (26-6-91), circunscripta en sus comienzos a la provincia de Buenos Aires y Capital. Así nacía un nuevo país a la sombra del acuerdo Roca-Mitre, con una implícita contradicción y ambigüedad entre el mitrismo anti provinciano y anti nacional y el liberalismo provinciano y nacional por un lado, y entre la transigencia y la intransigencia con el régimen oligárquico, por el otro.

En San Juan comenzaba la lucha por la gobernación. 
Ante la renovación gubernativa de 1893, la opinión pública en San Juan se orientó en tres sentidos, acota el historiador Videla: el Club Unión, de tendencia mitrista; el Club Juventud Liberal o de los Cívicos, con los radicales en formación adentro; y el Club del Pueblo, que ya venía desde los tiempos de Sarmiento y Avellaneda y conservaba a los antiguos elementos inspirados por Valentín Videla hasta su muerte en 1872 y que todavía reunía a los que no eran mitristas ni radicales y seguían siendo roquistas, juariztas y/o juari-roquistas. 

No obstante, aquellas circunstancias políticas –"revolución del 90", "acuerdo Roca-Mitre", lucha por las candidaturas nacionales y un palpable cambio de época- en vísperas de los comicios locales, dieron pie a la dispersión del Club del Pueblo "volcado a distintas soluciones" y/o "dividido en varias tendencias" y, finalmente, al cabo de unos años, a la transformación del Partido Autonomista Nacional -generador del Club del Pueblo y propulsor de la modernización argentina- en un partido conservador integrado al régimen. 

Fue "la política acuerdista" la que "hizo entrar en crisis al Club del Pueblo -puntualizan Peñaloza y Arias- dando origen a dos ramas. Una se fusionó con el Club Juventud Liberal, surgiendo así la Unión Cívica Radical Intransigente" en la provincia (antes de que se constituyera definitivamente la UCR). La otra "se confundió con el Club Unión o sea representaron en el orden local "el acuerdo". Los viejos dirigentes poco a poco se fueron retirando de la política", hasta su vuelta, cuando ya el patriciado provinciano se había integrado al "régimen", es decir a la oligarquía porteño-bonaerense.  

Ese acuerdo a cualquier costo al que se aferró a última hora el gobernador Alejandro Albarracín "como náufrago a un salvavida" -después de ver a Juárez desplazado del gobierno por el golpe en Buenos Aires- deparó la derrota del oficialismo local en 1893 y la liquidación del hasta entonces hegemónico Club del Pueblo. 
Si el grupo personificado por Anacleto Gil (Club del Pueblo) se marginaba de la militancia política activa por muchos años, hasta la sanción de la ley Sáenz Peña (ya integrado al régimen), el Club de la Juventud Liberal o Cívicos (embrión de la UCR en San Juan, donde algunos ya se definían como "radicales principistas") enarbolaba la bandera de Alem y enfrentaba al gobierno de Albarracín con la candidatura de Juan Maurín a gobernador; el tercer grupo, siguiendo a Domingo Morón, se volcó al final del proceso electoral al Club Unión. 

Ante la perplejidad del gobernador Albarracín en su ambigua postura de "acuerdista y opositor" al gobierno nacional en dificultades, recurriendo a Justo Castro para neutralizar a Maurín (ambos afincados cauceteros), la fórmula mitrista Domingo Morón-Justo Castro se impuso en los comicios del 6 de enero de 1893. "De esta manera -coincidimos con H. Videla- la oposición a las administraciones de (Agustín) Gómez, (Anacleto) Gil, (Rosauro y Carlos) Doncel y (Alejandro) Albarracín, conducida por Domingo Morón con turbulencia y caudillil empuje, sin renunciar a hábiles artilugios proselitistas ni al acuerdo de última hora con el oficialismo desorientado, arribó y se adueñó del poder".

En efecto, "cuando las bases sociales e históricas" que habían señalado a Julio Argentino Roca como "el hombre del 80", comenzaban a disgregarse bajo la presión de las "nuevas relaciones económicas", nacidas por la aparición del fenómeno imperialista en la vida nacional en la última década del siglo XIX (Trust, monopolios económicos y financieros, dependencia financiera y comercial, desequilibrio en los términos de intercambio, abultada deuda externa, consolidación de país agroexportador ligado al comercio exterior casi exclusivamente, etc.); y mientras el roquismo se integraba progresivamente al "régimen" después de la derrota juarista y la defección roquista de 1890, se terminaría de consolidar en nuestro país el sistema primario agroexportador ligado al imperio británico, quedando para algunas provincias el usufructo de sus monocultivos que constituían la base de su industria madre y su única industria: el vino en Cuyo, el azúcar en el Noroeste y la yerba mate en el Noreste, que propiciaría paulatinamente la integración del patriciado provinciano a la oligarquía porteño-bonaerense. 

No era la última vez que un partido nacional y popular, como el que Roca y Juárez Celman representaban hasta ese momento, se integraría al sistema que había repudiado en sus años revolucionarios. En ese marco, llegaba a la gobernación de la provincia el mitrista Domingo Morón. 

1. Las gobernaciones de Domingo Morón y Justo P. Castro (1893 – 1896)
El triunfo y ascensión al gobierno de Domingo Morón y Justo Castro el 12 de octubre de 1893 -durante el gobierno de Luis Sáenz Peña, luego reemplazado por el vicepresidente José Evaristo Uriburu en 1895- fue considerado un acontecimiento extraordinario si tenemos en cuenta que hasta entonces había gobernado sucesiva y progresivamente el Club del Pueblo -sarmientistas, avellanedistas, roquistas y juaristas- sin oposición demasiado visible, y ahora, en cambio, "tanto el gobernador como el vice eran antiguos militantes del mitrismo", que respondía al viejo liberalismo oligárquico porteño. 

Aunque también hubo sorpresa por las designaciones ministeriales, ya que Morón nombró a personalidades que habían participado de los gobiernos anteriores, combinaciones que se producirían de aquí en más, al intercambiarse los cargos gubernamentales, legislativos (nacionales y provinciales) y ministeriales dentro de la clase gobernante, en forma sucesiva y alternativa, a pesar de sus luchas internas.
Esa nueva combinación expresaba, sin duda, la componenda que se venía operando entre el general Roca (que no hizo nada para sostener el gobierno nacional de Juárez Celman en 1890, tan profunda era ya la separación política entre los concuñados) y Bartolomé Mitre, amigo personal de Morón, ahora su principal representante en San Juan.

Morón, que de acuerdo al historiador Horacio Videla, "nunca había pertenecido siquiera al antiguo Club Unión de orientación liberal (mitrista), comenzó a dirigir en San Juan un movimiento mitrista de minorías, llegando a comprometerse con la revuelta del 6 de febrero de 1884 (en plena era roquista) contra el gobernador Gil y el senador Gómez (ambos prominentes funcionarios roquistas del Club del Pueblo y del Partido Autonomista Nacional)", tanto que desde allí en más se hablaría del "partido de Morón".

Era el mismo Domingo Morón quien, veinte años atrás, "entre dientes", al cruzarse en las oficinas del Correo con el gobernador Valentín Videla (sarmientista y anti mitrista) había pronunciado palabras que resultaron letalmente proféticas: "Ya se te va a acabar". Poco tiempo después, siguiendo la seguidilla de crímenes que habían comenzado con el gobernador Nazario Benavides y seguido con el del interventor federal José Antonio Virasoro y el de Agustín Gómez, sin olvidar el injustificado e innecesario fusilamiento de Antonino Aberastain, Valentín Videla era también asesinado durante su mandato.

Es el mismo historiador citado quien asegura respecto a Morón que, elegido senador nacional antes de concluir su mandato como gobernador, "ya en la Alta Cámara el opositor mitrista que en su provincia había escalado el poder como contrario a los acuerdos (entre Roca y Mitre), selló con Roca -Deus ex machina de la política del país (por entonces)- el más duradero y provechoso pacto que le permitió la reelección como senador por un segundo mandato hasta 1913", interrumpido por su fallecimiento el 15 de mayo de 1906.

Estas circunstancias nos permiten mostrar los efectos del acuerdo Roca-Mitre después de la caída de Juárez Celman en 1890, como así también su correspondencia en la provincia de San Juan. La gestión de Morón muestra los claros y oscuros de ese acuerdo, simbolizado tanto por el aspecto progresista de la acción de Morón en la provincia ("orden y progreso" que Roca había hecho realidad a nivel país), como por su conservadora actuación durante el terremoto de 1894 y su acceso a la senaduría nacional antes de concluir su mandato como gobernador, actitud que, si bien lo beneficiaba personalmente en su carrera política, oficializaba una práctica muy a tono con la época y el "régimen" que se inauguraba. "Al abandonar Morón el cargo para aceptar una senaduría nacional practicando el salto del gobierno a Senador -señala Videla- desairó a su provincia, que esperaba de su valor como factor de salvación". Esa era una de las prácticas que el radicalismo nacional naciente -que representaba "la causa"- cuestionaría en su programa de reparación política a nivel nacional.

Cupo a Morón, con criterio roquista, diríamos, la construcción del Dique Nivelador de la Puntilla o (César) Cipoletti (ingeniero autor de los planos y adjudicatario de la construcción), rebautizado luego como Dique José Ignacio de la Roza, obra fundamental para el riego en San Juan que había sido proyectada en las gobernaciones de Rosauro Doncel y Agustín Gómez (roquistas del Club del Pueblo) sin poder concretarse, y que resultó el mayor emprendimiento de Morón. 

En esa línea de tímida modernización real, que rompía el statu quo conservador y meramente agropecuario, puede citarse la ley del 30 de diciembre de 1893, que concedió beneficios fiscales a Juan F. Bolo Bruner para establecer una fábrica de aceite vegetal, y otra del 6 de enero de 1894 a Mariano Mariel por seis años para establecer una casa de baños de vapor. 

Aparte de las actualizaciones administrativas y civiles que siguieron la tónica de modernización legislativa de la época (ley orgánica sobre el estado civil de las personas o de Registro Civil, ya creado en la gobernación de Anacleto Gil, y la ley de expropiación de propiedades por causa de utilidad pública) y otras más restrictivas, coercitivas y antipopulares "prohibiendo a todo transeúnte movilizarse, calzando alpargatas hacia la capital a partir de la puesta del sol" por prevención de disturbios, hubo dos sucesos dignos de atención que ocurrieron durante la gestión de Morón: la creación de Villa Colón (1893), que se transformaría más tarde en la ciudad de Caucete (dentro del departamento homónimo), y el terremoto de 1894. 

El terremoto de octubre de 1894 en San Juan coincide también con esta etapa de progresiva caída del impulso de la generación roquista, poco a poco integrada al régimen oligárquico. A los tres meses de comenzar la gestión, la Legislatura había autorizado a Morón a emitir títulos en letras de tesorería por un millón de pesos para la adquisición de acciones de los socios del Banco Provincial y atender las "obligaciones del Monte de Piedad (Casa de Préstamos)" por 50 mil pesos en cuatro series. Y en julio de 1894, Morón autorizó la creación del Banco Hipotecario en la provincia y la emisión de letras de tesorería por cinco millones de pesos más, "empapelando" a la provincia.  

El terremoto del 27 de octubre de 1894 
Hasta entonces, los sismos catastróficos eran desconocidos en San Juan, pero el terremoto de 1894, aparte de sentirse en toda la provincia y en forma particularmente intensa en capital, Caucete, Valle Fértil e Iglesia, "localidad esta última donde no quedaron en pie ni las sólidas tapias de sus potreros alfalfados", además se abrieron grietas en la tierra y surgieron aguas subterráneas en Albardón y Angaco y en Alto de Sierra, resultando afectado el primer puente carretero de hierro sobre el río, inaugurado el año anterior.

La ciudad de San Juan experimentó "considerables perjuicios materiales, aunque no tantos como pudo suceder dada la mala calidad de la construcción". El horario en que ocurrió (19.30) favoreció a la población, que todavía no dormía y estaba trabajando fuera de sus casas, que todavía no volvía a ellas o no se cobijaba aún a esa hora bajo sus techos, realizando diversas actividades familiares en los amplios patios o fondos de sus domicilios, contabilizándose solo diez víctimas fatales en el centro y veinte en total entre los departamentos aledaños y los más alejados. 

Si bien en las viviendas del vecindario se desprendieron las "cornisas, parapetos, molduras y revoques", los daños más importantes se produjeron en los edificios públicos, entre ellos, principalmente, en la Casa de Gobierno, inaugurada solo diez años antes, que experimentó la destrucción casi completa de la planta alta, lo que obligaría a rehacerla. El Cuartel y Cárcel Pública, el Mercado y el Teatro Los Andes, quedaron destruidos. En la Catedral, "construcción de mayor solidez y categoría arquitectónica" de la provincia, resultó afectada la torre del costado izquierdo y apareció una grieta en el primer arco de su bóveda central. Los viejos templos de La Merced, San Agustín y Santo Domingo (una parte con nueva construcción), también quedaron dañados.

Además de solicitar la ayuda necesaria al gobierno nacional de Luis Sáenz Peña, la administración de Morón se trasladó a la glorieta de la banda de música en el medio de la plaza 25 de Mayo, desde donde impartió las órdenes más urgentes: "búsqueda y rescate de víctimas y heridos, suministro de vituallas y abrigo, remoción de escombros en la calle para despejar el tránsito, prevención de epidemias con medidas sanitarias, ubicación de testigos a fin de acreditar los hechos y evitar confusiones, estudios técnicos y posibilidad del traslado de la ciudad de San Juan", que finalmente no se produjo. 

Un decreto de Morón del 1° de mayo de 1895 dispuso la demolición de la planta alta del edificio gubernamental y la venta de los materiales recuperables, "quedando implícito el propósito de su reconstrucción". Pero, aunque los trabajos fueron adjudicados a una empresa que ejecutó el proyecto de reconstrucción entre febrero de 1895 y el 30 de septiembre de 1896, ya en la gestión de Castro (Morón había pasado al Congreso Nacional como senador)-, "la reconstrucción de la Casa de Gobierno cayó en un sopor de diez años", y las oficinas instaladas en casas particulares arrendadas permanecieron precariamente por espacio de una década, pues "la obra resultó mayor de lo que pudo pensarse, y los recursos se suministraron en partidas limitadas por los presupuestos de cada año hasta los últimos toques de la reconstrucción dados durante la administración del gobernador Balaguer, en 1905".

El geólogo Leopoldo Gómez de Terán, director de la Escuela de Minas y presidente de la primera comisión de reconstrucción de San Juan en esas circunstancias, señaló el peligro constante que significaba esa tumba abierta en la que se había convertido San Juan después de aquel tremendo sismo, con casi todos los edificios dañados y muchos derrumbados. Empero, hecha suya por el gobernador la propuesta de reconstruir la ciudad con nuevas técnicas de edificación, mejores materiales, juntas más fuertes, prohibición de fachadas altas (todas desplomadas) y con amplias calles y veredas, fue rechazada por la Legislatura provincial -expresión de intereses muy conservadores-,  y San Juan fue reconstruida al finalizar el siglo XIX sobre el mismo damero -con calles y veredas angostas y altas cornisas-, utilizando los mismos materiales y las mismas técnicas de construcción aplicadas en el pasado, tal como la encontraría el terremoto de 1944 apenas 50 años después.

Cuando no se habían acabado todavía los ecos del terremoto del 27 de octubre de 1894 y no se ha había hecho demasiado para contrarrestar sus efectos, la Legislatura concedió licencia al gobernador Morón para ausentarse de la provincia por 20 días y éste transfirió el mando gubernativo en el vicegobernador Justo Castro por segunda vez. El 12 de julio de 1895, apenas nueve meses después del terremoto, Domingo Morón renunció a su cargo de Gobernador para asumir como senador nacional en reemplazo del "duro e intransigente" Dr. Anacleto Gil, que se alejó de la política. 

El cambio de nombres a nivel del Congreso Nacional, paralelo a la de la paulatina integración al régimen del roquismo, representaba algo más que eso. Así lo explicaba Carlos Pellegrini, ahora legislador nacional y enfrentado con su ex jefe Roca, en una de las sesiones legislativas de 1895, antes de integrarse él también al sistema un tiempo después. Estas palabras conservan llamativa vigencia: "En la República Argentina existen dos tendencias y casi puede determinarse la región territorial sobre la cual actúan una y otra. Hay un partido que tiene asiento en el pequeño espacio que rodea la Plaza de Mayo de la Capital Federal, y hay otro partido que tiene su asiento en todo el resto de la Nación. A un partido podría llamarle comercial; al otro lo llamaría industrial. A cada instante se revelan las distintas tendencias de estos dos partidos". 

Profundizando su análisis, quién era miembro de la generación nacional del ‘80 y fundador, como Presidente, del Banco de la Nación en 1891 con fines industrialistas, argumentaba: Uno de esos partidos "es enemigo declarado del Banco del Estado, del Banco habilitador, solo cree en el Banco particular; el otro prefiere o tiene simpatías por los Bancos del Estado y por los Bancos habilitadores; uno es contrario a toda protección y quiere la libertad absoluta del comercio; el otro exige protección como condición indispensable para el desarrollo de las industrias nacionales; uno es contrario a todo lo que sea también emisión de cualquier forma, casi enemigo de la palabra emitir; el otro no es tan enemigo de estas emisiones, según la forma en que se presenten; uno  se preocupa por el oro en la Bolsa (o por la cotización del dólar en nuestros días), el otro se preocupa más por el valor de los frutos del país…", tanto en el mercado interno como el externo en forma integrada y con sentido nacional, podríamos agregar nosotros.  

El vicegobernador reemplazante
El traspaso del gobierno de Morón al vicegobernador Castro resultó una mera continuidad política, si entendemos con Horacio Videla que "ambos dirigentes militaron desde antigua data en el mitrismo nacional; uno y otro condujeron la oposición y con el ardid de un acuerdo como escalera para llegar al acuerdo mismo con Roca, sucedieron en el mando al doctor Alejandro Albarracín (juarista)", aunque "el alejamiento de Domingo Morón, no obstante su ánimo emprendedor, sorprendió a la provincia con que todo estaba por hacerse". 

Sin embargo, en tanto la provincia "se desenvolvía últimamente en un ambiente de inquietud por los procedimientos policiales contundentes y en lo económico por el empapelamiento con letras de tesorería", sostiene Videla, el cambio de Morón por Castro resultó "un sedante" y renació "la confianza pública en el gobierno".

Es durante la gestión como gobernador de Justo Castro (que era salteño), en su carácter de importante empresario vitivinícola (afincado con su familia en Caucete desde la década del ’60), que se producen medidas relacionadas con la industria de la uva y el vino, coadyuvando fuertemente al desarrollo vitivinícola de la provincia. 

En efecto, con criterio empresario, Castro concedió prioridad en su gobierno a los problemas de la economía y de la llamada "industria madre" de San Juan. El mismo día de asunción de su mandato -19 de julio de 1895- obtuvo de la Legislatura la aprobación de una ley para "costear una comisión en Buenos Aires encargada de la propaganda y de velar por los intereses de la industria vitivinícola" tanto de la provincia de San Juan como de Mendoza. En ese sentido, hemos desarrollado un poco más los antecedentes de Castro en lo que a la vitivinicultura se refieren, al abordar el "boom vitivinícola", en el comienzo del próximo período histórico desarrollado en la tercera parte de esta obra.
Fue Castro también, con criterio progresivo, quien logró una exención de impuestos fiscales y municipales para el inmueble de la Sociedad de Obreros del Porvenir, donde se desarrollaba la tarea de formación de operarios y obreros especializados. 

Correspondió a Castro, además, la conexión del canal de Rincón Cercado al primer tramo de Santa Lucía, contribuyendo a enlazar la intrincada red de canales y ramos que conducen el agua, tan importante para San Juan. Asimismo, autorizó en diciembre de 1895 a la confección de un mapa general de la provincia, rectificando los existentes de acuerdo a los nuevos planos y relevamientos topográficos realizados. 

Dando un paso adelante en la institucionalización de los municipios departamentales, que venía planteándose desde hacía un tiempo, aunque sin resolverse definitivamente, promulgó la ley del 30 de diciembre de 1895, por la que se le confió el gobierno del municipio de la capital de San Juan a una comisión de tres vecinos que elegiría entre ellos a su presidente, que haría las veces de intendente municipal. 

Constreñido, sin embargo, al esfuerzo de la reconstrucción a raíz del terremoto y en el marco de una política recesiva que venía agudizándose desde la administración del antecesor Albarracín, el presupuesto de gastos estatales de 1896 fue reducido drásticamente, reduciendo "numerosos empleos y gastos autorizados por más de diez partidas del presupuesto de 1895" durante el gobierno de Morón.
Al finalizar su mandato, Justo Castro convocó a elecciones para gobernador, vicegobernador y representantes de la Legislatura provincial para el primer domingo de enero de 1896, coincidiendo esta elección con la de diputados nacionales en todo el país. Castro transfirió el gobierno a los electos Carlos Doncel y Abraham Vidart el 12 de octubre de 1896. Resultaron consagrados como diputados nacionales por San Juan el ingeniero David Chaves (que sería gobernador en un próximo período) y Carlos Echegaray (que había estado a cargo de la gobernación por la renuncia de Morón antes de la asunción de Castro como gobernador, demorada por una breve convalecencia).  

2. Los gobiernos de Carlos Doncel (segundo mandato) y de Abraham Vidart (1896 – 1899)
A Carlos Doncel y Abraham Vidart les tocó gobernar en pleno gobierno del conservador salteño José Evaristo Uriburu (cuyo hermano, Francisco Uriburu, era socio de Justo Castro en la exportación de vinos desde 1892 a través de la sociedad comercial Uriburu, Castro y Compañía). 

Para Peñaloza y Arias, si "Morón – Castro representaron el "acuerdo"", el doctor Carlos Doncel representó "la vuelta al roquismo". Exacta o no esta apreciación, lo cierto es que, como apunta H. Videla, "en el lapso que transcurre entre 1896 y 1902", abarcando los dos períodos que prosiguen en orden cronológico y que coinciden con el mandato nacional de José Evaristo Uriburu (1896 – 1898) y el segundo gobierno del general Roca (1898 – 1904), entre 1898 y 1904 en San Juan, "ningún mandatario concluyó su gestión ni cumplió su programa". En efecto, tampoco el doctor Carlos Doncel terminó su período de gobierno -como había sucedido ya con Morón- pues el 2 de mayo de 1898 se incorporó al Senado de la Nación, ocupando el cargo de Senador hasta concluir su mandato legislativo en 1907, práctica que se haría habitual dentro del sistema político de la época. 

Así, "San Juan acentúa como nunca una de sus características más negativas: desenvolverse en la transitoriedad permanente", a pesar de conservarse las formas republicanas. Ya no se manifiestan a nivel local "fermentos de inquietud social" y, mientras el sector que el historiador Videla llama ilustrado "es indiferente" y "el pueblo trabaja", con los cambios de gobernador a corto plazo se establece cierta "inestabilidad política, valla que se enfrenta a cualquier esfuerzo en favor de un progreso planificado".
La segunda gobernación de Carlos Doncel, en el decir del historiador, "no cuajó ni de cerca como Francisco y Emilio Civit en Mendoza o Justo Daract en San Luis en la figura de un mesías esperado, como también sucedió con Domingo Morón". 

Después de conformar su gabinete, en virtud de hallarse suspendida la vigencia de la ley orgánica del régimen municipal, Doncel designó intendente de la capital a Manuel P. Antequeda, "el funcionario más destacado en esa administración".

En un principio, Doncel se aplicó "a completar las estructuras orgánicas de la administración pública". Creó en su gobierno el Crédito Público de la provincia y amplió a cuatro miembros titulares y dos suplentes la Comisión de Vecinos Contribuyentes (hoy concejales), que elegían entre sus miembros al presidente del cuerpo o intendente. Pertenece a este campo la promulgación de la ley del 9 de diciembre de 1896, por la que se creaba otra vez, para que no quedaran dudas, la Dirección de Rentas de la provincia, establecida por Anacleto Gil en 1881 y por García en 1889.

No obstante, como hombre de Estado que era, si bien no realizó ninguna gran obra pública en su corto mandato entre 1897 y 1898, Doncel autorizó a construir las tomas de riego sobre el río Jáchal en los parajes Pachimoco y La Puntilla, y a prolongar hasta las playas del río San Juan las calles Rawson (actualmente Salta) y San Juan de Dios (ahora Las Heras), uniendo la ciudad de San Juan con el Cementerio municipal "dando origen a la umbrosa vía orlata de sauces, con bancos de piedra a sus costados llamada de la Paz". Para eso autorizó expropiaciones y el derecho de peaje, según el plan propuesto por el intendente municipal Manuel P. Antequeda. Así también, en la primera quincena de 1898 autorizó la construcción de un mercado de abasto para la ciudad, según planos y presupuesto del ingeniero Pedro P. Ramírez, que también sería intendente de San Juan. 

En cuanto a la macroeconomía provincial, como en la gestión de Valentín Videla y la de Anacleto Gil, con Carlos Doncel también, el fomento de la agricultura se concentró en la vid, con premios en dinero a la implantación de más viñas y con eximición de impuestos de las propiedades rurales en esas condiciones. Una ley del 15 de diciembre de 1896 promulgada por Doncel acordó la exención a la contribución directa a las fincas con nuevos viñedos. La lucha contra la filoxera, prohibiendo la introducción de papas, otros tubérculos y verduras del Litoral, fue otra de las medidas de Doncel en el rubro agrícola.

En cuanto a inmigración, el segundo gobierno de Doncel se ubicaría dentro del período que supo atraer a la provincia una inmigración masiva -distinta a la de la etapa fundacional: de 1562 al siglo XVIII; a la de transición: anterior a la de inmigración masiva de 1880 – 1943; o la posterior: de inmigración reciente-, aunque dicha inmigración masiva de fines del siglo XIX incidiría en las actividades productivas recién a comienzos del siglo XX, con los efectos políticos y sociales que eso generaría.  
Al recrudecer los problemas territoriales con Chile, y siguiendo a Julio A. Roca en su política de preservar la integridad del territorio argentino, el 15 de junio de 1897 Carlos Doncel obtuvo en las Cámaras la autorización para expropiar los terrenos que necesitaba el gobierno nacional para construir cuarteles y un polígono de tiro, al que debe su existencia el predio de Marquesado, donde funciona hasta la fecha el Regimiento 22 de Infantería de Montaña.

Promulgada la ley del 30 de diciembre de 1897 por la que se autorizaba la convocatoria a los propietarios concesionarios de agua de regadío de río y arroyos de la provincia a solicitar sus títulos de agua a la Inspección de Irrigación -demostrando la progresividad y seriedad controladora del liberalismo nacional juari-roquista todavía vigente-, el decreto reglamentario del 4 de febrero de 1898 fijaba un requisito excepcional, garantizando la seriedad de la reinscripción: los títulos de concesión serían firmados por el Gobernador, el ministro de Hacienda y el inspector de Obras Públicas e Irrigación. Pero la iniciativa afectaba tantos intereses y privilegios que sería derogada por el sucesor Abraham Vidart.

Ya prácticamente en los últimos meses de mandato, la venta de 1.570 has. del legado de Antonio Torres en el departamento 25 de Mayo por ley del 30 de diciembre de 1897, proveyeron fondos para comenzar la construcción en la ciudad de San Juan de la Escuela Antonio Torres, emplazada hasta hoy en pleno centro sanjuanino, en la esquina de Gral. Acha y Santa Fe. 

Como corolario de su administración, por decreto del 14 de enero de 1898, el gobernador Carlos Doncel autorizó la concurrencia de San Juan a la Exposición Nacional de 1898, símil de aquella otra de Córdoba en 1871 convocada por el presidente Sarmiento y la de 1885 del primer período presidencial de Roca.

Haciendo equilibrio entre su pasado roqui-juarista y su presente acuerdista, el más recordado legado del gobernador Carlos Doncel -tal vez sea por su visibilidad actual, además de su justicia histórica- fue la inauguración de la estatua de Fray Justo Santa María de Oro en la plaza 25 de Mayo, obra del escultor Lucio Correa Morales -primer gran monumento en la provincia (llamada en algún momento "la ciudad de las estatuas")-, cuya inauguración contó con el padrinazgo del resurgente general Mitre, representado en la ocasión por el doctor Segundino Navarro, prominente dirigente del Club Unión. 

Ya al final de su mandato, el 25 de febrero de 1898, después de treinta años de ejercer su prelatura, falleció el Obispo de Cuyo Fray José Wenceslao Achával (el cuarto después de Fray Justo Santa María de Oro), de pública amistad con el general Roca, quien lo había distinguido con la visita a su casa en 1885 al producirse la segunda venida del presidente tucumano a San Juan.  

Doncel renunció a la gobernación el 18 de abril de 1898 para ocupar una banca en el Congreso, y el 21 de ese mes lo reemplazó en el cargo Abraham Vidart -el vicegobernador-, fuerte comerciante de San Juan que completó el mandato. 

El gobierno de Vidart
Abraham Vidart nombró en Gobierno e Instrucción Pública al ex intendente Manuel P. Antequeda (que renunció antes del año) y en Hacienda y Obras Públicas al ingeniero Ramón Moyano (que también renunció). Después de las prematuras renuncias de los ministros mencionados, quedaría a cargo de ambas carteras el subsecretario de Gobierno, el periodista Nicanor Garramuño. 

Entre las principales medidas adoptadas por el nuevo gobernante, dado los intereses vulnerados, Vidart derogó la norma de Carlos Doncel en cuanto a estructuración de las reinscripciones a los regantes y prohibición de las de agua accidental; encomendó al ingeniero Carlos C. Cortínez la mesura de la meseta de Marquesado con destino a cuarteles, polígono de tiro y campo de maniobras, según el proyecto de su antecesor; y siguiendo con la instalación de monumentos inaugurada por su predecesor, nombró el 30 de junio de 1898 una comisión encargada de "erigir en Pocito una columna recordatoria de Aberastain en el lugar donde fue fusilado".

El 9 de diciembre de 1898, a causa del aumento de los caudales del río, se produjo la rotura del Dique Nivelador construido en la gestión de Domingo Morón, con el peligro cierto de inundar Desamparados y la ciudad de San Juan. Acababa de asumir el general Roca su segunda presidencia, y su ministro de Obras Públicas, Emilio Civit, comunicó al gobernador Vidart que la Nación se haría cargo de la reparación del Dique, obra que se encomendó al ingeniero José S. Corti. Las crecidas del río obligaron a efectuar incluso trabajos de contención en Cañada Brava para prevenir inundaciones futuras.

Otro asunto encarado por Vidart fue la construcción del Hospital Rawson, para la que se adquirieron terrenos en la Avenida San Martín (actual Avenida Rawson) y se comenzaron las obras. Asimismo, Vidart reglamentó la profesión de procuradores, escribanos y auxiliares de la Justicia, "que les impuso la obligación de rendir fianza, y la fijación de feriados en los Tribunales" durante Semana Santa y fiestas de guardar. Una ordenanza municipal del 3 de enero de 1899, prohibió llamativamente bajo pena de multas la circulación de bicicletas alrededor de la plaza 25 de mayo y veredas de la ciudad, pudiendo hacerlo solo después de la media noche.

Pronto a terminar su mandato, Vidart convocó a elecciones para renovar cargos gubernamentales y legislativos en la provincia. Ante cierta indiferencia pública, y con la concurrencia solamente del Partido Autonomista Nacional, sin oposición (dada además la dispersión del incipiente radicalismo que había apoyado a Juan Maurín en 1893), resultó electa la fórmula gubernamental David Chaves – Pedro Doncel, que asumió el mando de la provincia el 12 de mayo de 1899 "con una población que no les ofrecía apoyo ni adhesión".    
3. David Chaves y el gobierno paralelo de Pedro Doncel (1899 – 1902) 
El ingeniero David Chaves -afirman Peñaloza y Arias- hizo un gobierno técnico, dejando en manos del vicegobernador Pedro Doncel el aspecto político. En eso consistió en realidad "el gobierno paralelo" durante aquella gestión que ejerció intermitentemente, ausentándose de la provincia en varias oportunidades.

Después de nombrar a sus ministros, Narciso F. Laprida (descendiente del presidente del Congreso de Tucumán) en Gobierno e Instrucción Pública, y a Juan Cook, fuerte comerciante de la plaza, en Hacienda y Obras Públicas, Chaves designó la Comisión Municipal que eligió a Nicanor Garramuño, principal encargado del gobierno en el mandato anterior, reemplazado ante de los dos años de gobierno por Agustín Cabeza (ex Club del Pueblo).

Ingeniero egresado de la Escuela de Minas, riojano de origen y casado con una sanjuanina, demostrando la fluida interconectividad superestructural de los partidos (y del "régimen") después del acuerdo Roca-Mitre, Chaves había ocupado el ministerio de Hacienda y Obras Públicas en el gobierno de Alejandro Albarracín, para ser elegido en 1896 diputado nacional, hasta que fue elegido gobernador.

La obra de mayor proyección de su gobierno fue la reconstrucción del Dique Nivelador y la provisión de agua corriente a la ciudad de San Juan, tal como se había acordado en el gobierno anterior bajo promesa del gobierno nacional, ejercido por segunda vez por el general Julio A. Roca (1898 – 1904). Así también, a través de una ley del 25 de septiembre de 1900 se avanzó en la expropiación de los terrenos necesarios para el ensanche del Cementerio Público o para la construcción de uno nuevo destinado a la ciudad de San Juan y departamentos aledaños. Una tercera iniciativa importante quedó trunca: la reglamentación de la Medicina en la provincia, que al derogar la creación del Consejo Provincial de Higiene y el Tribunal de Medicina impidió concretar uno y otro intento.

Otra tentativa frustrada fue el contrato suscripto en agosto de 1899 con un concesionario privado para proveer de luz eléctrica a la ciudad de San Juan. Lamentablemente, la empresa privada "no cumplió con las cláusulas condicionantes de la concesión", asegura H. Videla, por lo que un decreto de Chaves del 3 de enero de 1900 dispuso "su caducidad por incumplimiento". 

Leyes del 19 de septiembre de 1900 y del 6 de agosto de 1901 permitieron respectivamente confiar las oficinas del Registro Civil a los jueces de paz de cada departamento y la dirección del Registro Civil al intendente municipal de la capital. Un decreto del 17 de julio de 1899 organizó la Oficina de Estadística, y una ley del 6 de noviembre del mismo año estructuró en forma orgánica el Crédito Público de la Provincia, muy comprometido por los empréstitos extranjeros. Por su parte, el 23 de diciembre de 1899 se declaró feriado provincial para los Tribunales en el mes de enero de cada año 

Antes de seguir adelante cabe señalar que, según apunta H. Videla, "la deuda externa y la deuda interna -representada esta última por las letras de tesorería incineradas periódicamente, pero crónicamente emitidas-, y una economía general estancada que no admitió nuevos ni más impuestos, conformaban un penoso cuadro económico financiero". No obstante, un convenio firmado con Otto Bemberg y Cia en representación de Louis Cohen y Sons, gestionado por los senadores sanjuaninos Domingo Morón y Carlos Doncel lograron "regularizar la atención del empréstito externo, aunque no impediría tener que recurrir al endeudamiento interno" para lo que, el 2 de octubre de 1900, ambas Cámaras autorizaron al Poder Ejecutivo "una emisión de títulos de la deuda pública por valor de cien mil pesos nominales, denominada empréstito escolar".  

Le cupo a Chaves finalmente, la oportunidad de inaugurar los monumentos de Salvador María del Carril y de Domingo Faustino Sarmiento, los dos pertenecientes al procerato unitario, aunque en ambos casos habían podido protagonizar -Del Carril como vicepresidente de la Confederación de Paraná y Sarmiento como Presidente de los argentinos, en el marco de un acuerdo nacional contra el candidato porteño de Mitre-, una excepción a esa condición non federal ni "provinciana" que ejercieron en otros importantes y decisivos momentos de nuestra historia.

En un marco político caldeado a medida que se acercaban las elecciones para renovar mandatos en 1902, en diciembre de 1901 -siguiendo la tónica prescindente ya mencionada- Chaves solicitó permiso para ausentarse a la Capital Federal, actuando desde ese momento su vicegobernador Doncel. 

La indiferencia habida hasta entonces en la sociedad local pareció desaparecer, y "la lucha contra el oficialismo fue tornándose bravía". Juan Maurín (del Club Juventud Liberal), que había sido derrotado en 1893, reorganizó sus fuerzas (integrada por algunos futuros radicales) en un nuevo partido: el Partido Constitucional, y se presentó a los comicios con el ingeniero Ramón Moyano como su compañero de fórmula. Por su parte, el "situacionismo" levantó la candidatura para gobernador del general Enrique Godoy (candidato del Club del Pueblo en la interna con Albarracín en 1889-1890 y finalmente diputado nacional), prestigioso militar y amigo de Roca, siendo acompañado en la fórmula como vicegobernador por Juan Balaguer.   

Los comicios del 5 de enero de 1902 tuvieron ribetes sangrientos. La muerte en Desamparados de José Echevarría, periodista y profesor de la escuela Normal, y otras seis víctimas fatales y heridos en Pocito en un enfrentamiento entre el oficialismo y la oposición fue el fruto de aquella jornada. Nuevamente derrotado por el candidato oficial, Juan Maurín abandonó la política, no así el ingeniero Ramón Moyano que lo había acompañado en la fórmula y que sería vicegobernador de Manuel José Godoy en 1905, antes de que fueran expulsados del gobierno por la revolución de febrero de 1907 consumada por el autodenominado Partido Popular.

El 12 de mayo de 1902, por un período de tres años, asumieron como gobernador y vicegobernador de la provincia el general Enrique Godoy y Juan Balaguer "portando la bandera del autonomismo nacional".

4. La gobernación del general Enrique Godoy y Juan E. Balaguer (1902 – 1905)
Una larga y exitosa carrera militar, por un lado, y la incursión en la política de mano de su jefe, el general Roca, igualmente militar y político -pertenecientes a una generación precursora de la generación militar y política nacional de 1940-, hacían la diferencia con muchos de sus comprovincianos "patricios", exentos de un conocimiento profundo de la realidad de su país y de sus habitantes. Dichas características habían convertido a Enrique Godoy en un hombre realmente preparado para la conducción del Estado y de su provincia, aunque su elección llegara en momentos de declinación del roquismo y de integración de éste con el "régimen". Porque no se debe confundir al roquismo con el "régimen", ni al patriciado provinciano con la oligarquía porteño-bonaerense antes de 1890, si bien después terminarían siendo una misma cosa -entre 1890 y 1916-, en un proceso contradictorio y para nada lineal, como suelen ser todos los procesos históricos.

Cabe consignar que el general Enrique Godoy no era un improvisado militar ni político. Era un sanjuanino integrante del ejército que se había nacionalizado en la guerra del Paraguay, que había apoyado a Sarmiento para la presidencia y que en su gobierno había sido enviado a combatir la sublevación de Ricardo López Jordán en 1870; había defendido a Avellaneda durante la revolución mitrista en el Litoral y Cuyo; había participado con Roca en la última etapa de la Campaña del Desierto y había estado en Puente Alsina, Barracas y los Corrales de Miserere con el gobierno nacional contra los porteños, en las batallas para capitalizar y federalizar a Buenos Aires y crear el Estado Moderno con Roca, participando posteriormente de las campañas patagónicas junto al legendario y a la vez "desconocido" general Villegas entre 1883 y 1886 con el propósito de integrar el sur plenamente al territorio nacional. Así había llegado a ser en 1887 ayudante general del Estado Mayor del ejército y personal examinador de la Escuela Naval Militar; había sido ascendido a general después de defender al gobierno nacional del cordobés Juárez Celman durante la "Revolución del Parque", siendo destinado a San Juan y Mendoza -como Benavides- como jefe de las fuerzas de línea y de la Guardia Nacional; y había alcanzado su máximo logro militar como jefe del Estado Mayor con la mayor jerarquía. 

A nivel político, Enrique Godoy sería diputado nacional por el Partido Autonomista Nacional entre 1884 y 1898 y reelecto para el período siguiente de 1898 – 1902. Así llegaba a la gobernación de San Juan, aunque tampoco completaría su mandato por haber sido designado en 1904 ministro de Guerra en el gabinete nacional del presidente Manuel Quintana (sucesor de Roca), para luego ser elegido senador nacional en 1907 en reemplazo del fallecido Manuel Morón (1906 – 1912), hasta completar su mandato. 

El primer acto de gobierno, y dada la situación vivida en los comicios que lo llevaron a la gobernación, Godoy decretó una amnistía general "amplia e irrestricta", cuyos beneficios alcanzaban ampliamente a oficialistas y opositores. En el mismo sentido de recuperar la calma y el tiempo perdidos, el nuevo gobernador mandó a realizar e inauguró el 25 de septiembre de 1904 el monumento a Francisco Narciso Laprida, el otro congresal que, con Fray Justo Santa María de Oro (que ya tenía su pedestal en la provincia), habían representado a San Juan en el Congreso de Tucumán de 1816. 
Las obras públicas del general Godoy se iniciaron con la construcción de los ferrocarriles industriales, llamados también urbanos, de acuerdo a los servicios que prestaban. El ferrocarril industrial y urbano, durante cuarenta años uniría, con dos o tres recorridos semanales (matutino y vespertino), la estación de San Juan con Desamparados, Marquesado, Pocito, Médano de Oro y Santa Lucía, con servicio de pasajeros. En tren de cargas disponía de desvíos por donde se introducían los vagones dentro de las mismas bodegas para recoger los productos de la industria vitivinícola que eran trasladados a destino. A su vez, el ferrocarril urbano permitía los viajes y visitas a los cuarteles de Marquesado, donde los jóvenes cumplían el servicio militar y donde se realizaban los desfiles patrios.

Siendo el ferrocarril tan importante para el intercambio y para la entonces única industria sanjuanina, la Legislatura autorizó a la Municipalidad de la ciudad a ceder gratuitamente al Estado Nacional los terrenos de calle San Luis y 25 de Mayo, entre las avenidas España y Las Heras, para dependencias de la estación terminal del ramal Serrezuela en San Juan, que luego sería el Ferrocarril Belgrano, hasta que el desguace del Estado en la década del ´90 del siglo XX hizo desaparecer los ferrocarriles y privó a las provincias y el país de esa herramienta fundamental para su desarrollo.  

La experiencia adquirida en los cuarteles en cuanto a higiene y salubridad, en la que el ejército jugó un papel muy importante en la detección y curación de enfermedades de los conscriptos que arribaban a sus cuarteles para hacer la "colimba" (también en su alfabetización y socialización), llevó al general Godoy a obtener el acuerdo de la Legislatura provincial para celebrar un contrato con el gobierno de la Nación para ampliar la provisión de agua corriente a la ciudad de San Juan, con obras complementarias al sistema existente, proyectadas por la Dirección General de Obras y Salubridad de la Nación por el ingeniero César Cipoletti. El contrato preveía la ejecución por parte de la Nación, en un plazo de tres años, de "cloacas domiciliarias con desagüe a cámara séptica", que significaba un verdadero progreso respecto al primitivo sistema de pozo ciego o pozo negro. Aunque la iniciativa quedó en suspenso al dejar Godoy la gobernación en 1904. 

Algo parecido sucedió con diversas concesiones a particulares para instalar establecimientos industriales o de servicios: fabricación de alcohol carborado, elaboración de pimientos molidos, explotación de productos derivados del azufre nativo, transportes fluviales, que quedaron "sin acreditarse nunca sus concesiones".
A la gestión del general Enrique Godoy corresponde la construcción de la segunda etapa del dique de la quebrada de Ullum. Si Rosauro Doncel y Agustín Gómez (pertenecientes a la generación del ’80, constructora del Estado Moderno en la Argentina) habían encarado la prolongación del Dique San Emiliano a partir de 1875, y Domingo Morón había realizado la construcción del Dique Nivelador en 1894 (que una crecida del río en 1898 obligó a Abraham Vidart a su reconstrucción), quedaba por realizar la obra del dique de Ullum, conocido como de la quebrada de Zonda.

El dique –"con una altura ligeramente inferior a la cresta de la actual represa de Ullum de casi 28 metros sobre el fondo de la quebrada"- servía para "proteger la ciudad de San Juan, ubicada pocos kilómetros aguas abajo" y pasó a llamarse dique Soldano en recuerdo de su proyectista, el ingeniero Ferruccio A. Soldano, como el dique Nivelador José Ignacio de la Roza pasaría a llamarse, por la misma razón, Cipoletti. Así también, por decreto del 3 de agosto de 1903, Godoy aprobó una partida del presupuesto "con destino a las defensas del río en la Cañada Brava, en los diques San Emiliano y de la Puntilla o Nivelador, y en las tomas de ambos Angaco y Caucete".

Merecen citarse, además, tres leyes de la legislación modernizadora godoyista: la ley orgánica municipal, la de matrícula de los profesionales y la ley electoral.
Cuando la ciudad capital y la Villa de San José de Jáchal eran las únicas conglomeraciones urbanas importantes en la provincia, Villa Aberastain (Pocito) y Villa Colón (Caucete) eran "incipientes villorios" y Villa Krause no había nacido, la ley orgánica municipal de 1902 de Enrique Godoy, superando los inconvenientes que habían debido sortear los intentos anteriores (de Anacleto Gil, de Carlos Doncel en sus dos mandatos y de Justo Castro), se orientó hacia "un sistema ecléctico de un intendente nombrado por el P.E. por un período de dos años, asistido por una Junta Asesora de cuatro vecinos contribuyentes en dependencia jerárquica del ministerio de Gobierno", que fue "la fuente inmediata del régimen municipal para la ciudad de San Juan establecido por la Constitución de 1927, vigente hasta la reforma constitucional de 1986".

La llamada ley de matrícula de ingenieros, agrimensores y arquitectos del 8 de enero de 1904 fue una norma que reglamentó ciertas carreras técnicas y dispuso crear un registro de las mencionadas profesiones, fijando los títulos habilitantes de cada profesión, los requisitos para la inscripción en el registro provincial (matrícula), delimitando los campos de cada una.

En cuanto a la ley electoral del 20 de enero del mismo año, dividió el territorio provincial en quince secciones, subdivididas a su vez en circunscripciones o distritos "donde funcionarían las mesas receptoras de votos". Sin llegar a la altura de la ley nacional de 1912 en cuanto a la obligatoriedad del voto y la libertad de sufragio, y con distintas preocupaciones en el año 1904, distintas a las de 1912, la ley electoral del general Enrique Godoy resultó sin duda un antecedente de la ley Sáenz Peña.

Fue también en el gobierno del general Godoy cuando, a instancias de Fray Marcolino Benavente, nuevo Obispo de Cuyo por la muerte de su antecesor, se construyó el monumento del Cristo Redentor, "emplazado en la línea limítrofe argentino-chilena a cuatro mil metros sobre el nivel del mar en una planicie situada a cien metros del hito del Portezuelo y a unos cincuenta de la ruta internacional de Las Cuevas" desde el lado argentino. De seis metros de alto y 350 toneladas de peso, el colosal monumento mira al noroeste en dirección a la frontera, "con una mano sostiene la cruz y con la otra bendice a ambos pueblos". 

El general Roca, sin declinar soberanía, había dado solución a ese conflicto centenario con los hermanos chilenos. La inauguración del monumento fue el 13 de marzo de 1904. Hablaron representantes eclesiásticos de los dos países: el obispo Ramón Ángel Jara, de Chile, y el canónigo Pablo Cabrera de Argentina, aunque tuvo la improvisada participación del Obispo de Cuyo, Mons. Benavente, quien, con espíritu sanmartiniano y o"higginiano, pronunció las palabras que finalmente quedaron impresas a los pies del monumento: "Se desplomarán estos montes antes que argentinos y chilenos rompan la paz jurada ante el Cristo Redentor de los Andes".

La economía, como apunta el historiador Videla, "con iguales características al interior del país en su crecimiento, sin relación al de la pampa húmeda a causa de la centralidad política ferroviaria y portuaria", mantuvo el impulso de la década del ´90 del siglo XIX en cuanto a la actividad privada -la vitivinicultura, sobre todo-, estimulada además por la creación del Banco de Crédito Agrícola, que el 14 de marzo de 1905 abrió su sucursal en Caucete.   
Solo siete meses faltaban para cumplir el mandato, cuando el vicegobernador Juan Balaguer sustituyó al general Enrique Godoy en la gobernación, al ser designado éste por el presidente Manuel Quintana (1904 -1910) como su ministro de Guerra, sucediendo al general Pablo Richieri, que había ejercido el cargo en la segunda presidencia del general Roca.

Asume el Vicegobernador
Aunque el godoyismo, por supuesto, tuvo continuidad con Juan Balaguer, sin embargo, con mayor debilidad que su antecesor, el nuevo gobernador cedió ante los particulares concesionarios de agua, aprobando el reglamento sobre concesión de agua accidental elaborado "precipitadamente" por la Inspección de Agricultura y Riego. Según plantea el historiador Videla, esta medida, que daba un giro de 90 grados sobre la restricción anterior, se fundamentaba en el acuerdo alcanzado con la oposición para presentarse con una fórmula única en los comicios de 1905, lo que da una pauta de la composición social de los acuerdistas.

Como en los gobiernos anteriores, no se escatimó apoyo a la vitivinicultura. Sin embargo, el mosto concentrado solo obtuvo del gobierno una excepción al "impuesto a los frutos del país" de solamente tres meses. Con todo, se realizaron diversas exenciones con el fin de apoyar la actividad económica privada: una ley de 1904 eximió a la Sociedad Cooperativa Vitícola del sellado correspondiente a la escritura de su contrato social, y otra al Banco de Crédito Agrario por las patentes fiscales por tres años. 

Cabe consignar que, mientras los fletes ferroviarios aumentaban en detrimento de la provincia -debido seguramente a la política económica del gobierno central del Dr. Quintana, cada vez más entregado a la influencia de la política inglesa en la Argentina-, la paradójica ley de impuesto a los frutos del país del 27 de febrero de 1905 fijaba nuevos impuestos, antes no contemplados, con perjuicio para "la pasa en bolsa o en envases menores, el mosto concentrado y la grapa, los descarozados y la semilla de alfalfa, el kilogramo de cuero de animal vacuno, mular o yaguarizo, y el kilogramo de cerda o lana, entre otros". Recordemos que Hipólito Yrigoyen le opuso resistencia a la llegada del gobierno del Dr. Quintana con "la revolución de 1905". 

A Juan Balaguer corresponde, no obstante, el mérito de sacar a los funcionarios gubernamentales del incómodo lugar de las casas arrendadas a particulares diez años antes -¡durante diez años!- debido al terremoto de 1894, y retornar a las oficinas del "bello edificio de plaza 25 de mayo". Ello fue logrado finalmente a través de una importante inversión de 12.616 pesos que permitió terminar la reconstrucción y los arreglos de la Casa de Gobierno sanjuanina, muy deteriorada por el impactante sismo de la década pasada. Y aunque ni las finanzas ni la economía pudieron experimentar cambios sustanciales en su administración, el 4 de mayo de 1905, Balaguer aprobó también el contrato suscripto por la provincia con el ministro de Obras Públicas de la Nación durante la gestión del general Godoy para "la construcción de cloacas domiciliarias a cámara séptica" en la ciudad de San Juan.