"Es un tema de derecho internacional": experto sanjuanino sobre la baja de edad de imputabilidad

El debate sobre la reducción de la edad de imputabilidad en Argentina ha vuelto a la agenda pública con el reciente envío de un proyecto de ley por parte del Gobierno nacional, esta semana. Este proyecto busca reducir la edad de imputabilidad a los 13 años y establece un nuevo Régimen Penal Juvenil. La iniciativa no es nueva en el ámbito legislativo, ya que anteriormente la diputada nacional por San Juan, Nancy Picón, también presentó un proyecto con la misma intención. Sin embargo, estos proyectos provienen de diferentes partidos políticos, lo que podría generar un debate sobre la unificación de los mismos en la Cámara de Diputados.

Este martes, el Gobierno nacional giró a la Cámara de Diputados un proyecto que establece una pena máxima de 20 años y prohíbe la reclusión perpetua para adolescentes que cometan delitos tipificados en el Código Penal. Según el oficialismo, es necesario bajar la edad de imputabilidad porque "los delitos cometidos por menores de 16 años quedan impunes, generando una situación de injusticia percibida tanto por las víctimas como por la sociedad en general". Para entender mejor las implicancias de esta iniciativa, Zonda Diario dialoga con el Dr. Fernando Castro, Presidente de la Asociación Sanjuanina de Abogados Penalistas (ASAP) y voz autorizada en materia de derecho juvenil.

El contexto legal Internacional

"El tema de la baja de edad en la imputabilidad no es un tema del derecho interno. Es un tema de derecho internacional. Argentina está en la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, la cual está ratificada y adherida por nuestro país. Una de las características de esta convención internacional que es la que está aprobada casi por todo el mundo salvo por Estados Unidos, es que cada estado que se adhiera a la convención debe informar al comité internacional sobre los derechos del niño cuál es la edad mínima requerida para que una persona ingrese al sistema penal", indica el Dr. Castro.

Según explica Castro, en los años 90, cuando Argentina adhirió a la convención, la edad mínima de imputabilidad se estableció en 16 años, acorde con la ley vigente en ese momento. Para modificar esta franja etaria, Argentina tendría que consultar al comité internacional y demostrar que han variado las condiciones criminológicas del país.

Implicaciones y responsabilidades internacionales

¿Qué consecuencias podría enfrentar Argentina si aprueba esta ley sin cumplir con los compromisos internacionales?

"Si sacan una ley y esta no respeta los derechos internacionales del niño y la convención, Argentina puede ser objeto de responsabilidad ante la comunidad internacional. Es un tema delicado y me parece que las personas que están tratando este tema no han sido correctamente asesoradas. Están desconociendo el derecho internacional y eso es algo muy grave".

De acuerdo a lo señalado por Castro, si esto avanza,  Argentina podría ser sancionada y perder apoyo internacional en temas de protección infantil. También enfrentaría bloqueos legales y otros tipos de sanciones por parte de organismos como UNICEF o UNESCO. Todo esto se da porque esta convención tiene un carácter "vinculante " o sea que lo que se dictamina es "obligatorio", explica el letrado. 

"En este caso se aplica el derecho de tratados y cada Estado se hace responsable de respetar los lineamientos básicos al momento de ratificar esta convención. Argentina, en el momento que adhirió, ratificó el pacto con esa franja etérea. La única manera en que puede alterarse es primero consultando al Comité Internacional sobre los Derechos del Niño acerca de la posibilidad de reformas y para eso deben acreditar ante este comité que han variado las condiciones criminológicas del país. Argumentando que esto es necesario. No es algo que pueda definir el Congreso ahora, según mi opinión", detalla. 

La situación del sistema carcelario y los menores

En el caso de que la convención aprobara la modificación, ¿qué pasa con el sistema carcelario y los menores?

"Argentina, cuando se adhiere a este pacto, también asume la obligación de modificar toda su estructura legal y material para poder responder a la situación de los niños que ingresan al sistema penal.  Y obviamente, si una provincia no cumple con esos lineamientos, estamos frente a un posible problema internacional".

¿Se ha consultado al comité internacional o a expertos antes de presentar el proyecto de baja de edad de la imputabilidad?

"No se ha hecho. Es más, ninguno de los países que han adherido a este pacto internacional han modificado ni para la baja ni para la alta esta cuestión. Todos han conservado su palabra".

El debate sobre la reducción de la edad de imputabilidad en Argentina no solo es una cuestión de política interna, sino que tiene implicaciones profundas en el ámbito internacional. Según el Dr. Fernando Castro, la falta de consultas adecuadas y el desconocimiento del derecho internacional podrían acarrear graves consecuencias para el país. Es esencial que los legisladores consideren todos los aspectos legales y las responsabilidades internacionales antes de proceder con este tipo de reformas.

El penal puede desatar un problema internacional en San Juan

El sistema penitenciario actual, especialmente en provincias como San Juan, no cumple con los estándares necesarios para el alojamiento de menores. El director del Servicio Penitenciario Provincial, Enrique Delgado, admitió en una nota a Zonda Diario que el penal de Chimbas no cumple con las características nacionales e internacionales para el alojamiento de los reos, aunque destacó la labor del personal para suplir la deficiencia edilicia.

"Si alguien hace una denuncia ante el Comité Internacional de los Derechos del Niño o ante la Comisión de Derechos Humanos del Pacto de San José de Costa Rica (en el caso de los reos mayores de edad), estamos en problemas. Si llega a constituirse una comisión especial en la provincia de San Juan para investigar la situación de los alojamientos de los menores en el sistema carcelario y ven un sistema donde se mezclan adultos con menores o  mayores que se están viviendo situaciones paupérrimas, eso da lugar a sanciones internacionales. Incluso se pueden dar hasta cuestiones penales para los funcionarios que han incumplido sus funciones", advierte.