El Gobierno presenta el cronograma de distribución de los alimentos guardados en depósitos
El juez Sebastián Casanello había ordenado sumar una lista de stock y entrega de los productos almacenados.
En el centro de una creciente controversia por la retención de alimentos en depósitos ministeriales, el Gobierno argentino se enfrenta a una orden judicial contundente que podría tener consecuencias legales significativas. La Justicia, representada por el juez federal Sebastián Casanello, ha determinado que el Ministerio de Capital Humano debe entregar tanto el inventario completo como el cronograma detallado para la distribución de productos almacenados en dos ubicaciones clave: Villa Martelli y Tafí Viejo.
La fecha límite para cumplir con esta disposición judicial vence este lunes, una medida que fue confirmada de manera unánime por la Sala II de la Cámara de Apelación, integrada por los jueces Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico. Este fallo representa un revés significativo para la cartera dirigida por Sandra Pettovello, que había impugnado inicialmente la orden del juez Casanello.
Fuentes dentro del Ministerio de Capital Humano informaron a TN que el cronograma solicitado será entregado mañana temprano en sede judicial, a pesar de las críticas previas expresadas por la abogada Leila Giani, quien había cuestionado la injerencia judicial en las políticas públicas del gobierno de Javier Milei. La negativa a cumplir con la orden judicial podría resultar en acusaciones de desobediencia, un delito penal en Argentina.
El conflicto se intensificó tras declaraciones de Juan Grabois, líder de Patria Grande, quien inició la causa legal acusando a la ministra Sandra Pettovello de malversación, incumplimiento de deberes de funcionario público, abuso de autoridad y negligencia. Grabois fundamentó su denuncia en la retención injustificada de aproximadamente 6 millones de kilos de alimentos en los depósitos mencionados.
Una de las acciones más controvertidas del Ministerio fue la distribución de leche próxima a vencer a la fundación CONIN a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), una movida que generó críticas generalizadas. Según Grabois, esta medida fue una estrategia para eludir el requerimiento judicial de presentar un plan de distribución de alimentos.
En respuesta a la acusación, el gobierno argumentó haber cumplido parcialmente con las demandas judiciales, aunque el juez Casanello consideró insuficientes las acciones tomadas hasta ahora. En su resolución, el magistrado subrayó que algunas acciones en el plan de distribución ya debían haber sido ejecutadas, lo que refuerza la urgencia de una respuesta detallada y completa por parte del Ministerio.
