Aseguran que Argentina es de los más avanzados en erradicar el trabajo infantil
Los que completan el ranking son Colombia, Ecuador, Costa Rica, Honduras y Guatemala.
La región aborda el mes internacional de la erradicación del Trabajo Infantil con países como Bolivia, Guayana y Nicaragua, que han avanzado poco hacia el cumplimiento de la meta de las Naciones Unidas en su Agenda 2030 de eliminar la propensión al trabajo doméstico y/o en actividades económicas en niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años.
En cambio, nuestro país, junto a Colombia, Ecuador, Costa Rica, Honduras y Guatemala, ha sido reconocido por la OIT como uno de los que más ha avanzado en esa dirección. No obstante, el Barómetro de la Deuda Social de la Infancia de la Universidad Católica Argentina (UCA) contabilizó 1,3 millones de menores involucrados en trabajo infantil durante el segundo semestre de 2022, siendo el sector agropecuario el principal responsable de la explotación de menores de 16 años en actividades económicas y domésticas intensivas.
A estos niños y niñas se les hace desempeñar tareas riesgosas y se les priva del derecho a la educación.
El trabajo doméstico, como limpiar, lavar, planchar y cuidar a los hermanos, sea o no remunerado, suele estar asociado con el abandono escolar y provoca que cuatro de cada diez chicos/as que trabajaban tuvieran déficit educativo en los seis años previos.
También se observan irregularidades en talleres textiles y, en ocasiones, casos de trata de personas. El observatorio social de la UCA estima que el trabajo infantil involucra a casi el 15 por ciento de la población entre los 5 y 17 años.
Sin embargo, entre 2022 y 2023 solo se abrieron 18 causas por denuncias, ya que los afectados son niños, niñas y adolescentes, y muchas veces las propias familias, sumidas en la pobreza, también son víctimas del mismo trabajo esclavo.
Existe una figura legal que castiga el trabajo infantil, incorporada al Código Penal en 2013 (artículo 148 bis), que prevé de uno a cuatro años de prisión.
Según la norma, se castiga a quien "aprovecha económicamente el trabajo de un niño o niña en violación de las normas nacionales que prohíben el trabajo infantil, siempre que el hecho no importare un delito más grave".
Las madres, padres y tutores no son punibles porque suelen estar igualmente sometidos. En Argentina ha habido más ruido mediático que intervenciones judiciales sobre este tema.
El caso más resonante fue el enfático repudio de la provincia de Buenos Aires a las declaraciones del diputado de La Libertad Avanza Alberto Benegas Lynch, quien expresó que "libertad también es no querer mandar a tu hijo al colegio porque lo necesitás en el taller". Lo acusaron de violar la Ley de Educación Nacional 26.206, que dispone la obligatoriedad de la educación en nuestro país.
"En lo que respecta al trabajo infantil como problemática social y, en consecuencia, como asunto del Estado y sus políticas públicas, es necesario afirmar el compromiso de la sociedad en su conjunto para abordar el tema integralmente, considerándolo un flagelo social que no debe naturalizarse", resaltó el comunicado oficial.
