Un análisis desde la perspectiva económica de Eduardo Coria Lahoz

El Senado de la Nación ha aprobado recientemente la controvertida Ley de Bases, un hito legislativo que, sin embargo, todavía debe regresar a la Cámara de Diputados para una revisión adicional. En este contexto, el economista sanjuanino Eduardo Coria Lahoz ha ofrecido un análisis crítico sobre las implicancias de la ley y sus potenciales consecuencias para la inversión.

Coria Lahoz subraya que la ley, en su esencia, busca eliminar trabas que obstaculizan la producción, contratación y exportación en el país, lo cual en términos generales es positivo. Sin embargo, advierte que la implementación de ciertas disposiciones podría generar serias distorsiones económicas. Por ejemplo, la eliminación de aspectos impositivos y la introducción de cambios en el Senado que previamente habían sido aprobados por la Cámara de Diputados, sugiere una falta de coherencia en la legislación.

Uno de los puntos más discutidos por Coria Lahoz es el régimen de incentivos a grandes inversiones-RIGI-. A simple vista, este régimen es atractivo porque permite a los inversores operar con beneficios similares a los de países desarrollados, eliminando impuestos y aranceles para importaciones, y ofreciendo libre disponibilidad de divisas. No obstante, este régimen solo aplica a inversiones superiores a los 200 millones de dólares, lo cual excluye a numerosas pymes que no pueden acceder a estos beneficios, generando una reasignación de fondos.

El economista argumenta que esta segmentación por tamaño de inversión es perjudicial. "Debería haber sido segmentado por sector de la economía y no por tamaño", sostiene. Esto significa que pequeñas y medianas empresas, vitales para sectores como el minero, donde predominan las grandes empresas con numerosos proveedores pymes, quedan fuera de los beneficios, debilitando así el Producto Interno Bruto (PIB) y el crecimiento económico general.

Además, Coria Lahoz destaca que la ley todavía no ha atraído a ningún inversor significativo, en gran parte debido a la incertidumbre jurídica y económica que persiste en el país. A pesar de la aprobación en el Senado, la falta de claridad y las modificaciones constantes desalientan a los inversores potenciales que, en lugar de apostar grandes sumas, prefieren inversiones menores y de corto plazo hasta ver cómo evolucionan las condiciones.

"El proceso de inversión, que podría llevar uno o dos años, termina transcurriendo en ocho o diez años", lamenta Coria Lahoz, quien también critica la forma en que se manejó la aprobación de la norma.

Finalmente, el economista sanjuanino concluye que, aunque la Ley de Bases tiene intenciones muy buenas y puntos positivos, su implementación actual presenta grandes desafíos y potenciales fallos. La falta de una visión integral y la segmentación incorrecta de los incentivos podrían retrasar significativamente el desarrollo económico que tanto necesita Argentina. En un escenario global competitivo, la nación debe mostrar estabilidad y mejores condiciones.