Un escándalo que pone bajo la lupa la gestión del exintendente García y a la Corte de Justicia
La resolución de la Justicia que obliga a pagar 370 millones de pesos a Rawson por la expropiación de la exbodega, puede originar accionar penales contra el exjefe comunal, Rubén García, y algunos de sus funcionarios. También incidiría en la megacausa de las Expropiaciones.
El escándalo por el monto de dinero que debe pagar la Municipalidad de Rawson, cerca de 370 millones de pesos, por la expropación de la exbodega La Superiora, pone bajo la lupa a la gestión del exintendente rawsino, Rubén García, y a la propia Corte de Justicia de la provincia.
El actual intendente de Rawson, Carlos Munisaga, sostuvo que "existen pocas instancias, ya que todas las sentencias están firmes" para evitar pagar ese importante monto de dinero, algo que dejaría en una situación muy complicada a las arcas municipales.
En el programa de Lila Cosma, que se emite por Telesol, Munisaga señaló que existen "responsabilidades profesionales", en alusión a la actitud negligente de Pablo Manzur, asesor letrador del Muncipio durante la gestión de Rubén García, "pero también responsabilidades políticas", en clara referencia al accionar del jefe comunal entre 2019 y 2023.
Ante el fallo de la Corte de Justicia de San Juan, en marzo de 2023, que ordenaba realizar una nueva tasación del terreno cuando ya existía una de 2017, y la decisión del Juzgado de origen, que se vuelve a tasar el inmueble, tanto García como Manzur miraron para otro lado.
"Ante el fallo de la Corte, el intendente García debería haber instado a la interposición del Recurso Federal porque esa resolución perjudicaba al Municipio. Luego, cuando se realizó la nueva tasación del terreno en 2023, tampoco hicieron nada", le dijo Munisaga a Cosma, mostrando su indignación por "lo mal defendido que estuvo el Municipio".
Munisaga adelantó que iniciará acciones penales "contra todos las personas que tendrían que haber defendido los intereses de Rawson y no lo hicieron"
Consultado sobre la decisión del máximo tribunal de Justicia local de ordenar una nueva tasación del terreno, el intendente de Rawson sostuvo que "llama la atención que exitiendo una tasación del año 2017, la Corte ordené realizar una nueva", aunque agregó: "No estoy para hacer Justicia, sino para defender los intereses de los vecinos de Rawson".
Esa sentencia de la Corte de Justicia, firmada por la Sala II, integrada por Marcelo Lima, Daniel Olivares Yapur y Adriana García Nieto, podría echar por tierra la Megacausa de las Expropiaciones Fraudulentas contra el Estado Provincial, causa que está en debate oral y público, y fue promovida por el actual cortista Guillermo De Sanctis, cuando ocupaba el cargo de fiscal de Estado.
En dicho fallo, los cortistas se apartan del criterio jurisprudencial, que se utilizó en la Megacausa de las Expropiaciones para imputar a los acusados, y resuelven que se tase el terreno a valores actuales, más allá de los intereses que corrían desde el año 2017 cuando se realizó la tasación de La Superiora.
Según este criterio, el Municipio de Rawson le debe pagar a la sociedad que presentó la demanda, conformada por Matías y Cristian Pallito, el primero juez, el segundo un empresario relacionado con el ex gobernador Sergio Uñac, la suma de 370 millones, de los cuales 220 millones corresponden a la nueva tasación del terreno y el resto a intereses.
La Causa
Siguiendo todos los pasos legales, la administración municipal de Juan Carlos Gioja expropió en 2012 la exbodega La Superiora con el objetivo de hacer allí un Complejo Deportivo y Cultural, y destinar una parte al Museo Mariano Gambier.
Luego de declararlo de utilidad pública por el Concejo Deliberante, el Municipio pagó los 5.800.000 pesos, cifra que determinó el Tribunal de Tasaciones de la Provincia.
La Sociedad Anónima conformada por los hermanos Pallito se sintieron afectados por la tasación y presentaron una demanda porque consideraban que el inmueble tenía un precio mayor. Se realizó una nueva tasación y se fijó un valor de 6.800.000 pesos. Es decir que faltaba pagar un millón a lo que depositó en un primer momento el Municipio.
La causa siguió hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia local, que en marzo de 2023 ordenó realizar una nueva tasación del terreno que se fijó en 220 millones, debiendo pagar el Municipio ese monto más 150 millones por intereses.
Ante dichas resoluciones, la gestión municipal que encabezó Rubén García no hizo nada para oponerse a la resolución judicial.
