"Pornogate": Trump es declarado culpable por el delito de falsificación de documentos
Fue para silenciar a una actriz porno y proteger su carrera presidencial en 2016. El fallo tendrá un alto impacto político en medio de la campaña electoral.
Por primera vez en la historia, un ex presidente de Estados Unidos fue declarado culpable de un delito penal. Un jurado de Nueva York ha emitido su veredicto, declarando a Donald Trump culpable de falsificar asientos contables para encubrir un escándalo sexual en su campaña electoral de 2016, un hecho que sacudió la esfera política y legal del país.
Después de dos días de intensas deliberaciones, los doce miembros del jurado, encerrados y analizando minuciosamente los testimonios presentados en el juicio contra el ex presidente y actual candidato republicano, llegaron a una conclusión unánime: Trump es culpable de 34 cargos por ocultar pagos a la actriz porno Stormy Daniels, destinados a silenciar su testimonio sobre una relación sexual mantenida en el pasado, mientras él estaba casado con Melania.
El veredicto fue leído en la corte de Manhattan, donde Trump había sido juzgado desde el 15 de abril. El magnate recibió la noticia con semblante adusto, mirada baja y un gesto de negación. Previamente, a través de su red social Truth Social, Trump había denunciado el proceso como una "caza de brujas política e inconstitucional", aunque el veredicto parecía no haberlo sorprendido.
La sentencia, programada para el 11 de julio, podría acarrear hasta cuatro años de cárcel para Trump, aunque es probable que reciba libertad condicional y apele la decisión, lo que prolongaría el proceso legal. Sin embargo, este veredicto marca un hito en la historia de Estados Unidos al ser el único de los cuatro casos penales contra Trump que probablemente llegue a juicio antes de las elecciones presidenciales.
La repercusión política no se ha hecho esperar. Biden, rival político de Trump, respondió en Twitter: "Hay una sola manera de dejar fuera a Trump de la Casa Blanca: en las urnas". Mientras tanto, el impacto en la campaña electoral es impredecible, ya que la Constitución estadounidense no prohíbe que un candidato condenado ejerza la presidencia, incluso desde la cárcel.
