En Salta le cobrarán atención sanitaria a los extranjeros no residentes
El Ejecutivo provincial argumentó que la medida es para "garantizar la solvencia del sistema público de salud". La atención en casos de emergencia estará asegurada y no deberá ser abonada.
El gobierno de la provincia de Salta, liderado por el Gobernador Gustavo Sáenz, anunció la implementación de un arancelamiento en la atención sanitaria para aquellos extranjeros que no residan de manera permanente en Argentina. La medida fue oficializada a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 129/2024, firmado por el propio Gobernador.
La disposición afecta a extranjeros que se encuentren en el país de forma temporal, ya sea por motivos de vacaciones o con una residencia precaria o no permanente. Según el documento, en situaciones de emergencia, la atención sanitaria estará garantizada y exenta de pago, aunque la provincia se reservará el derecho de percibir los gastos posteriores generados por dicha atención urgente.
El Gobernador Sáenz argumentó que esta medida busca que "los extranjeros contribuyan a solventar los gastos que genera su atención sanitaria" en los centros de salud provinciales. Fuentes del gobierno salteño señalaron que la decisión tiene como objetivo asegurar la solvencia del sistema de salud público ante la crisis económica del país y la reducción de transferencias nacionales.
"Resulta necesario adoptar medidas para racionalizar eficientemente los recursos disponibles", indicaron desde el ejecutivo provincial, haciendo referencia al encarecimiento de insumos, medicamentos y elementos necesarios para garantizar la atención sanitaria.
Las autoridades provinciales también denunciaron la existencia de "tours sanitarios" desde distintos países, que ofrecen atención en hospitales del sistema público provincial, generando tratamientos prolongados y de alto costo, así como cirugías, cesáreas y operaciones programadas.
Dada la ubicación geográfica de Salta, limitando con Chile, Bolivia y Paraguay, la provincia recibe habitualmente un gran número de personas extranjeras que buscan atención sanitaria. La medida, que ha generado polémica, busca equilibrar la carga económica asociada a la prestación de servicios de salud a la población no residente.
