Entre un código de minería vetusto y una ágil administración local

La necesidad de ofrecer seguridad jurídica a los inversores de proyectos mineros impone actualizar la legislación. Así también hacer más eficiente y menos burocráticos algunos organismos del Estado como AFIP.

A mi modo de ver el gran problema que tiene en la actualidad la minería moderna es que se encuentra encorsetada en un Código de Minería vetusto que data de 1887", dijo el especialista en derecho societario y asesor de empresas Ricardo López.
López, si bien reconoce que se introdujeron varias reformas a aquel andamiaje legal del siglo XIX, señala que "aún conviven normas del 'viejo' código con las modificaciones, las que si bien intentan modernizar, no han sido suficientes para dinamizar el procedimiento con el objeto de admitir el reconocimiento e inclusión de modernas técnicas de exploración que permitan a las empresas interesadas avanzar rápidamente hacia una exploración minuciosa, focalizada, menos invasiva e intensiva para cuantificar recursos o, por el contrario, a desechar el área de reconocimiento pedida y liberarla".

Proteccionismo ambiental

El abogado – que es, además, titular de la cátedra de Derecho Societario de la UNSJ- plantea también una visión crítica sobre otros aspectos. "Tampoco ayudan leyes como la 26639, (de Glaciares) que ha desalentado varios proyectos en alta cordillera, ni la burocracia exasperante de los entes de recaudación (AFIP) cuya demora en la devolución de IVA a las empresas mineras, bajo burdos pretextos, es un freno a las inversiones".
Así también observa con preocupación algunos planteos de sectores ambientalistas. "Otro problema, no menor, está dado en la resistencia de grupos de habitantes cercanos a las áreas de exploración, fundados en problemas ambientales y muy especialmente en un recurso escaso en nuestra tierra como lo es el agua", comenta Ricardo López.

Frente a esto, Lópéz valora que "en la actualidad la provincia de San Juan promueve firmemente la inversión minera, prueba de ello lo dan los grandes proyectos que se desarrollan y otros en etapa de exploración". Así como también que "además, la población, en su gran mayoría, es amigable para con la actividad minera".
López señala que en conjunto con las autoridades locales las empresas mineras han realizado inversiones importantes y, con esto, han ayudado al desarrollo de las comunidades cercanas a los proyectos, ya sea con infraestructura, educación, trabajo con mano de obra local, lo que permitirá que una vez finalizado el proyecto las zonas aledañas al mismo puedan verse favorecidas por la intervención de las empresas".

Ministerio eficiente

También destaca como positivo que "de un tiempo a esta parte, la modernización del Ministerio de Minería en sus diversas áreas, ha permitido agilizar el trámite de los expedientes en los cuales se tramitan los diferentes derechos mineros, además de arrojar certeza al localizar o relocalizar propiedades mineras actuales y antiguas mediante en el catastro digitalizado al cual se tiene libre acceso. De hecho, en el año 2019 volvieron a realizarse mensuras luego de aproximadamente 12 años sin que ello sucediera".
Según el especialista, no debemos desconocer que la gran mayoría de las empresas que exploran y/o explotan la actividad se asientan en inversores extranjeros, sociedades que generalmente cotizan en las bolsas de comercio de distintos países y están sujetas a rigurosos controles debiendo informar periódicamente a sus socios y a los entes de contralor respecto al avance de los proyectos y la factibilidad, entre otros temas. "De estos informes, por lo general, depende la magnitud de las inversiones que los socios autoricen, por ello es de suma importancia que la información esté disponible en forma transparente y ágil. Las inversiones mineras implican un gran desembolso para las empresas, especialmente en la etapa de exploración y pre factibilidad, y si el recurso encontrado no tiene la magnitud que se pretende, el dinero volcado a ello no tiene retorno; si a ello le sumamos una legislación desfasada en el tiempo y entes recaudatorios parsimoniosos a la hora de restituir lo que corresponde por lo invertido, los inversores buscarán otros horizontes".

A modo de conclusión, Ricardo López propone avanzar "en el dictado de un nuevo Código de Minería adecuado a la moderna exploración y explotación; establecer reglas de juego claras, con una legislación apropiada que incentive la inversión; tener personal capacitado en las distintas reparticiones ministeriales; darle una mayor difusión a las actividades e inversiones comunitarias que realizan las empresas; realizar controles ambientales con elementos y medios idóneos que aseguren la correcta exploración y explotación llevando tranquilidad a la comunidad; así como también instruir a los órganos de recaudación para agilizar las devoluciones de IVA".