La crisis institucional y judicial que atraviesa el departamento Angaco sumó un nuevo y explosivo capítulo. El presidente del Concejo Deliberante, Alberto De los Ríos, presentó una denuncia penal contra el fiscal titular de la UFI Delitos Especiales, Dr. Francisco Nicolía, y contra el vicepresidente del cuerpo deliberativo, Arq. Andrés M. Olivera, a quienes atribuye presuntas conductas que podrían configurar los delitos de coacción y abuso de autoridad.
La presentación fue realizada el 11 de agosto de 2026 ante la Unidad Fiscal de Delitos Especiales y lleva también la firma de la secretaria administrativa del Concejo, Valeria Elizabeth Olivera, con el patrocinio letrado del abogado Leonel García.
La denuncia, a la que tuvo acceso exclusivo Zonda Diario, incorpora como elementos de prueba audios de WhatsApp, capturas de pantalla y actas notariales con las transcripciones de los mensajes de voz, que, según los denunciantes, demostrarían una supuesta presión ejercida sobre personal del Concejo para obtener documentación vinculada con una investigación penal.
El origen del conflicto: de la maquinaria municipal a una nueva causa penal
Para entender el nuevo enfrentamiento es necesario retroceder al origen de la causa que involucra al intendente de Angaco, José Castro.
El jefe comunal fue investigado por el presunto uso irregular de maquinaria municipal en terrenos privados durante una etapa anterior de su gestión. En el marco del conflicto, Castro habría alcanzado un acuerdo con un sector de los concejales que contemplaba una reparación económica y la homologación de lo actuado.
Sin embargo, esa salida fue cuestionada desde el ámbito judicial. La Fiscalía entendió que el acuerdo económico no necesariamente neutralizaba la eventual existencia de delitos contra la administración pública.
A partir de allí se inició una nueva investigación, identificada como Legajo MPF-SJ-04919-2026, “Actuaciones por denuncia de Gerarduzzi Silvina E/P de la Administración Pública”, que alcanzó directamente al presidente del Concejo Deliberante, Alberto De los Ríos, y a los concejales Roberto Carlos López y Luis Alejandro Paredes.
Pero ahora el conflicto dio un giro inesperado: quienes aparecen denunciando una presunta presión vinculada con esa investigación son precisamente autoridades del Concejo.
El audio que encendió la polémica
Uno de los principales elementos incorporados a la denuncia son los mensajes de voz enviados por el concejal Andrés Olivera a la secretaria administrativa del cuerpo deliberativo.
Según consta en la presentación, el 7 de agosto Olivera solicitó con carácter urgente copias certificadas de las Actas N.º 2013 y N.º 2014 del Concejo Deliberante.
En la nota presentada habría señalado que el pedido respondía a un requerimiento efectuado por el fiscal Francisco Nicolía.
Sin embargo, la controversia no estaría centrada solamente en la solicitud de documentación, sino en la manera en que, según los denunciantes, se habría exigido su entrega.
En uno de los audios transcriptos en el acta notarial se escucha:
“Él me dijo que si yo no llevaba esa acta, yo tengo que llevar una denuncia como no he recibido esa información de parte de ustedes... Si no te venís con el acta, te venís con la denuncia”.
De acuerdo con la denuncia, Olivera habría manifestado que el fiscal Nicolía le había indicado telefónicamente que debía conseguir la documentación de manera inmediata y que, si no se entregaban las actas, debía formularse una denuncia contra las autoridades administrativas del Concejo.
Los denunciantes consideran que esta situación podría haber convertido al concejal en una suerte de intermediario de una exigencia fiscal, utilizando la posibilidad de una denuncia penal como mecanismo de presión.
¿Hubo un pedido formal de la Fiscalía?
Otro de los puntos centrales planteados en la presentación está relacionado con el procedimiento utilizado para solicitar las actas.
La defensa de De los Ríos sostiene que el artículo 212 del Código Procesal Penal de San Juan habilita a los fiscales a requerir información a organismos públicos, pero cuestiona que ese requerimiento pueda canalizarse informalmente a través de un concejal que no se encuentra imputado en la causa.
Según la denuncia, en los libros de Mesa de Entradas del Concejo Deliberante de Angaco no existiría constancia del ingreso de un oficio judicial formal emitido por la UFI Delitos Especiales solicitando las actas.
Ese punto es considerado por los denunciantes como un elemento relevante para determinar si existió una coordinación extraprocesal para obtener la documentación.
La presentación plantea, en definitiva, que una facultad legítima de investigación no podría transformarse en una herramienta de presión sobre funcionarios o empleados del Concejo.
Piden investigar al fiscal y apartarlo de la causa
La denuncia no se limita a solicitar que se investiguen los hechos.
Debido a que el propio fiscal Nicolía aparece señalado como uno de los denunciados, De los Ríos solicitó que sea apartado de cualquier actuación vinculada con la investigación y que la causa sea derivada a otra Unidad Fiscal o a un funcionario que no tenga relación con los hechos denunciados.
El objetivo planteado es garantizar la denominada imparcialidad objetiva, teniendo en cuenta que el funcionario cuya actuación debería ser eventualmente investigada es, al mismo tiempo, quien tendría intervención en la causa que originó el conflicto.
Pericias sobre los audios y declaración testimonial
Entre las medidas solicitadas, los denunciantes pidieron la apertura de una investigación preliminar para determinar si los hechos podrían constituir los delitos de coacción, previstos en los artículos 149 bis y ter del Código Penal, y abuso de autoridad, contemplado en el artículo 248.
También solicitaron una pericia informática sobre los audios y mensajes de WhatsApp, con el objetivo de determinar su autenticidad, origen e integridad.
A ello se suma el pedido de convocar a declarar como testigo a la secretaria administrativa del Concejo Deliberante, quien habría recibido directamente los mensajes y audios atribuidos al concejal Olivera.
Una crisis que ya excede al Ejecutivo municipal
El conflicto que comenzó con una investigación relacionada con el uso de maquinaria municipal terminó generando un escenario institucional mucho más complejo.
La controversia ya involucra al Ejecutivo municipal, al Concejo Deliberante y a funcionarios del Ministerio Público Fiscal, mientras las distintas partes avanzan con presentaciones y denuncias cruzadas.
Ahora resta determinar si el Ministerio Público Fiscal hará lugar al pedido de apartamiento del fiscal Nicolía y qué funcionario quedará a cargo de analizar las acusaciones.
También deberá establecerse si los audios aportados constituyen una prueba suficiente para acreditar las circunstancias denunciadas o si, por el contrario, existieron otras razones y procedimientos detrás del pedido de documentación.
Mientras tanto, la situación política e institucional de Angaco continúa escalando y suma un nuevo capítulo judicial que pone bajo la lupa la relación entre el poder político municipal y los investigadores del Ministerio Público Fiscal.
La comunidad angaquera observa así cómo una causa que inicialmente estaba centrada en el presunto uso irregular de bienes municipales derivó en una disputa institucional de mayor alcance, con denuncias penales, acusaciones de presión y pedidos de apartamiento de funcionarios judiciales.
