La Corte Suprema de Justicia de la Nación aprobó la semana pasada, mediante la acordada 21/2026, un nuevo protocolo para unificar criterios en pedidos de prisión domiciliaria por razones de salud, una decisión que podría alcanzar a condenados por delitos de lesa humanidad. La Resolución 2867/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial, puso en vigencia la medida.
Entre los posibles beneficiarios figuran represores condenados como Alfredo Astiz, Jorge Eduardo Acosta y Christian von Wernich, que cumplen sus condenas en unidades del Servicio Penitenciario Federal (SPF). El nuevo “Protocolo médico sobre el estado de salud de los internos penitenciarios y las posibilidades de su tratamiento en el establecimiento en el que se encuentran alojados” fue elaborado por el Cuerpo Médico Forense (CMF) y quedó formalmente aprobado por la Corte. La decisión generó debate interno en el máximo tribunal: firmaron Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, mientras que Ricardo Lorenzetti devolvió el proyecto sin suscribirlo.
Alcance del protocolo El texto define al instrumento como una guía metodológica para jueces y juezas que deben resolver pedidos de detención domiciliaria por razones de salud. “El protocolo no establece causales de procedencia ni de denegación de la detención domiciliaria. La decisión corresponde al órgano jurisdiccional, el informe técnico-pericial aporta el fundamento en salud de la misma”, sostiene la acordada. En la práctica, la evaluación médica pasa a tener un peso central en la decisión judicial, aunque la resolución final sigue en manos del tribunal interviniente.
La normativa se vincula con supuestos previstos por la ley para otorgar el beneficio: enfermedad incompatible con el encierro, imposibilidad de recibir tratamiento adecuado en el lugar de detención, enfermedad en período terminal o situación de discapacidad. En el caso de condenados por delitos de lesa humanidad, suelen confluir además la edad avanzada y problemas de salud, según el texto difundido. El protocolo también otorga relevancia a la información del SPF sobre la factibilidad de atención médica dentro de la unidad penitenciaria.
Control penitenciario Uno de los puntos más relevantes es que el documento establece que “la sola existencia nominal de un recurso no acredita su accesibilidad”. Esa definición se relaciona con discusiones previas sobre la disponibilidad real de recursos médicos en establecimientos como la Unidad 34 de Campo de Mayo, donde se discutió si había una ambulancia disponible las 24 horas para eventuales traslados. Según el nuevo criterio, el CMF deberá informar sobre el estado de las unidades penitenciarias en una declaración institucional, y dejarán de ponderarse relevamientos de otros organismos de control como la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) o la comisión de cárceles.
El protocolo también ordena considerar los hábeas corpus colectivos presentados sobre distintas unidades. A fines de 2024, organizaciones identificadas con la consigna “memoria completa” promovieron sin éxito un hábeas corpus en favor de detenidos por delitos de lesa humanidad alojados en distintas cárceles. Tras la acordada, la Red Nacional de H.I.J.O.S. sostuvo que la medida integra una estrategia proimpunidad y que constituye un nuevo ataque a las políticas de Memoria, Verdad y Justicia. En un comunicado, afirmó que, “bajo la apariencia de un protocolo médico”, la acordada facilita el acceso a la prisión domiciliaria de quienes ejecutaron el plan sistemático de exterminio durante la última dictadura cívico-eclesiástico-militar.
De acuerdo con la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad (PCCH), en la actualidad hay 1254 condenados por delitos vinculados al terrorismo de Estado. De ese total, 436 cumplen arresto domiciliario, 73 permanecen en unidades penitenciarias y 58 están alojados en la Unidad 34 de Campo de Mayo, señalada por organismos de derechos humanos como una cárcel VIP. El dato marca el universo sobre el que podría operar el nuevo protocolo, mientras la discusión sobre su aplicación concreta quedará en manos de los tribunales que intervengan en cada caso.




