La modificación de la reglamentación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), dispuesta por el Gobierno nacional mediante el Decreto 1366/2026, abrió un nuevo debate sobre el alcance del concepto de proveedor local y la participación de las empresas de las provincias donde se desarrollan los grandes proyectos mineros.
Frente a este escenario, la Cámara de Proveedores Interdepartamentales Mineros de San Juan (CAPRIMSA), presidida por Fernando Godoy, fijó su posición y planteó la necesidad de que las inversiones mineras se traduzcan en oportunidades concretas para el entramado productivo provincial.
El punto central de la preocupación de la entidad está en el cambio introducido por la normativa nacional, que considera proveedores locales a las personas jurídicas constituidas y domiciliadas en el país, independientemente de la nacionalidad o residencia de sus accionistas y de la composición de su capital. Para los bienes, en tanto, se mantienen los criterios de origen nacional previstos en el Acuerdo de Complementación Económica N.º 18 del MERCOSUR, cuya metodología de aplicación deberá precisar la Autoridad de Aplicación.
Desde CAPRIMSA consideran que esta definición debe distinguirse del desarrollo efectivo de proveedores en los territorios donde se ejecutan las inversiones. En otras palabras, que una empresa tenga domicilio y constitución legal en Argentina no garantiza, por sí mismo, que las oportunidades de contratación, el empleo y el crecimiento empresarial queden en las provincias productoras.
“Los proveedores sanjuaninos no pueden quedar al margen de las oportunidades que genera nuestra minería”, sostiene la entidad en su posicionamiento institucional. Además, remarca que la defensa del sector no representa un reclamo de privilegios, sino una cuestión estratégica para el futuro económico y social de San Juan.
El desafío de convertir las inversiones en desarrollo provincial
Para la cámara empresaria, la llegada de capitales y la puesta en marcha de grandes proyectos mineros no producen automáticamente un proceso de desarrollo local. Considera que se necesita una política provincial con liderazgo, planificación y capacidad de gestión para transformar esas inversiones en empleo, crecimiento empresarial, incorporación de tecnología, valor agregado y fortalecimiento de las empresas sanjuaninas.En esa línea, CAPRIMSA plantea que la responsabilidad no corresponde exclusivamente al Gobierno provincial. También involucra a las empresas operadoras, los proveedores, las instituciones y los distintos actores que participan de la cadena de valor minera.
El objetivo, según la institución, debe ser construir una agenda común que permita que una proporción cada vez mayor de los beneficios económicos y productivos de la actividad permanezca en San Juan.
La cámara propone, además, cambiar la perspectiva desde la cual se mide el éxito de la minería. No alcanza con evaluar cuánto mineral se extrae o cuántos millones de dólares ingresan por inversiones. También resulta necesario observar cuánto valor se genera en la provincia, cuántas empresas locales se desarrollan, qué capacidades productivas se incorporan y cuántos puestos de trabajo se crean.
La Ley de Desarrollo Local Minero como herramienta provincial
Uno de los principales argumentos institucionales de CAPRIMSA se apoya en las atribuciones que la Constitución Nacional reconoce a las provincias en sus artículos 121 y 124, particularmente en materia de competencias conservadas y dominio originario de los recursos naturales.Desde esa perspectiva, sostiene que San Juan tiene herramientas para impulsar una política minera propia, articulada con los marcos regulatorios nacionales, pero orientada a fortalecer su estructura empresarial y productiva.
En ese contexto, la entidad destaca la importancia de la Ley Provincial 2827-M de Desarrollo Local Minero. Considera que su aplicación debe traducirse en oportunidades concretas de contratación, convocatorias transparentes, reglas claras, criterios de desarrollo local y mecanismos de seguimiento de los compromisos asumidos por los proyectos mineros.
La posición de CAPRIMSA busca evitar que la discusión sobre el nuevo concepto de proveedor local se limite a una interpretación administrativa o jurídica. Su planteo apunta a que la provincia pueda sostener una política de desarrollo de proveedores que permita a sus empresas competir, crecer e integrarse a los grandes emprendimientos.
La cámara aclara que no pretende restringir la participación de compañías de otras jurisdicciones ni establecer condiciones que limiten la competencia. Por el contrario, considera necesario generar herramientas para que las firmas sanjuaninas puedan desarrollar capacidades y estar en condiciones de disputar oportunidades comerciales.
CAPRIMSA pide compromisos concretos a las operadoras mineras
En su pronunciamiento, la institución también dirigió un mensaje a las empresas operadoras de los proyectos mineros. Les planteó la necesidad de construir una relación institucional más sólida con el sector proveedor, basada en la planificación de las contrataciones, la información anticipada, las convocatorias transparentes y criterios claros de evaluación.Para CAPRIMSA, el desarrollo local no puede quedar solamente sujeto a declaraciones de acompañamiento, sino que requiere compromisos concretos y mecanismos que permitan verificar su cumplimiento.
Fernando Godoy remarcó que la cámara pretende asumir un papel activo en el debate sobre el futuro de la minería provincial, representando los intereses de los proveedores ante las autoridades provinciales y nacionales y frente a las compañías operadoras.
En ese sentido, manifestó la disposición de la institución para participar de los espacios de diálogo, acercar propuestas y contribuir a las decisiones que inciden sobre el futuro de la actividad.
El planteo también alcanza al propio sector empresario sanjuanino. La entidad considera que el nuevo escenario exige mayor unidad, capacidad de trabajo y fortalecimiento institucional para responder a las demandas de los grandes proyectos.
Entre sus objetivos menciona la promoción de alianzas y sinergias entre empresas locales y proveedores de distintas escalas y procedencias, además de la articulación con instituciones académicas y de formación para ampliar las capacidades técnicas y productivas.
El reclamo de fondo: que la minería deje valor en San Juan
La discusión sobre la modificación del RIGI vuelve a poner en primer plano una cuestión central para las provincias mineras: cómo compatibilizar los incentivos nacionales destinados a atraer grandes inversiones con políticas que permitan que los territorios productores participen efectivamente de los beneficios económicos de la actividad.CAPRIMSA reconoce la importancia de generar condiciones de competitividad y seguridad jurídica para atraer capitales, pero advierte que el volumen de inversiones no debería ser el único indicador para evaluar el impacto de la minería sobre la economía provincial.
La entidad sintetizó su postura en un planteo que busca diferenciarse de cualquier reclamo de exclusividad: está a favor de las inversiones, de la competencia y de la participación de empresas de distintas procedencias, pero reclama oportunidades reales para los proveedores sanjuaninos, transparencia en las contrataciones y cumplimiento de la legislación vigente.
El mensaje de Fernando Godoy apunta, en definitiva, a instalar una discusión que excede la modificación reglamentaria del RIGI: San Juan puede recibir inversiones mineras de escala internacional, pero necesita garantizar que una parte sustancial de ese movimiento económico también se traduzca en empresas más fuertes, empleo y desarrollo productivo dentro de la provincia.




