El Gobierno nacional prepara una apelación contra el fallo del juez Martín Cormick, que ordenó poner en marcha la Ley de Financiamiento Universitario y declaró inconstitucional el decreto con el que el Poder Ejecutivo había condicionado su aplicación. La presentación judicial se realizaría en los próximos días, según trascendió en la Casa Rosada. El planteo abre una nueva instancia en un conflicto que combina discusión presupuestaria, alcance de las facultades reglamentarias y cumplimiento de una norma aprobada por el Congreso.
En paralelo, la administración de Javier Milei analiza otras alternativas legales para evitar que la aplicación de la ley implique afrontar de manera inmediata el gasto previsto. El esquema en estudio contempla recurrir las distintas decisiones judiciales que obliguen al Estado a ejecutar la normativa. La discusión se centra, en los hechos, en cuándo y con qué recursos debe instrumentarse el financiamiento universitario.
El origen del conflicto está en el decreto 759/2025, por el que el Poder Ejecutivo promulgó la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente, pero supeditó su aplicación a la determinación de las fuentes de financiamiento y a la incorporación de las partidas correspondientes al presupuesto. Esa condición fue cuestionada en sede judicial porque, según la resolución, terminaba vaciando de efecto una norma que había sido insistida por el Congreso. En ese marco, Cormick entendió que la disposición operaba como un obstáculo para la entrada en vigencia de la ley.
Las presentaciones judiciales que dieron lugar al fallo fueron una acción de amparo colectivo impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), universidades nacionales y docentes, y otra demanda iniciada por la Universidad de Buenos Aires (UBA). El magistrado ordenó el “cumplimiento inmediato de la Ley de financiamiento universitario” e indicó que el Gobierno debía dictar las normas reglamentarias y ejecutorias necesarias para su aplicación. También sostuvo que el decreto cuestionado “no supera un test mínimo de razonabilidad”, al evaluar la forma en que se apoyaba en una norma anterior para restringir la vigencia de una ley aprobada nuevamente por el Congreso con mayoría de dos tercios.
La decisión judicial dejó planteada una obligación concreta para el Poder Ejecutivo, pero la apelación puede abrir una revisión en instancias superiores. Mientras tanto, el Gobierno deberá definir si avanza con la reglamentación exigida por el fallo o si insiste con recursos para frenar su التنفيذ. El próximo paso procesal dependerá de la presentación que la Casa Rosada formalice en los tribunales y de la respuesta que reciba sobre la ejecución de la ley.
