La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) se movilizó este miércoles hasta la Quinta de Olivos en rechazo al plan de retiros voluntarios que alcanza a más de 20.000 empleados estatales. La protesta se desarrolló mientras el presidente Javier Milei estaba en España, según el material difundido por la agencia Noticias Argentinas. El gremio cuestionó además el crédito de 300 millones de dólares solicitado al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para financiar el programa.
Según informó Noticias Argentinas, el titular de ATE, Rodolfo Aguiar, denunció que la Policía Federal Argentina “persiguó a la prensa de ATE” antes de la llegada de los manifestantes a la residencia presidencial. Desde sus redes sociales, Aguiar afirmó: “Estamos viviendo un estado de excepción en la Argentina”. Esa acusación quedó planteada por el dirigente sindical y no fue acompañada en el texto por una respuesta oficial.
La concentración comenzó en Av. Maipú 2718, en el partido de Vicente López, y a las 17 marchó hacia la residencia presidencial. El reclamo se dirigió contra el programa de retiros voluntarios y contra el financiamiento asociado a esa iniciativa. En ese marco, ATE sostuvo que el plan forma parte de una política que afectaría la estructura del empleo público nacional.
Decreto y condiciones
El programa fue oficializado mediante el decreto 1203/26, que establece que quienes adhieran “no podrán reingresar a la Administración pública Nacional por un plazo total de 8 años”. Ese punto es uno de los ejes de la objeción sindical, porque fija una restricción prolongada para el retorno al Estado. La medida, además, quedó vinculada en el planteo gremial con el pedido de fondos al BID.
Reclamos salariales y laborales
Aguiar también vinculó la protesta con la pérdida del poder adquisitivo, la caída del salario real, las paritarias por debajo de la inflación, el deterioro de los ingresos, el pluriempleo y el endeudamiento. A esos factores sumó la desvalorización de la carrera estatal, las decenas de despidos, la no renovación de contratos, la incertidumbre laboral, la reducción de puestos de planta y el cierre y vaciamiento de organismos públicos. En su cierre, sostuvo que el programa apunta a tercerizar funciones y que “este régimen es el inicio de un proceso de privatización de más del 90% de la Administración Pública”.
La protesta se realizó en un contexto en el que ATE mantiene cuestionamientos a la política salarial y a la reorganización del empleo público nacional. El dato operativo que queda abierto es la implementación del decreto y la eventual adhesión de trabajadores al plan, además del trámite del financiamiento ante el BID.
