La investigación judicial por el Acueducto Gran Tulum, una de las principales obras hídricas proyectadas, sumó un nuevo capítulo con la notificación formal de 11 personas por parte de la Unidad Fiscal de Delitos Especiales. Entre los notificados aparece el propio Sergio Mauricio Uñac, quien fue vicegobernador y gobernador de San Juan y actualmente ocupa una banca como senador nacional.
La medida marca un avance dentro de una investigación que comenzó a fines de 2025 a partir de una denuncia por presuntas irregularidades vinculadas con la contratación y ejecución de la obra. Desde entonces, la Fiscalía realizó distintas medidas de prueba, entre ellas una inspección ocular sobre el trazado del acueducto y el relevamiento de sectores vinculados con los trabajos. Vale mencionar que la denuncia fue realizada por el abogado y político Marcelo Arancibia.
La causa se encuentra caratulada “Actuaciones por denuncia en perjuicio de la Administración Pública” y se encuentra todavía en la etapa previa a la formalización. Según la comunicación de la Fiscalía, los once notificados fueron informados de la existencia de las actuaciones y de los derechos que les corresponden, entre ellos la posibilidad de designar un abogado particular o contar con un defensor público.
Uñac, en el centro de la nueva etapa
La inclusión de Sergio Uñac entre las personas notificadas constituye uno de los principales movimientos de la causa. El exgobernador aparece señalado en las actuaciones en su condición de máxima autoridad provincial durante parte del período en el que se desarrolló el proyecto.
La investigación abarca además a personas que ocuparon cargos relacionados con el proceso de ejecución de la obra. La Fiscalía deberá determinar ahora qué hechos concretos atribuye eventualmente a cada uno, cuál sería la calificación jurídica y qué grado de participación podría corresponderles.
La notificación, por sí misma, no significa que Uñac haya sido imputado ni que exista una declaración de responsabilidad penal. Es una actuación procesal anterior a la audiencia de formalización, instancia en la que la Fiscalía deberá exponer ante un juez de Garantías los hechos que atribuye, la evidencia reunida y la eventual participación que adjudique a cada persona.
La causa ya había tenido otros avances durante 2026. En marzo, fiscales y peritos inspeccionaron distintos puntos del trazado previsto para el acueducto, desde el obrador ubicado junto al dique Punta Negra hasta sectores de Ruta 12, Villa Tacú y la planta potabilizadora de OSSE en Marquesado.
Los otros 10 notificados
Además de Uñac, la Fiscalía notificó a otros diez exfuncionarios y personas vinculadas con la obra y con la empresa adjudicataria.
Entre ellos se encuentra Julio César Ortiz Andino, quien fue ministro de Infraestructura entre 2015 y 2023. También fue notificado Gustavo Fabián Mastelono, presidente y representante de Krah América Latina S.A., firma adjudicataria de la obra, que tenía como representante en San Juan a Gustavo Horacio Monti.
La lista incluye además a Cristian Felipe Andino, expresidente de OSSE entre diciembre de 2011 y diciembre de 2015 y actual diputado nacional; Sergio Fabián Ruiz, quien presidió OSSE entre diciembre de 2015 y febrero de 2019 y actualmente se desempeña como asesor del senador Uñac; y Humberto Gonzalo Caballero, exjefe del Departamento Jurídico de OSSE y actualmente juez laboral.
Completan la nómina Juan Carlos Caparros, expresidente de OSSE entre febrero y diciembre de 2019; Guillermo Nicolás Sirerol, titular del organismo entre diciembre de 2019 y octubre de 2023; Juan Antonio Sánchez, funcionario de OSSE vinculado con la implementación del proyecto; Francisco José Javier Correa, auditor técnico y gerente de obras de OSSE; y Rolando Vicente Caruso, jefe del Departamento Proyectos del organismo.
Ahora, con la notificación de los once involucrados, la causa entra en una instancia en la que cada uno podrá ejercer sus derechos y acceder a las actuaciones conforme a las reglas procesales. La Fiscalía deberá definir, con base en la evidencia reunida, si corresponde avanzar hacia la formalización de la Investigación Penal Preparatoria y, en ese caso, qué hechos y responsabilidades atribuirá individualmente.
Por el momento, la Justicia no estableció responsabilidad penal para ninguno de los once notificados. La definición deberá surgir de la audiencia de formalización, si finalmente se concreta, y de las pruebas que la Fiscalía presente ante el juez de Garantías.
