La Secretaría de Energía rechazó 17.843 solicitudes de subsidios para gas y electricidad presentadas por usuarios que residen en Puerto Madero, countries y barrios cerrados del AMBA y la provincia de Córdoba. La detección se hizo mediante un sistema de georreferenciación que cruza la ubicación de los suministros con imágenes satelitales, mapas digitales GIS y datos del Observatorio de la Deuda Social Argentina (CONICET-UCA). El objetivo es identificar casos en zonas de alta capacidad de pago y evitar que accedan a bonificaciones estatales que no les corresponderían según los criterios vigentes.
El mecanismo ubica cada medidor de luz o gas en el mapa y lo contrasta con padrones de urbanizaciones cerradas y con la información aportada por las prestadoras del servicio. Según el texto oficial, ese cruce permitió frenar los pedidos antes de que el beneficio se hiciera efectivo. La Secretaría de Energía sostuvo que los casos detectados correspondían a usuarios con capacidad de pago, por lo que quedaron fuera del régimen de asistencia.
Reclamos y controles
El relevamiento oficial indicó, además, que 1.508 números de documento intentaron inscribirse entre dos y cinco veces desde julio de 2025 hasta la fecha, pese a que el sistema ya los había identificado como no calificados. La Secretaría de Energía afirmó que la búsqueda de irregularidades se extenderá a otras jurisdicciones y citó como antecedente la incorporación del Gran Neuquén al sistema de georreferenciación mediante la Disposición 11/26. Según esa medida, el universo de usuarios que habitan en urbanizaciones georreferenciadas y ya perciben el beneficio puede ser excluido del padrón.
En ese marco, el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, había señalado días atrás, durante el Neuquén Day realizado en Buenos Aires, que negociaba con el Gobierno nacional para que no se recorte el esquema de zona fría para la Patagonia. Ese régimen alcanza a todos los habitantes de la región, sin distinción de capacidad de pago, con descuentos de 50% sobre la tarifa de gas que abonan el resto de los usuarios del país. El contraste entre ambos criterios muestra que la política de subsidios energéticos sigue bajo revisión y con efectos diferenciados según la jurisdicción y la situación socioeconómica.
Marco normativo
La medida se dictó en el marco del Decreto 943/25, que creó el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF). Ese registro absorbió el padrón anterior del RASE y reemplazó la segmentación en tres niveles (N1, N2 y N3) por dos categorías: hogares que requieren asistencia estatal directa y usuarios que pagan tarifa plena por contar con capacidad de pago. La oficialización del esquema se produjo a fines de 2025 y su implementación plena comenzó a inicios de 2026.
La normativa fija como umbral de acceso ingresos netos totales inferiores al equivalente a 3 Canastas Básicas Totales (CBT) del INDEC para un hogar tipo 2. También prevé excepciones para familias vulnerables con integrantes titulares del Certificado Único de Discapacidad (CUD), certificados de vivienda del ReNaBaP o pensiones vitalicias para veteranos de la Guerra de Malvinas. En paralelo, establece causales de exclusión patrimonial, entre ellas la tenencia de vehículos de hasta tres años de antigüedad, tres o más inmuebles, embarcaciones de lujo, aeronaves o activos societarios.
Revisión y topes de consumo
Los usuarios y solicitantes alcanzados por la exclusión pueden pedir revisión a través de la plataforma de Trámites a Distancia (TAD), aunque deben acreditar que el rechazo fue incorrecto. La Secretaría de Energía también informó que el régimen fija límites mensuales de consumo para evitar subsidios sobre usos elevados, con topes diferenciales según la estación del año. En electricidad, el descuento alcanza hasta 300 kWh mensuales en verano e invierno y baja a 150 kWh en los meses templados.
El esquema se aplica sobre una política de subsidios que, en julio, cubrió el 65% del costo de la energía eléctrica, según el dato oficial citado en el material. Ese nivel fue presentado como el más alto del año y se explicó como parte de una decisión del Gobierno para evitar trasladar el aumento tarifario al usuario en un contexto de inflación y recesión. En adelante, el seguimiento estará puesto en la expansión territorial del sistema de georreferenciación y en las revisiones que ingresen por la vía administrativa.
