Colombia definió a su próximo mandatario en una segunda vuelta marcada por la paridad. El abogado Abelardo de la Espriella logró superar al oficialista Iván Cepeda por una diferencia inferior a un punto porcentual y aseguró la presidencia tras un escrutinio que se mantuvo abierto hasta el final.
Con casi la totalidad de las mesas contabilizadas, la ventaja del dirigente de derecha se volvió irreversible. El desenlace generó celebraciones entre sus seguidores y preocupación en sectores vinculados al gobierno saliente, en una elección que fue leída por distintos analistas como una señal de desgaste hacia la administración de Gustavo Petro.
La jornada también expuso una sociedad profundamente dividida en torno al rumbo político del país. Mientras avanzaba el conteo, el presidente saliente cuestionó aspectos del proceso electoral y pidió revisar determinadas mesas, al tiempo que reclamó transparencia y aguardó el escrutinio definitivo antes de reconocer un ganador.
La victoria consolida el ascenso de Abelardo de la Espriella, una figura sin experiencia previa en cargos públicos que construyó su campaña sobre un discurso de seguridad, reducción del gasto estatal y reformas de fondo. Su crecimiento se aceleró después de la primera vuelta, cuando sumó apoyos de sectores conservadores y del uribismo.
Durante la campaña, prometió una fuerte reducción del aparato estatal, una baja significativa del gasto público y un endurecimiento de las políticas de seguridad. También anticipó que revisará los procesos de diálogo impulsados por el gobierno saliente con grupos armados y organizaciones ilegales.
El resultado marca además el cierre de la administración de Gustavo Petro, primer presidente de izquierda en la historia colombiana. Su gestión deja avances en materia social, educativa y de reducción de la pobreza, aunque también arrastra cuestionamientos por problemas fiscales, denuncias de corrupción y el deterioro de áreas sensibles como la salud pública.
Uno de los capítulos más discutidos fue la estrategia de negociación con grupos armados bajo el programa denominado "Paz Total". En ese marco, numerosos especialistas sostienen que el proceso terminó fortaleciendo a organizaciones criminales y generando nuevas disputas territoriales.
