El oficialismo consiguió este miércoles en la Cámara de Diputados el dictamen del proyecto de Inocencia Fiscal II, aunque debió introducir una modificación relevante para asegurar apoyos: la exclusión de los funcionarios públicos de los beneficios del régimen.
La decisión marca un giro político en el tratamiento de la iniciativa, que ahora quedó encaminada para su discusión en el recinto, previsiblemente dentro de dos semanas. El ajuste al texto respondió a pedidos de aliados y a la necesidad de despejar resistencias en torno al alcance del esquema.
El despacho de mayoría reunió 44 firmas. Además de los 32 diputados de La Libertad Avanza, acompañaron 4 del Pro, 2 de la UCR, 2 de Innovación Federal, 1 del MID, 1 de Independencia, 1 de Producción y Trabajo y 1 de Provincias Unidas, en disidencia.
El anuncio fue realizado a las 12.31 por el titular de la Comisión de Presupuesto, Bertie Benegas Lynch, quien informó que ya había dictamen sobre un total de 75 diputados presentes. También anticipó que otros despachos podrían incorporarse hasta las 15. En Presupuesto hubo 45 presentes y 27 firmas, mientras que en Legislación Penal se registraron 30 presentes y 17 firmantes.
El debate continuó en el marco de una reunión plenaria de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación Penal, con la participación de especialistas y del titular de la UIF, Matías Alvarez. Durante la jornada, se fue consolidando la estrategia oficial para habilitar el tratamiento legislativo del proyecto.
Según lo que se dejó trascender, la restricción incorporada impide que funcionarios de los tres poderes se adhieran al Régimen Simplificado de Ganancias, aunque no a la exteriorización de dólares del colchón o fondos no declarados. El cambio apunta a acotar el alcance político del régimen y a blindar la propuesta frente a críticas por eventuales beneficios indebidos.
La iniciativa busca perfeccionar el esquema original, captar ahorros no declarados fuera del sistema, ampliar el acceso al Impuesto a las Ganancias Simplificado, elevar los pisos del Régimen Penal Tributario y reducir la presión de ARCA sobre los contribuyentes. En términos prácticos, el proyecto intenta formalizar parte de la economía hoy fuera del circuito regulado.
Durante la exposición, José Ignacio Simonella, presidente de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, sostuvo que la propuesta “complementa y mejora la ley vigente” y aporta respuestas a puntos que, a su criterio, debían ser aclarados. También remarcó que no se trata de un blanqueo y que la carga probatoria recae sobre ARCA.
Más tarde, Oscar Fernández, coordinador técnico de la Comisión de Asuntos Tributarios de esa entidad, definió el proyecto como “un cambio de paradigma” en la liquidación del Impuesto a las Ganancias. Señaló que el régimen simplificado no resigna recaudación y que no modifica la ley del impuesto, aunque sí introduce una presunción de exactitud sobre declaraciones juradas no prescriptas.
Desde la UIF, Matías Alvarez puso el foco en la informalidad de la economía argentina y en el volumen de efectivo que circula fuera de los canales formales. Argumentó que el problema no es el ahorro de las personas, sino el funcionamiento de una economía informal que complica los controles y debilita la prevención.
El funcionario también vinculó la reforma con las observaciones del GAFI, al señalar que Argentina debe mejorar la comprensión y evaluación de los riesgos asociados a los servicios financieros informales. En ese marco, afirmó que la propuesta apunta a una solución permanente para incorporar esos fondos al sistema formal.
Álvarez cerró al sostener que la reforma no altera el esquema de prevención de lavado de activos, financiación del terrorismo ni proliferación de armas de destrucción masiva. Afirmó, además, que los sujetos obligados siguen alcanzados por todas las obligaciones de la ley 25.246, incluidas el monitoreo, la diligencia debida, el análisis y el reporte de operaciones sospechosas.
