El ministro de Producción, Gustavo Fernández, aseguró que la reciente modificación del RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones) no tiene efecto sobre la Ley de Desarrollo Minero Local de San Juan. Según explicó, el esquema provincial mantiene sus objetivos de empleo, proveedores e inversión local, con incidencia directa sobre comercios y talleres que abastecen a la minería.
La aclaración se produjo después de que el Gobierno nacional modificara, mediante el Decreto 1366/2026, la definición de proveedor local dentro del régimen. Desde ahora, una empresa puede ser considerada local si está constituida y tiene domicilio en Argentina, sin importar la nacionalidad de sus accionistas ni el origen del capital. Ese cambio abrió dudas entre proveedores sanjuaninos, que temían una competencia distinta en el acceso a las compras exigidas por el sistema.
Alcance provincial Fernández diferenció ese criterio nacional de la ley diseñada para la provincia y afirmó: "A los efectos de lo que está contemplado en la ley provincial de desarrollo local minero, la modificación que ha introducido el Gobierno nacional no tiene ningún impacto". También sostuvo que no cambia "ninguna de las lógicas ni el espíritu" de la norma sanjuanina. En ese marco, remarcó que la ley no funciona como una "ley cerrojo" ni fija cupos obligatorios, sino que exige planes de desarrollo de empleo y proveedores locales con metas crecientes.
La norma provincial toma como referencia un objetivo de 80% de empleo local y 60% de compras sobre la oferta disponible de bienes y servicios de la provincia. Si una empresa minera cumple esos parámetros, accede a un crédito fiscal que puede aplicar al pago de impuestos provinciales o transferir a sus proveedores sanjuaninos. Fernández señaló además que el texto provincial busca superar el piso del 20% de compras a proveedores locales que prevé el RIGI para el conjunto del país.
Definición de proveedor El ministro explicó que, hasta ahora, para ser proveedor local dentro del RIGI una empresa también debía tener mayoría de capital nacional, requisito que el nuevo decreto eliminó. Sostuvo que el criterio provincial es más amplio, porque no se limita al domicilio societario y contempla también el arraigo, las inversiones realizadas y el valor agregado generado en el territorio. En ese punto citó a firmas como Calidra y Calera San Juan, que producen cal para la minería y pueden quedar alcanzadas por la discusión pese a contar con capital extranjero.
Fernández advirtió que deberá seguirse de cerca la aplicación del nuevo marco para evitar distorsiones. Dijo que es válido incluir a empresas con inversión real en el país, pero planteó que habrá que controlar posibles "usos malintencionados" de la nueva definición. También confirmó que la semana pasada hubo una reunión entre los ministerios de Producción y Minería y la Asesoría Letrada de Gobierno para revisar las últimas observaciones al proyecto de reglamentación.
Según el ministro, "el camino técnico ya ha sido recorrido" y solo restan aspectos formales antes de enviar el decreto a la firma del gobernador Marcelo Orrego. Una vez rubricado, la provincia podrá poner en marcha los planes de empleo y proveedores locales previstos en la ley, en un contexto de avance de los grandes proyectos mineros en San Juan.




