La Nación modificó la reglamentación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) mediante el Decreto 1366/2026, publicado el 16 de noviembre en el Boletín Oficial y vigente desde esa fecha. El cambio altera los requisitos para que una empresa sea considerada proveedora argentina dentro del cupo previsto por ese régimen, lo que abrió preguntas sobre su impacto en las firmas sanjuaninas vinculadas a proyectos mineros.
Hasta ahora, para ser proveedor nacional una empresa debía estar constituida en el país y tener al menos el 51% de su capital o de sus votos en manos de titulares con domicilio fiscal argentino. Con la nueva redacción, alcanza con que esté constituida y domiciliada en Argentina, sin importar quiénes sean sus dueños ni el origen del capital. El alcance práctico de esa modificación es que más sociedades pueden computarse dentro del porcentaje exigido por el RIGI.
Alcance del cupo nacionalEl ministro de Minería, Juan Pablo Perea, sostuvo que el compromiso de contratación de proveedores argentinos no cambió. Según explicó, las empresas alcanzadas por el RIGI deben destinar al menos el 20% de sus compras de bienes y obras a proveedores nacionales, tanto en la construcción como en la operación, siempre que exista oferta local en condiciones de mercado. Con el nuevo esquema, proyectos como Vicuña podrán computar dentro de ese porcentaje a filiales argentinas de empresas extranjeras, especialmente en obras.
De acuerdo con Perea, el decreto no reserva un cupo específico para empresas de capital nacional ni distingue por provincias. En ese marco, una firma radicada en cualquier jurisdicción del país cuenta igual que una sanjuanina para integrar el porcentaje nacional. El funcionario remarcó además que la modificación no toca la Ley Provincial 2827-M ni el Registro Provincial de Proveedores Mineros (RE.PRO.MIN.).
Norma provincial vigenteLa legislación de San Juan mantiene sus propias metas: 80% de empleo sanjuanino y 60% de compras a proveedores locales, según informó el ministro. Para que esas metas computen, las empresas deben estar inscriptas en el RE.PRO.MIN., mientras que la reglamentación de la ley provincial se encuentra en su etapa final y próxima a publicarse. En ese esquema, la herramienta provincial sigue siendo la referencia para medir el impacto local de la actividad minera.
Perea afirmó que las dos normas tienen alcances distintos y pueden convivir: el RIGI fija un piso nacional de compras a proveedores argentinos, mientras la ley provincial apunta a promover empleo y empresas de la provincia. En sus palabras, el decreto de esta semana “toca solamente la primera”. Para el sector, el dato relevante es que la discusión sobre proveedores locales continúa regida por dos marcos distintos, uno nacional y otro provincial, con exigencias y padrones propios.




