El Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) comenzará a facturar a las obras sociales y a las empresas de medicina prepaga los estudios que realiza su Laboratorio Nacional de Inmunogenética. La decisión quedó oficializada este lunes mediante la Resolución 235/2026, publicada en el Boletín Oficial.
La disposición establece que las prestaciones vinculadas a trasplantes de órganos, tejidos y células serán cobradas a las entidades responsables de la cobertura sanitaria de cada paciente. En cambio, quienes tengan exclusivamente cobertura pública seguirán accediendo sin costo, con financiamiento del Fondo Solidario de Trasplantes.
El laboratorio, creado en 2023, realiza estudios de tipificación de donantes, análisis de histocompatibilidad y otras prácticas esenciales para pacientes con indicación de trasplante de órganos, tejidos y células progenitoras hematopoyéticas. También brinda apoyo al sistema nacional de procuración y trasplante y actúa ante contingencias que afecten a otros laboratorios del país.
Desde el INCUCAI señalaron que estas prestaciones requieren equipamiento, insumos y recursos altamente especializados, que hasta ahora eran financiados íntegramente por el organismo. Por ese motivo, se resolvió implementar un sistema de recupero de costos a través de las obras sociales y las prepagas.
La resolución también dejó sin efecto la Resolución 97/2026, que había contemplado un esquema similar pero no llegó a aplicarse tras una revisión de costos y aspectos operativos. El anexo fija los valores de cada práctica, entre ellos $514.000 para la inscripción de un paciente en lista de espera para un trasplante de órgano sólido y $979.000 para un estudio de HLA y anticuerpos anti-HLA destinado a pacientes de células progenitoras hematopoyéticas.
Además, se definieron aranceles para estudios de histocompatibilidad, determinaciones de células CD34+, quimerismo y detección de ADN libre circulante, entre otras prestaciones especializadas. La nueva modalidad de facturación entrará en vigencia a los 30 días corridos de la publicación de la resolución en el Boletín Oficial.
