La Libertad Avanza (LLA) postergó la firma del dictamen de mayoría del Presupuesto 2027 por la falta de acuerdo con los bloques aliados, que mantuvieron objeciones sobre puntos centrales del proyecto del Gobierno nacional. La bancada oficialista se reunió con representantes de la UCR, el PRO y Argentina Federal, pero no logró cerrar un consenso para despachar la iniciativa en la comisión de Presupuesto. La demora deja abierto el calendario legislativo y condiciona el tratamiento de la llamada ley de leyes.
Según las definiciones que se manejan en el Congreso, la firma podría trasladarse al 11 o al 17 de noviembre, mientras que el debate en el recinto está previsto para el 18 o el 25 de ese mes. Si el tratamiento se posterga hasta el 25 de noviembre, el Gobierno deberá convocar sesiones extraordinarias para avanzar con el proyecto. Esa secuencia vuelve a poner en primer plano la necesidad de reunir mayorías en una Cámara de Diputados fragmentada.
Los reclamos de los aliados
Los bloques dialoguistas plantearon pedidos para reducir la carga sobre consumidores y asegurar la continuidad de obras. Entre sus principales demandas figuran la reducción del impuesto a los combustibles, la baja del IVA para los huevos y sus derivados del 21% al 10,5% y un mecanismo que garantice plazos y tarifas de las obras públicas en rutas nacionales. También reclamaron mantener la actualización de las asignaciones sociales, un punto que incide de manera directa en el gasto social previsto por el Ejecutivo.
El PRO sumó además la discusión por los fondos de coparticipación correspondientes a la Ciudad de Buenos Aires, un tema que el oficialismo considera susceptible de resolverse en negociaciones entre el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. En materia de discapacidad, el oficialismo y sus aliados acordaron eliminar cuatro artículos del proyecto vinculados con esa área. Además, analizarán si corresponde reforzar las partidas para cumplir con la iniciativa aprobada por la Cámara de Diputados y pendiente de tratamiento en el Senado.
Universidades y números fiscales
Otro de los puntos sin resolución es el financiamiento de las universidades nacionales. El proyecto contempla $7,3 billones para el sector, mientras que los rectores reclaman elevar los recursos a $11 billones. La diferencia entre ambas cifras expone uno de los focos de la negociación parlamentaria, en un contexto en el que el oficialismo busca sostener el equilibrio entre gasto social, educación superior y metas fiscales. La definición sobre ese rubro puede incidir en la relación con los bloques provinciales y con los gobernadores que siguen de cerca la discusión.
En el plano legislativo, LLA cuenta con 95 diputados y necesita al menos 129 presentes para habilitar el quórum. Para construir una mayoría, el oficialismo procura sumar a la UCR, el PRO, Por Santa Cruz y Adelante Buenos Aires, que aportarían en conjunto 22 votos; a los 9 integrantes de Argentina Federal; a 2 de Producción y Trabajo; y a alrededor de 10 representantes de Provincias Unidas. Con ese esquema, el Gobierno podría acercarse a una base de aproximadamente 138 votos, aunque el resultado final dependerá de las negociaciones y de la posición definitiva de cada bloque.
Gasto, ingresos y proyecciones para 2027
El proyecto prevé gastos totales consolidados por $216 billones y recursos consolidados por $219,3 billones, con subas proyectadas del 25,3% y del 26,2%, respectivamente, según la base de comparación utilizada por el Gobierno. El Poder Ejecutivo estima además una inflación del 21,3% para 2027 y un dólar de $1.847 para fines de diciembre, con un promedio anual de $1.728. El gasto en servicios sociales ascendería a $150.913.491,9 millones, mientras que los servicios de la deuda pública demandarían $18.609.176,1 millones.
En la misma proyección, el consumo privado crecería 3,4% y el consumo público 0,6%. El proyecto también destina $102 billones al pago de prestaciones previsionales, de los cuales $3,9 billones corresponden a bonos. La previsión mantiene para 2027 el bono de $70.000 para jubilados, sin aumentos nominales previstos en el texto. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), los $98,1 billones restantes corresponden a haberes regulares, con un incremento real interanual del 5,7% frente al cierre estimado de 2026.
La OPC también estima que la cantidad de jubilados, pensionados y retirados pasará de 9,20 millones en 2026 a 9,12 millones en 2027, una baja de aproximadamente 79.000 titulares. En asignaciones familiares, el gasto alcanzaría $14,4 billones, con un aumento real del 2,5%, mientras que las transferencias a otros programas sociales llegarían a $9,1 billones, con una suba real interanual proyectada del 37,1%. Con esas cifras sobre la mesa, la negociación seguirá centrada en universidades, prestaciones sociales y obras públicas, mientras el oficialismo intenta asegurar los respaldos necesarios para llevar el proyecto al recinto.
