El diputado provincial de La Libertad Avanza, Fernando Patinella, se refirió al convenio entre el Gobierno de San Juan y el proyecto minero Vicuña, que prevé un aporte anticipado de US$250 millones destinado a obras de infraestructura pública en la provincia. Su planteo dejó en claro que, más allá del anuncio, el debate de fondo pasa por la letra chica y por los mecanismos de control que acompañen la iniciativa.
Patinella sostuvo que aún analiza el acuerdo y que se trata de un proyecto con un “entramado complejo” que requiere un estudio profundo. En esa línea, señaló que el aspecto central no está solo en el monto comprometido, sino en la manera en que se ejecutarán las obras y en la trazabilidad de cada desembolso, un punto sensible en cualquier esquema de financiamiento de este tipo.
“Creo que la parte más importante de este proyecto tiene que ver con la ejecución específica, con la efectivización de las obras y, sobre todo, con el control de la aplicación de los fondos”, afirmó. La definición no es menor: en un convenio de estas características, la falta de supervisión puede derivar en observaciones políticas y en cuestionamientos sobre el uso real de los recursos.
El legislador también advirtió sobre el impacto que tendría cualquier desvío en la administración del dinero. “Si un solo dólar de estos 250 millones en algún momento se ve criticado por falta de transparencia o termina en el bolsillo de algún empresario amigo o algún socio político, seguramente va a ser cuestionable”, sostuvo, marcando así el costo institucional que podría tener una eventual irregularidad.
Otro de los ejes que remarcó fue el ambiental. Patinella explicó que el convenio está asociado a exigencias incluidas en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto Vicuña y que algunas obligaciones serían compensadas con el adelanto de fondos por cinco años. Sin embargo, advirtió que hay aspectos que no pueden resolverse únicamente con una compensación económica.
“Hay cuestiones vinculadas al control de sanidad y de medio ambiente que no pueden ser compensadas con dinero y el Estado va a tener que estar indefectiblemente presente”, señaló. Su observación pone el foco en el rol que deberá asumir el sector público para evitar que el acuerdo quede limitado a una lógica meramente financiera.
Por el momento, el diputado no definió cómo votará cuando el convenio llegue a la Legislatura. Dijo que necesita completar el análisis íntegro del texto, una postura que mantiene abierto el escenario político en torno a una iniciativa que, por su volumen y por sus implicancias, promete seguir bajo revisión antes de su tratamiento definitivo.
