La Cámara de Diputados de San Juan aprobó una modificación a la denominada “ley de chatarra” que habilita al Gobierno provincial a rematar autos, motos y camionetas secuestrados que puedan volver a circular o cuyas piezas tengan valor de reutilización. Los fondos que se obtengan deberán destinarse a obras y programas sociales, sanitarios, educativos y ambientales.
La reforma incorpora cuatro artículos a la Ley 1810-A, que regula la disposición final de bienes muebles peligrosos. Con ese cambio, el Ministerio de Gobierno podrá impulsar subastas públicas de vehículos que permanecen en depósitos judiciales y que, hasta ahora, ocupan espacio en predios como el ubicado en el departamento 9 de Julio.
Dos alternativas La norma prevé dos mecanismos para esas unidades. Por un lado, podrán rematarse los rodados que estén en condiciones de ser reparados y recuperados para volver a circular. Por otro, se autoriza la venta de vehículos que no puedan utilizarse en su totalidad, pero cuyas autopartes conserven valor y puedan aprovecharse.
La decisión apunta a reducir la acumulación de movilidades en los depósitos y, al mismo tiempo, generar ingresos para el Estado provincial. La compactación de los vehículos y su transformación en bloques de chatarra seguirá vigente como otra de las opciones contempladas por la legislación.
Reglamentación pendiente El procedimiento todavía deberá ser reglamentado por el Poder Ejecutivo provincial, que definirá cómo se realizarán las subastas. La ley establece que deberán garantizarse la publicidad de los llamados, la transparencia del proceso y la participación de personas físicas y jurídicas interesadas en presentar ofertas. Por el momento, no se informó un plazo concreto para esa reglamentación.
Otro punto central de la reforma es el destino de los fondos. Tanto lo recaudado por la venta de los vehículos como los ingresos obtenidos por la comercialización de la chatarra podrán financiar obras de infraestructura social, sanitaria, educativa y ambiental, en la provincia o en los municipios. Además, podrán utilizarse para campañas de educación y concientización ambiental, programas sociales y asistencia directa a personas en situación de vulnerabilidad.
Para el control de esos recursos, el Ministerio de Gobierno deberá mantener un registro y presentar una rendición pública anual sobre el destino de los fondos. Con esa obligación, la modificación busca liberar espacio en los depósitos judiciales y establecer un mecanismo de recuperación de recursos con fines públicos.
