Las acciones de Rockhopper Exploration llegaron a caer cerca de 20% este lunes en Londres, antes de moderar la baja, en medio de la presión argentina sobre el proyecto petrolero Sea Lion en Malvinas. El movimiento bursátil se produjo después de que Navitas Petroleum, socia y operadora del desarrollo, admitiera que trabaja para reemplazar a dos contratistas que se apartaron de la iniciativa. La reacción del mercado volvió a exponer el impacto financiero de una disputa que ya combina frentes empresariales, judiciales y diplomáticos.
Las plataformas financieras siguieron la operatoria con distintos registros. TipRanks llegó a mostrar a Rockhopper con una baja de 19,35% y vinculó el movimiento con la salida de dos contratistas de Sea Lion y con el temor a nuevas demoras y mayores costos. Más tarde, Investing.com ubicaba el retroceso en torno del 13%-14%, mientras Alliance News lo situaba cerca del 10%, lo que reflejaba una recuperación parcial tras la caída inicial. La volatilidad se sumó a una secuencia previa de oscilaciones en la cotización.
Antecedentes recientes Rockhopper ya venía mostrando movimientos bruscos. El 30 de septiembre cayó 7,66% y el 1° de octubre otro 0,51%, antes de recuperar 3,23% el viernes 2. En septiembre, la acción había registrado además varias jornadas de bajas en paralelo con el endurecimiento de las medidas argentinas sobre el proyecto. Ese recorrido ayuda a explicar por qué la novedad de este lunes tuvo efecto inmediato sobre el papel.
Dos contratistas se apartaron La comunicación que reactivó la presión bursátil fue difundida por Rockhopper a partir de una actualización de Navitas. La operadora informó que está tomando medidas para reemplazar a “dos contratistas incumplidores” y realizar los ajustes necesarios para sostener el desarrollo. Navitas no identificó a esas firmas, pero advirtió que el escenario podría complicarse si los reemplazos se demoran o fracasan, si otros proveedores se retiran o si se produce una nueva escalada de las acciones del Gobierno argentino.
En el mismo mensaje, la compañía sostuvo que Sea Lion continúa con “el pleno apoyo” del gobierno británico y de la administración de las islas, y afirmó que por ahora no espera un impacto material adverso sobre el proyecto. Rockhopper reprodujo esa evaluación en su comunicación al mercado. La petrolera posee el 35% del desarrollo, mientras Navitas controla el 65% restante y actúa como operadora.
Presión argentina en varios planos La disputa sumó intensidad durante septiembre. El Gobierno argentino anunció medidas para endurecer las sanciones contra empresas y personas que participen en actividades hidrocarburíferas en Malvinas sin autorización nacional y sostuvo que el avance de Sea Lion afecta derechos soberanos argentinos. A ese frente se sumó la Justicia Federal de Río Grande: el 16 de septiembre, la jueza Mariel Borruto hizo lugar parcialmente a una cautelar presentada por el CECIM La Plata y una organización de abogados ambientalistas, y ordenó a Rockhopper y Navitas abstenerse de iniciar, continuar o ejecutar el proyecto.
La controversia también escaló al plano internacional. El 28 de septiembre, Milei instruyó a la Cancillería y a los equipos jurídicos a iniciar el arbitraje previsto en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, y dio a Reino Unido dos semanas para impedir el avance de las actividades hidrocarburíferas. Si Londres no atiende la intimación, Argentina anunció que pedirá medidas provisionales al Tribunal Internacional del Derecho del Mar. En ese marco, la evolución de las contrataciones y de la cotización de Rockhopper aparece como una variable a seguir de cerca hasta la primera producción prevista para el primer trimestre de 2028.
