El abogado especialista en derecho ambiental Gastón Noguera explicó en el programa “Siempre con vos” de Telesol que la compra de tierras rurales por parte de extranjeros sigue alcanzada por la Ley 26.737, sancionada en 2011. Según señaló, la norma continúa vigente pese al intento del Gobierno nacional de dejarla sin efecto a través del DNU 70/2023. El punto central del régimen es fijar límites a la titularidad extranjera sobre suelo rural, en un tema que combina soberanía, recursos estratégicos y actividad productiva.
La ley establece un tope del 15% del territorio nacional, provincial o municipal en manos de propietarios extranjeros. Dentro de ese margen, ningún grupo de una misma nacionalidad puede superar el 30%, precisó Noguera. La referencia no es menor para San Juan, donde la disponibilidad de tierra y el uso del suelo forman parte de la discusión sobre inversión, desarrollo agrícola y control de activos estratégicos. En ese marco, el especialista sostuvo: “Simplemente es una ley que pone límites a la adquisición, a la compra de tierras rurales”.
El intento de derogación El letrado indicó que el DNU 70/2023 buscó derogar la norma en su artículo 154, bajo el argumento de promover la inversión y el empleo. También señaló que la Corte Suprema de Justicia resolvió cuestiones de forma vinculadas con quiénes están habilitados para reclamar, aunque no se expidió sobre el fondo del asunto. De acuerdo con su exposición, la Cámara de Diputados trató el tema el 21 de octubre y la decisión final quedó en manos del Senado.
Vigencia y eventuales reclamos “Cuento corto, hoy está en vigencia la ley de tierras”, afirmó Noguera durante la entrevista. A partir de esa vigencia, advirtió que cualquier compra que supere los porcentajes permitidos podría habilitar acciones judiciales para exigir el cumplimiento del límite legal. El planteo se inscribe en un marco procesal todavía abierto, porque la discusión normativa no quedó cerrada con el decreto y depende de la definición legislativa pendiente.
Discusión productiva El abogado remarcó que la provincia necesita compatibilizar la protección del suelo con el desarrollo productivo. “Tiene que haber una justa composición de intereses. No es malo el desarrollo, yo creo que sin desarrollo, más nosotros que estamos en San Juan, es fundamental”, sostuvo. También afirmó que existen “medios, instituciones y formas para hacer las cosas bien” y así alcanzar seguridad jurídica y resguardar un recurso estratégico. Mientras tanto, el régimen sigue operativo y el Senado conserva la última palabra sobre una eventual modificación o ratificación del esquema vigente.
