La Justicia oficializó el embargo del departamento de Cristina Kirchner en San José 1111, inmueble donde la expresidenta cumple su condena en la causa Vialidad. La medida fue notificada este jueves por el Tribunal Oral Federal (TOF) N°2 al Registro de la Propiedad Inmueble. Según la información difundida por Clarín, el alcance del embargo se vincula con un nuevo pedido del fiscal Diego Luciani.
Medida patrimonial
El fallo emitido el pasado 12 de agosto, al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, dispuso avanzar sobre bienes inscriptos a nombre de Los Sauces S.A. y Hotesur S.A.. De acuerdo con esa resolución, las acciones de esas sociedades están en manos de Máximo y Florencia Kirchner. La decisión judicial se inscribe en el tramo de ejecución patrimonial de la condena y apunta a preservar activos ante una eventual instancia de decomiso.
Bienes alcanzados
Además del departamento de San José 1111, la medida incluyó inmuebles en el Complejo Madero Center, en la Ciudad de Buenos Aires. También quedaron comprendidos el Hotel La Aldea Del Chaltén y otras propiedades ubicadas en El Calafate y Río Gallegos, en Santa Cruz. El alcance territorial de la resolución muestra que la ejecución no se limita a un solo inmueble, sino a un conjunto de bienes vinculados a las sociedades mencionadas en el expediente.
Antecedente de la condena
La condena dictada en la causa Vialidad fijó una pena de seis años de prisión para Cristina Kirchner por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado. El tribunal la consideró responsable por la adjudicación irregular de 51 licitaciones al Grupo Austral de Lázaro Báez, entre 2003 y 2015, por obras en la provincia de Santa Cruz. Ese antecedente explica el pedido fiscal orientado a resguardar bienes para responder por el perjuicio económico fijado en el proceso.
Decomiso en discusión
El nuevo pedido impulsado por Diego Luciani busca asegurar un decomiso de casi $685.000 millones, cifra que surge de la actualización del perjuicio económico juzgado en la causa, según se informó. La notificación al Registro de la Propiedad Inmueble formaliza una etapa de ejecución que puede derivar en nuevas medidas sobre otros activos alcanzados por el expediente. El seguimiento del caso queda ahora atado a la instrumentación registral y a las decisiones que adopte el TOF N°2 sobre el resto de los bienes involucrados.
