La jueza Marta Elba Pascual habló por primera vez después de firmar el fallo que suspendió por 60 días el nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires. La magistrada justificó la decisión en la falta de infraestructura y recursos para aplicar la ley, que comenzó a regir este lunes. El alcance de la medida impacta en la implementación de la reducción de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.
Fundamentos del fallo
En diálogo con Now 97.9, Pascual sostuvo que le parece “pésimo” que haya menores de 18 años privados de la libertad y afirmó: “No romantizo con los chicos que salen con un arma, pero lo que creo que está pésimo es que hay como una sensación de que con esta ley le vamos a dar seguridad a la gente. Yo soy del Conurbano, y con esta ley no vamos a crear más seguridad”. Agregó que, si no existen mecanismos para aplicar todas las medidas previstas, la norma “no es más beneficiosa ni para la comunidad ni para los jóvenes”.
La resolución hizo lugar a un habeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo, en beneficio de los adolescentes privados de su libertad. El eje central del planteo judicial fue la falta de infraestructura y de recursos materiales del Estado provincial para absorber el incremento de jóvenes que ingresarán al sistema penal. La nueva legislación permite procesar judicialmente a adolescentes de entre 14 y 16 años por los delitos tipificados en el Código Penal.
Alcance y límites
Pascual aclaró que no está en desacuerdo con la reducción de la edad de imputabilidad a los 14 años, pero advirtió sobre las condiciones de encierro. Señaló que un chico “sin educación, sin oficio, sin terapia” puede llegar a los 18 años a una unidad carcelaria que, según describió, funciona “como una escuela de delito”. También dijo que, en general, las víctimas le piden que los responsables “se pudran” en prisión, aunque remarcó que su obligación es aplicar la ley vigente y buscar que el joven no llegue con mayor agresividad al sistema carcelario.
La jueza rechazó el argumento de que la suspensión deje desprotegidas a las potenciales víctimas. Explicó que en la provincia de Buenos Aires, por la ley procesal vigente, los jueces de garantías ya tienen facultades para privar de libertad a adolescentes de entre 14 y 16 años, y que actualmente hay alrededor de 100 menores de esa franja detenidos en ese territorio. En ese marco, sostuvo que la discusión no pasa solo por la edad de imputabilidad, sino por los dispositivos disponibles para supervisión, contención y cumplimiento de medidas alternativas.
Reacciones y próximos pasos
La decisión judicial generó reacciones inmediatas desde el Gobierno nacional. La senadora y ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich, una de las impulsoras de la legislación, escribió en sus redes sociales que la provincia de Buenos Aires tiene “una justicia provincial garantista que deja libres a los chicos para que sigan robando, asesinando y destruyendo familias”. También apuntó contra el gobernador Axel Kicillof, a quien acusó de ponerse “del lado de los delincuentes”.
Ante esas críticas, Pascual respondió: “Yo garantista soy de la ley y, además de la ley, quiero seguridad. Tengo hijos, camino todo el día por el conurbano y quiero vivir tranquilamente”. El objetivo que planteó para el período de suspensión es que en esos 60 días los poderes del Estado acuerden quién será el supervisor de cada joven, con qué recursos contarán los centros de detención y cómo se implementarán las medidas alternativas previstas por la propia ley. También advirtió sobre el riesgo de que se resuelva el problema solo con encierro o con derivaciones a cárceles comunes.
