La diputada nacional Caren Tepp presentó un proyecto de ley que busca declarar por el plazo de un año la emergencia crediticia por sobreendeudamiento de consumo, con posibilidad de prórroga, y poner en marcha el Régimen de Emergencia para el Desendeudamiento Social (REDES). La propuesta apunta a atender la situación de personas y hogares que, por la caída del ingreso real, quedaron atrapados en deudas de tarjetas de crédito y préstamos personales.
El alcance del régimen incluye obligaciones con entidades financieras, proveedores no financieros de crédito, fideicomisos y empresas de cobranza, aunque deja afuera los créditos garantizados con hipotecas o prendas. En los fundamentos, la legisladora plantea que la medida procura resguardar el “mínimo existencial” de los hogares y recomponer su capacidad de consumo, una variable clave para la economía doméstica.
Uno de los ejes centrales del proyecto es la intervención del Banco Central, que deberá convocar a los acreedores para adherir a convenios de reestructuración. Esos acuerdos contemplan quitas de capital, una tasa de interés que no podrá superar la tasa pasiva del Banco Nación para depósitos a plazo fijo y cuotas que no excedan el 20% de los ingresos netos mensuales del deudor. También se prevé la extinción de los intereses punitorios acumulados desde el ingreso a las categorías de mora definidas por el organismo monetario.
La iniciativa establece, además, que no podrá haber regularización parcial de las deudas y que la totalidad de los créditos en mora deberá consolidarse en un único esquema de refinanciación. A eso se suma que los costos administrativos del proceso quedarán a cargo de las entidades acreedoras, mientras que quienes ingresen al programa no podrán ser incorporados a bases de riesgo crediticio una vez formalizado el acuerdo.
El proyecto fija como beneficiarias a las personas con ingresos de hasta diez salarios mínimos vitales y móviles que se encuentren en las categorías deudoras 2, 3, 4 o 5 del Banco Central. En cambio, excluye a deudores alimentarios morosos, personas políticamente expuestas, quienes tengan más de un inmueble o activos financieros por encima de los límites establecidos en la iniciativa.
Uno de los puntos de mayor impacto social es la condonación total de capital, intereses, comisiones y gastos para las deudas alcanzadas en el caso de personas con Certificado Único de Discapacidad vigente y titulares de hogares monoparentales que reúnan las condiciones previstas. La medida introduce un tratamiento diferencial para sectores que, según el texto, enfrentan mayores obstáculos para sostener sus obligaciones financieras.
Mientras duren los procesos de renegociación o condonación, el proyecto dispone la suspensión de toda acción judicial o extrajudicial de cobro, el cese del devengamiento de intereses y la prohibición de vender o transferir las carteras de créditos involucradas. El objetivo es evitar que la presión de los acreedores agrave una situación que la autora describe como de “asfixia crediticia”.
En sus fundamentos, Caren Tepp atribuye el sobreendeudamiento de los hogares al deterioro de los ingresos reales y al uso creciente del crédito para cubrir gastos corrientes. También cuestiona la desregulación financiera impulsada por el Gobierno nacional y sostiene que el escenario requiere una respuesta excepcional del Estado.
La iniciativa fue girada para su análisis a las comisiones de Finanzas, Defensa del Consumidor y Presupuesto y Hacienda, donde comenzará a evaluarse su viabilidad legislativa y su eventual impacto sobre el sistema financiero y los deudores alcanzados.
