La Cámara de Diputados de San Juan aprobó este jueves el tratamiento de preferencia de un proyecto presentado por la diputada justicialista Fernanda Paredes, orientado a la adhesión de la provincia a la Ley Nacional de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos y a la creación de un Observatorio de Víctimas. La propuesta había sido presentada por primera vez en 2024, pero perdió estado parlamentario al no ser debatida y fue nuevamente ingresada en 2026.
La iniciativa adquirió una dimensión particular a partir del femicidio de Gemma Álvarez, la joven sanjuanina asesinada por su expareja, Matías Marín, el pasado 30 de julio. El caso volvió a poner en discusión la eficacia de los mecanismos de protección y seguimiento para personas que atraviesan situaciones de violencia, especialmente cuando ya existen denuncias previas.
El texto plantea la adhesión de San Juan a la Ley Nacional 27.372, que reconoce derechos como el asesoramiento y la asistencia, el acceso a la Justicia, el trato digno y respetuoso, la protección de las víctimas y sus familiares, y el acceso a información sobre el estado de las causas. En términos prácticos, la norma apunta a reforzar el acompañamiento institucional y a ordenar la respuesta del Estado frente a quienes denuncian delitos.
Asimismo, el proyecto propone la creación de un Observatorio de Víctimas de Delitos, con el objetivo de reunir y sistematizar datos estadísticos para detectar falencias estructurales del sistema y diseñar políticas públicas a partir de esa información. La apuesta legislativa se centra, así, en pasar de una respuesta reactiva a un esquema con más capacidad de diagnóstico y prevención.
Durante la sesión, Fernanda Paredes recordó que la iniciativa ya había sido presentada en 2024, pero que al no ser tratada perdió estado parlamentario. Por ese motivo, decidió volver a impulsarla a comienzos de 2026 y solicitar su tratamiento con preferencia.
El proyecto fue girado a las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia, donde los legisladores asumieron el compromiso de analizarlo. En ese marco, la diputada sostuvo que el femicidio de Gemma Álvarez debe abrir una reflexión sobre la respuesta institucional frente a las víctimas, sobre todo en casos en los que ya existió una denuncia y un pedido de ayuda previo.
