Mientras el oficialismo termina de cerrar diferencias sobre el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, ya definió el temario de la sesión del próximo miércoles en la Cámara de Diputados. En esa agenda también figura la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, en paralelo con otras iniciativas de alcance económico, institucional y judicial. La discusión más sensible sigue concentrada en el capítulo 7 del dictamen, que introduce nuevos tipos penales vinculados a la “injerencia extranjera”.
Negociaciones abiertas
El texto cuenta con los votos necesarios para su sanción en general, pero el capítulo 7 requiere una mayoría especial de 129 voluntades. Ese tramo prevé multas y penas de prisión para extranjeros sin residencia permanente y para personas jurídicas extranjeras que financien campañas electorales, además de sanciones por facilitar operaciones militares o de inteligencia de un Estado extranjero. También incluye prohibiciones sobre campañas de injerencia, actos de violencia o sabotaje contra el Estado argentino o sus habitantes, con excepciones para la actividad diplomática, periodística y académica.
El tema fue abordado en una reunión a puerta cerrada en el despacho de la Presidencia de la Cámara baja, con participación de Gabriel Bornoroni, Silvana Giudici, Nicolás Mayoraz y Laura Rodríguez Machado, por el oficialismo, y de referentes de bloques del PRO, UCR, Argentina Federal, Provincias Unidas y otros espacios menores. El Gobierno envió a la subsecretaria de Planeamiento Normativo, Paula Taddei, que reporta a la secretaria de Legal y Técnica, María Ibárzabal Murphy, para registrar los reclamos. Según la Agencia Noticias Argentinas, Oscar Herrera Ahuad, Karina Banfi y Gisela Scaglia pidieron eliminar o modificar profundamente ese capítulo.
Capítulo sensible
La iniciativa mantiene sanciones penales y económicas por la explotación sin autorización argentina de recursos renovables y no renovables en la cuenca de Malvinas, con penas de hasta 20 años de prisión para directores, accionistas, socios y proveedores. Sin embargo, se excluyó a los accionistas con participaciones de hasta el 2% y a los fondos de inversión con intervención indirecta en las operaciones. También se redujeron las multas, que en el texto original iban de 20 mil a 100 mil barriles de petróleo y pasaron a un rango de 2 mil a 40 mil.
Otro cambio aceptado a pedido de bloques aliados fue la ampliación del Consejo de Seguridad Nacional, que incorporará como miembros no permanentes al presidente de la Cámara de Diputados, al presidente provisional del Senado y a gobernadores. Ese órgano será presidido por el Presidente de la Nación e integrado por los ministros de Defensa, Seguridad, Relaciones Exteriores y Economía, además del titular de la SIDE y el secretario de Legal y Técnica. Entre sus facultades figuran la protección de infraestructuras críticas y la posibilidad de adoptar medidas urgentes ante una amenaza externa grave, como restringir operaciones cambiarias y financieras, bloquear fondos y activos, suspender autorizaciones o contrataciones y elevar derechos aduaneros de manera temporaria.
Controles y próximos pasos
La reforma también prevé un protocolo para el derribo de aeronaves y el hundimiento de buques, junto con la autorización para que las Fuerzas Armadas participen en “operaciones no convencionales”. A pedido del diputado Eduardo Falcone (MID), el oficialismo aceptó crear una Comisión Bicameral de Seguimiento para auditar y monitorear las decisiones del Consejo de Seguridad Nacional. El Poder Ejecutivo deberá informar a esa comisión las medidas adoptadas en un plazo máximo de 48 horas. En paralelo, el texto otorga rango legal al Registro de Personas y Entidades Vinculadas al Terrorismo (RePET) y habilita inscripciones con base en “motivos razonables para sospechar”.
La oposición cuestiona que los conceptos de “terrorismo” y “amenaza externa” aparecen definidos de manera amplia y sin precisión técnica, lo que —según su planteo— abriría margen para decisiones discrecionales del Poder Ejecutivo. Con ese marco, la sesión del próximo miércoles se perfila como una instancia clave para el paquete de reformas que el oficialismo busca llevar al recinto, con el capítulo 7 como principal punto de negociación pendiente.
