El Gobierno nacional dispuso mantener bajo reserva las actuaciones vinculadas con una adquisición de material y equipamiento para las Fuerzas Armadas. La decisión quedó formalizada mediante el Decreto 1205/2026, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Defensa, Carlos Alberto Presti, y publicado este lunes en el Boletín Oficial.
La norma no precisa qué elementos serán adquiridos ni cuánto dinero demandará la operación. En cambio, establece que el proceso contractual alcanzado por la medida tendrá carácter de “Secreto Militar”, por lo que su contenido quedará limitado a las personas autorizadas.
Según los fundamentos del decreto, el Ministerio de Defensa consideró que la “naturaleza, características y finalidad” de la adquisición justifican la reserva de la información. El texto sostiene que la difusión de esos datos “podría comprometer la seguridad nacional y los medios de defensa de la Nación”.
Como consecuencia, los organismos responsables de llevar adelante la contratación quedarán exceptuados de las disposiciones que exigen la publicidad y difusión de las actuaciones correspondientes al procedimiento de compra. La medida restringe el acceso al expediente administrativo y al detalle del equipamiento involucrado.
Marco normativo
Para respaldar la decisión, el Ejecutivo recurrió al Decreto 9390, de 1963, que contempla la clasificación de “Secreto Militar” para asuntos considerados fundamentales en la preparación y el empleo de las Fuerzas Armadas. Esa normativa incluye expresamente las adquisiciones, fabricaciones y construcciones, además de las negociaciones y los trámites relacionados.
El texto también invoca la Ley de Defensa Nacional 23.554, que establece como objetivo garantizar la soberanía, la independencia y la integridad territorial frente a agresiones externas. A su vez, cita la Ley 24.948, que asigna al Ministerio de Defensa la responsabilidad de evaluar y resolver los requerimientos de equipamiento de las fuerzas.
Finalmente, el decreto habilita a la cartera de Defensa, a través de la Subsecretaría de Gestión Administrativa, a realizar las actuaciones necesarias para implementar la medida. En el procedimiento también intervino la Dirección General de Asuntos Jurídicos del ministerio. El próximo paso será la tramitación administrativa de la compra bajo el régimen reservado que fijó la norma.
