El Gobierno aprobó un nuevo régimen de retiro voluntario para el personal de las jurisdicciones y organismos de la Administración Pública Nacional Centralizada en el ámbito del Poder Ejecutivo, con inscripción abierta del 1° al 30 de noviembre de 2026 y una prórroga única de hasta 30 días. La medida quedó establecida por el Decreto 1203/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Diego Santilli y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. El esquema apunta a ordenar la salida de empleados estatales bajo condiciones diferenciadas según edad, años de aporte y antigüedad.
La norma designó como autoridad de aplicación a la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública, dependiente del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, con facultades para prorrogar el plazo de adhesión y dictar normas complementarias, aclaratorias e interpretativas. Además, dispuso que las jurisdicciones alcanzadas deberán eliminar los cargos presupuestarios correspondientes al personal que se retire, desde la fecha en que se produzca el cese de la relación de empleo. En términos administrativos, eso implica que las vacantes no quedarán automáticamente disponibles para reposición dentro de las mismas estructuras.
Beneficiarios y compensaciones
El régimen estableció tres grupos de beneficiarios con modalidades distintas de compensación económica. Para mujeres desde los 58 años y hombres desde los 63 que no cuenten con aportes suficientes para acceder a la jubilación ordinaria, la alternativa es cobrar mensualmente el 60% de la remuneración bruta habitual durante un máximo de 36 meses o hasta reunir los requisitos jubilatorios, con mantenimiento de aportes y contribuciones previsionales y de obra social. La otra opción para ese grupo es una gratificación única equivalente a un sueldo bruto por cada año de antigüedad o fracción superior a tres meses, con tope de 18 remuneraciones y sin superar los meses restantes para completar los requisitos jubilatorios.
Para mujeres de entre 58 y 64 años y hombres de entre 63 y 64 años con al menos 30 años de aportes jubilatorios, la compensación será equivalente a un sueldo bruto por cada año de antigüedad o fracción mayor a tres meses, con un máximo de 18 remuneraciones. En ese caso no rige el límite adicional vinculado al tiempo restante para jubilarse y se suma una compensación extra equivalente a cinco sueldos brutos, independientemente de la antigüedad. Para mujeres de hasta 57 años y hombres de hasta 62, la gratificación será de un sueldo bruto por cada año de antigüedad o fracción superior a tres meses, con un máximo de 20 remuneraciones, más cuatro sueldos adicionales si acreditan menos de 15 años de antigüedad en planta permanente o cinco remuneraciones adicionales si tienen 15 años o más.
Exclusiones y condiciones
No podrán adherir quienes estén procesados por delitos contra la Administración Pública Nacional, salvo absolución firme y definitiva antes del cierre del plazo de inscripción, ni quienes estén sometidos a sumario administrativo en trámite por hechos que puedan derivar en cesantía o exoneración. Tampoco podrán hacerlo quienes tengan pendiente la ejecución de un procedimiento disciplinario, quienes hayan iniciado reclamos o acciones judiciales contra la Administración Pública Nacional vinculados con la relación laboral, salvo desistimiento expreso, ni quienes estén tramitando jubilación ordinaria, retiro por invalidez, prestación por edad avanzada u otra prestación equivalente. El decreto también excluye a quienes ya cumplan los requisitos previsionales de la ley 24.241, a quienes hayan presentado renuncia pendiente de aceptación y a quienes estén en situación de disponibilidad.
Quienes acepten el retiro voluntario no podrán reingresar al Estado durante 8 años, ya sea en planta permanente o mediante contratación. La prohibición alcanza cargos superiores del Poder Ejecutivo, asesores de gabinete y programas financiados por organismos multilaterales, con excepción de los cargos docentes en universidades nacionales. Si se incumple esa condición, el beneficiario pierde las cuotas pendientes y debe devolver las sumas percibidas desde el retiro hasta el reingreso. En una publicación en su cuenta de X, Federico Sturzenegger sostuvo que el programa fue diseñado “para evitar una puerta giratoria quienes participen no pueden volver a la administración”.
Impacto sobre la planta estatal
El ministro estimó que unos 20.000 trabajadores públicos podrían quedar en condiciones de acceder al régimen. El decreto llega en un contexto de reducción del empleo estatal que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) vienen midiendo en la actual gestión. Según esos datos, hasta agosto de 2026 la Administración Pública Nacional se achicó en 74.332 puestos de trabajo, una caída del 21,6% de la planta del Sector Público Nacional. El CEPA calculó además que el recorte equivale a casi 72 personas por día.
El informe citado en el texto oficial y en el análisis del CEPA señala que la mayor cantidad de desvinculaciones se concentró en la administración descentralizada, seguida por empresas y sociedades y por organismos centralizados. Entre los casos más relevantes figuran Correo Argentino, con 5.645 despidos; Operadora Ferroviaria, con 4.374; Banco Nación, con 2.382; y Aerolíneas Argentinas, con 1.920. En términos proporcionales, la ex Télam registra una reducción del 79,4% de su personal, mientras que Educar S.A., Contenidos Públicos S.E. y la Casa de la Moneda también muestran recortes significativos.
En la Administración Pública Nacional, sobre organismos desconcentrados y descentralizados, el mayor descenso absoluto corresponde a ARCA, con 3.500 puestos eliminados, seguida por ANSES, con 3.021, y el CONICET, con 2.869. En términos proporcionales, el recorte más severo se produjo en el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, que perdió el 63,4% de su planta, seguido por la Junta de Seguridad en el Transporte (53%) y el INAES (46,6%). Con la apertura de la inscripción en noviembre, el próximo paso dependerá de la adhesión efectiva de los agentes y de la aplicación administrativa de cada organismo alcanzado.
