La Cámara de Diputados de San Juan rechazó el proyecto para que la provincia adhiera a la Ley Nacional de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos, una iniciativa que había ingresado para su estudio en 2024. La votación terminó con 18 votos en contra y 13 a favor, por lo que la propuesta no avanzó en la Legislatura provincial. El debate quedó centrado en el alcance efectivo de los derechos reconocidos por la normativa nacional y en la posibilidad de aplicarlos en el ámbito local.
Fundamentos del proyecto
La diputada provincial Fernanda Paredes, una de las impulsoras de la iniciativa, explicó que el planteo había sido analizado desde los planos jurídico, social, político y práctico. Según señaló, el objetivo era incorporar a la provincia herramientas previstas en la legislación nacional que, a su criterio, no tienen una aplicación efectiva en San Juan. “Era un proyecto de adhesión a la ley nacional”, afirmó al defender la propuesta en el recinto.
Criterios y aplicación
Paredes sostuvo que la adhesión permitiría unificar criterios en la atención y protección de las víctimas durante los procesos judiciales. También indicó que existen situaciones en las que operadores jurídicos consideran que determinados artículos de la ley nacional no pueden aplicarse en la provincia por no haber una adhesión formal. En ese marco, planteó que una norma provincial podría servir como herramienta para evitar interpretaciones distintas y fortalecer el acompañamiento a quienes atraviesan un proceso judicial como víctimas de delito.
Acceso a la Justicia
La legisladora puso el foco en la situación económica de muchas personas que deben enfrentar un proceso judicial después de haber sido víctimas de un delito. Señaló que el problema no está en la existencia de derechos reconocidos, sino en la posibilidad concreta de ejercerlos. “Tenemos legislación que protege los derechos de la víctima, pero eso se convierte en letra muerta si no tienen cómo llevarlos a la práctica y hacerlos efectivos”, afirmó. También remarcó que la legislación nacional contempla la defensa de la víctima, especialmente para quienes no cuentan con recursos suficientes para afrontar una representación legal.
Sin mayoría para avanzar
La diputada sostuvo además que familiares de víctimas plantearon la necesidad de contar con representación jurídica durante el proceso. Según dijo, muchas familias conocen que el Código Procesal reconoce derechos, pero no siempre disponen de los medios para ejercerlos. En ese punto vinculó la discusión con el principio de igualdad ante la Justicia y advirtió que el acceso efectivo a determinados derechos puede quedar condicionado por la capacidad económica de cada víctima o de su entorno. Con el rechazo parlamentario, el proyecto quedó sin sanción y la discusión sobre la adhesión a la ley nacional permanece abierta en el plano legislativo.
