El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, fue denunciado ante la Justicia federal por presuntas irregularidades en el manejo de fondos nacionales destinados a la construcción del Gasoducto Troncal Lavalle Catamarca, obra a cargo de la empresa MEGA, vinculada en los papeles al empresario salteño Carlos Fernando Berruezo Sánchez.
En la presentación, a la que tuvo acceso LPO, se pidió investigar los presuntos delitos de administración fraudulenta, abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y negociaciones incompatibles con la función pública. La denuncia ubica el caso en el fuero federal porque sostiene que los recursos eran de origen nacional y estaban afectados de manera específica a esa obra.
La obra fue contratada por Catamarca en agosto de 2022 y tenía un presupuesto original de $4.560 millones, financiado con fondos nacionales transferidos a la provincia. En julio de 2023 se pagó a MEGA un anticipo financiero de $454 millones, cubierto por una póliza de caución. Luego, en 2023, la provincia aplicó una multa de $1.963 millones por incumplimientos y en abril de 2024 resolvió rescindir el contrato, decisión que la empresa judicializó.
Acuerdo cuestionado
Según la denuncia, el conflicto se cerró este año con un acuerdo conciliatorio por el cual MEGA desistió de las acciones judiciales y aceptó pagar $301 millones. A cambio, la provincia renunció a los reclamos contra la constructora, incluida la multa, y asumió el compromiso de liberar las garantías. Los denunciantes sostienen que el expediente no contiene una evaluación económica que justifique la conveniencia del arreglo ni explica cómo se llegó a ese monto.
El escrito también hace una actualización por inflación de las cifras involucradas. Calcula que los $454 millones entregados como anticipo en 2023 equivalían a alrededor de $3.079 millones en agosto de 2026 y que la multa de $1.963 millones habría superado los $6.821 millones bajo el mismo criterio. Además, cuestiona que, frustrada la obra, los fondos hayan sido tratados como recursos provinciales de libre disponibilidad, cuando el convenio preveía mecanismos de rendición y el reintegro de lo no aplicado.
Control y próximos pasos
La denuncia sostiene que la Fiscalía de Estado consideró que evaluar la conveniencia económica excedía sus competencias y que la Asesoría General de Gobierno entendió lo mismo, por lo que ningún organismo habría realizado esa revisión. También señala que el 9 de septiembre cuatro diputados provinciales presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la provincia por la misma obra. Entre las medidas pedidas figuran preservar los expedientes, reconstruir el movimiento de los fondos nacionales, realizar una pericia contable y establecer el valor actualizado del anticipo y de la multa.
La presentación fue realizada por Sofía Nahur Rivera Ortega y apunta también contra Nicolás Rosales Matienzo, fiscal de Estado; Alberto Kozicki, ex ministro de Agua, Energía y Medio Ambiente; Marcos Rodolfo José Denett, ex fiscal de Estado; y Alberto Adolfo Natella, ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia. El expediente quedó planteado como una investigación sobre el uso de fondos nacionales transferidos para una obra pública que no llegó a completarse.
