El debate por la gestión de los recursos mineros en Argentina suma un capítulo clave de alta repercusión política e institucional. El ingeniero Mario Juarez integrante del Colegio Argentino de Ingenieros de Minas (CADIN/CADIM), encendió las alarmas sobre la desregulación en la contratación de personal técnico en los yacimientos y remarcó la urgencia de sancionar una ley de consejo profesional específico para la minería.
Según explicó el especialista, existe un relato promovido por nuevos actores del sector minero que intentan invisibilizar la trayectoria de los profesionales egresados de las universidades nacionales. En ese marco, Juárez fue categórico al señalar que "la mitad de la crisis de recursos humanos es una crisis fabricada", argumentando que las áreas de contratación desestiman la experiencia local acumulada durante décadas. Asimismo, sostuvo que resulta "un discurso muy conveniente para quienes recién llegan a la actividad minera decir que no hay nadie que sepa nada".
El riesgo
de la mala praxis y la defensa de la incumbencia legal
La principal preocupación institucional radica en el incumplimiento de la Ley
de Ejercicio Profesional. Juárez enfatizó que los títulos universitarios
habilitan específicamente a los ingenieros en minas para el diseño de
explotaciones subterráneas, a cielo abierto y el procesamiento de minerales.
Sin embargo, en la actualidad se observa la asignación de responsabilidades
técnicas a personas que no cuentan con la habilitación correspondiente.
Al trazar una analogía con la medicina, advirtió sobre la necesidad de "no caer en la posibilidad de una mala praxis". Juárez cuestionó que se permita actuar a personas sin la competencia requerida y remarcó que "la ciudadanía tiene derecho a que sus recursos geológicos, sus reservas mineras estén cuidadas por los profesionales habilitados por ley".
En ese sentido, apuntó contra la falta de controles por parte de los organismos públicos y las decisiones de las compañías: "Hoy tenemos cierto libertinaje en ese sentido, en el sentido de que las empresas hacen cualquier cosa y el gobierno controla cualquier cosa".
Una ley
de consejo profesional que "duerme el sueño de los justos"
Para revertir esta situación, el CADIN promueve una iniciativa legislativa
centrada en la creación de un ente regulador autónomo. Juárez aclaró que "estamos
promoviendo una ley del consejo profesional de ingenieros en minas", cuyo
fin central sea la emisión de matrículas y el control de la actividad.
Actualmente, los ingenieros en minas se encuentran agrupados dentro de un Consejo de Ingenieros Especialistas. Para Juárez, este esquema resulta ineficaz porque "ese consejo profesional no ejerce el poder de policía que la sociedad deposita en los consejos profesionales".
A pesar de que el proyecto contó con el impulso de legisladores como el diputado Andrés Castro en la Cámara provincial, la iniciativa no ha logrado avanzar en el debate parlamentario y continúa postergada desde hace años. Juárez reclamó que las instituciones públicas cumplan con la función de matriculación para garantizar que se controle a los profesionales que administran los recursos naturales del país, ya que es la única vía que "matricula a la gente que controla el uso que hacemos de la joya de la abuela, de la riqueza que Dios ha depositado en nuestro suelo".




