En medio de la crisis financiera que atraviesa el PAMI, se concretaron las salidas de Juan Cruz Montero de la coordinación ejecutiva y de Florencia Zicavo de la sindicatura del organismo, que asiste a más de 5 millones de jubilados y pensionados y depende del ministro de Salud, Mario Lugones.
El reemplazo de Montero es Verónica Gabriela Pérez, abogada y escribana, que fue presentada este lunes en el organismo por el asesor presidencial Santiago Caputo, según confirmaron fuentes oficiales y voces cercanas a ese dirigente a LA NACION. La presencia de Caputo fue leída en el organismo y dentro de la administración libertaria como una señal política en medio de la interna con el sector que responde a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
Transición y tensiones internas
De acuerdo con fuentes cercanas al organismo, Montero presentó su renuncia este martes por la tarde “luego de finalizar el proceso de transición” con Pérez, quien desde este lunes quedó como nueva coordinadora ejecutiva. En tanto, para Zicavo todavía no hay reemplazo definido. Desde el área de Salud relativizaron la salida de Montero y señalaron que el excoordinador “tiene como proyecto competir en las elecciones del Club Atlético Vélez Sarsfield, y va a dedicarse de lleno a ese desafío durante las próximas semanas”.
Sobre la salida de Zicavo, fuentes oficiales indicaron que obedeció a “motivos personales”. Su paso por el cargo había comenzado en abril de este año, cuando llegó desde el Ministerio de Justicia, donde estaba desde el inicio de la administración libertaria. Antes de asumir en el PAMI, Milei la había designado al frente del equipo del Poder Ejecutivo para la causa $LIBRA, expediente por el que el mandatario fue denunciado en la Justicia argentina y en la de Estados Unidos.
La situación financiera del organismo
En mayo pasado, el Gobierno otorgó al PAMI una asignación de $580.000 millones y lo encuadró en una situación “crítica”. Según la resolución, esos fondos buscaban cancelar compromisos acumulados con proveedores sanitarios y garantizar la continuidad de las prestaciones. El documento oficial justificó la transferencia con la “crítica situación financiera” del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) y la definió como un aporte financiero reintegrable.
Pese a esa asistencia, en los últimos meses se registraron recortes de prestaciones por parte de clínicas e instituciones en distintos períodos, en reclamo de mejoras en los retrasos de los pagos. La salida de dos áreas sensibles de la conducción se produce en ese contexto de presión financiera y administrativa, mientras aún no se informó quién reemplazará a Zicavo. El dato a seguir es la cobertura de la sindicatura y la evolución de los pagos a prestadores, dos variables centrales para la continuidad del sistema.
