La Resolución General N.º 46/2026, firmada por el fiscal general de la Corte de Justicia, Guillermo Baigorrí, dispuso que todas las coordinaciones fiscales queden cada dos años a disposición de la Fiscalía General para su ratificación o eventual modificación. La medida apunta a revisar el desempeño de quienes conducen esas áreas y a ordenar el funcionamiento de los equipos de trabajo del Ministerio Público Fiscal.
Según la norma, el procedimiento se realizará durante el mes de junio de los años impares. La primera revisión tendrá lugar en junio de 2027 y, desde entonces, se repetirá con esa periodicidad. La resolución introduce así una instancia formal de control sobre funciones que hasta ahora no estaban sujetas a una evaluación bienal obligatoria.
Alcance de la medida
La disposición establece que los fiscales que hoy cumplen tareas de coordinación deberán someter sus funciones a revisión periódica. En esa instancia, Baigorrí podrá ratificar las designaciones, aceptar una renuncia a la función de coordinación o disponer cambios en las responsabilidades asignadas. El texto también prevé que la continuidad pueda quedar convalidada de manera tácita si el fiscal general no expresa una decisión en contrario.
La resolución aclara, además, que los coordinadores no tienen un derecho adquirido a permanecer en esos cargos. Por ese motivo, las designaciones podrán ser modificadas, revocadas o sustituidas en cualquier momento si existen razones que lo justifiquen, sin necesidad de esperar a la revisión bienal. Entre los criterios mencionados para evaluar el desempeño figuran la idoneidad profesional, la capacidad de liderazgo, el compromiso con las tareas asignadas, la búsqueda de soluciones, la dedicación y la capacidad para conducir equipos de trabajo eficientes.
Continuidad institucional
La nueva disposición no modifica automáticamente las funciones ni las estructuras ya vigentes. El texto mantiene en vigor las normas anteriores vinculadas al rol de los fiscales coordinadores, por lo que el cambio central es la incorporación de una instancia periódica de revisión. En la práctica, el Ministerio Público Fiscal de San Juan pasará a contar desde junio de 2027 con un mecanismo formal para confirmar o ajustar las coordinaciones según los criterios definidos por la Fiscalía General.
Ese esquema deja abierta la posibilidad de cambios en la conducción de las distintas unidades fiscales, aunque no impone modificaciones automáticas sobre las designaciones actuales. La variable a seguir será la primera revisión de 2027, que marcará el inicio del sistema bienal previsto por la resolución.
