El gobierno de Javier Milei prepara una presentación ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, para pedir medidas provisionales contra el proyecto petrolero Sea Lion en las Islas Malvinas. El paso siguiente se activará cuando venza, el próximo lunes, el plazo de dos semanas que la Argentina otorgó al Reino Unido para detener las actividades vinculadas con ese desarrollo. La estrategia oficial busca impedir que el emprendimiento avance antes de la extracción de crudo, prevista para 2028.
Según reconstruyó Infobae a partir de información oficial y consultas con especialistas en derecho internacional, la presentación todavía no tiene fecha definida. El procedimiento forma parte del anuncio realizado por el Gobierno el 28 de septiembre y podría derivar en una primera resolución durante noviembre. La decisión que se solicite no sería sobre la soberanía de las islas, sino sobre medidas urgentes para preservar derechos en disputa mientras se tramita el caso de fondo.
Marco procesal
La Argentina no puede ordenar por sí misma la paralización de Sea Lion. Por eso, la Cancillería recurrirá al mecanismo previsto en el artículo 290 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), que habilita al tribunal a dictar medidas provisionales antes de que se constituya el tribunal arbitral del Anexo VII. Ese arbitraje puede extenderse durante años, mientras que la vía cautelar es más rápida y concentra las expectativas inmediatas del Gobierno.
La decisión fue anunciada por la Oficina del Presidente y ejecutada por el canciller Pablo Quirno. El comunicado indicó que Milei instruyó a la Cancillería y a los equipos jurídicos a iniciar el arbitraje para impedir las actividades hidrocarburíferas de Sea Lion y otras medidas que, según la posición argentina, podrían agravar la controversia, como nuevos permisos de explotación. El Presidente luego ratificó en su cuenta de X que, si en dos semanas el Reino Unido no frenaba la explotación, la Argentina iría al tribunal de Hamburgo.
Antecedentes y fundamentos
El planteo oficial se apoya en tres ejes: la controversia de soberanía reconocida por las Naciones Unidas, las obligaciones de la CONVEMAR sobre espacios marítimos y recursos, y la exigencia de evitar modificaciones unilaterales mientras el conflicto siga abierto. La Resolución 2065 de la Asamblea General, aprobada en 1965, reconoció la disputa entre la Argentina y el Reino Unido sobre las Islas Malvinas e instó a negociar. La Resolución 31/49, aprobada el 1 de diciembre de 1976, llamó a abstenerse de adoptar decisiones que alteraran la situación mientras siguiera pendiente el proceso recomendado por la Asamblea General.
La Argentina también buscará respaldar su pedido en la obligación de proteger el medio marino y los recursos del lecho y el subsuelo. En ese marco aparece el artículo 83.3 de la CONVEMAR, que exige evitar acciones que obstaculicen o pongan en peligro una solución definitiva mientras está pendiente la delimitación de una plataforma continental. El punto es discutible porque esa norma se refiere a controversias de delimitación marítima y no resuelve por sí sola disputas de soberanía territorial.
Sea Lion y los antecedentes internacionales
El proyecto que el Gobierno busca frenar está a unos 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas y su primera producción está prevista para el primer trimestre de 2028. Las compañías a cargo son Navitas Petroleum, de Israel, que controla el 65 % y opera el desarrollo, y Rockhopper Exploration, del Reino Unido, con el 35 % restante. En 2025, ambas firmaron la decisión final de inversión para la primera etapa, que contempla once pozos submarinos y una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga de petróleo, conocida como FPSO.
El Gobierno considera relevante el antecedente de la Fragata ARA Libertad, retenida en Ghana en 2012 por una acción de acreedores de la deuda argentina. En ese caso, la Argentina promovió un arbitraje bajo el Anexo VII de la CONVEMAR y pidió medidas provisionales al tribunal de Hamburgo. La solicitud se presentó el 14 de noviembre de 2012 y el 15 de diciembre el tribunal ordenó la liberación inmediata y sin condiciones del buque.
Impacto empresarial y próximos pasos
Las acciones oficiales ya tuvieron efectos sobre contratistas y proveedores. El 2 de octubre, la Oficina del Presidente anunció que Halliburton ratificó que ninguna de sus filiales prestaría servicios al proyecto. Tres días después, Navitas reconoció que las actuaciones argentinas afectaban ciertas contrataciones y que procuraba reemplazar a dos contratistas que, según informó, no cumplieron sus compromisos. La empresa, de todos modos, sostuvo que seguía con el desarrollo con respaldo del Gobierno británico y de las autoridades de las islas.
La Argentina deberá presentar el pedido, exponer sus fundamentos y demostrar la urgencia de las medidas solicitadas. Si el escrito ingresa durante octubre, una primera decisión podría conocerse en noviembre, de acuerdo con antecedentes del tribunal. La resolución eventual podría restringir nuevas actividades, disponer medidas para preservar los derechos en discusión o rechazar la solicitud, sin resolver la soberanía sobre las Islas Malvinas.
