El proyecto de ley que ingresó a la Cámara de Diputados de San Juan para dar curso al acuerdo entre el Gobierno provincial y el proyecto minero Vicuña abrió un nuevo frente de análisis en el ámbito legislativo, donde empiezan a ponderarse no solo sus eventuales beneficios económicos, sino también sus implicancias jurídicas, ambientales y de control estatal.
En ese marco, el diputado provincial del Frente Renovador, Franco Aranda, planteó en el programa Buena Gente que cualquier definición debe surgir de una revisión minuciosa del texto enviado a la Legislatura. Si bien consideró positivo que la provincia pueda obtener mayores recursos, insistió en que ese dato no alcanza por sí solo para avalar la iniciativa.
“Que haya más dinero para la provincia siempre me parece bueno”, sostuvo, aunque de inmediato advirtió que es necesario “cuidar que no haya ningún error legislativo y chequear que el acuerdo sea compatible con otras leyes vigentes”.
La observación de Aranda pone el foco en un aspecto central: la viabilidad normativa del convenio y la capacidad institucional del Estado para garantizar que lo acordado pueda aplicarse sin generar conflictos con el marco legal existente. En términos políticos, su postura refleja una cautela que podría repetirse en otros bloques al momento de debatir el proyecto.
Otro de los puntos que, según el legislador, merece atención es la fiscalización de la actividad minera. Aranda remarcó que no alcanza con la firma de un acuerdo si la provincia no cuenta con herramientas suficientes para controlar su cumplimiento. “Hay aspectos a estudiar con cuidado. Debemos ver la capacidad real de fiscalización de la actividad minera”, señaló.
Ese planteo adquiere relevancia en una provincia donde el desarrollo minero suele presentarse como motor económico, pero también como una actividad que exige controles estrictos para sostener su legitimidad social y política. En ese contexto, la discusión no se limita al ingreso de fondos, sino a la posibilidad concreta de supervisar el impacto de la actividad en el tiempo.
Aranda también advirtió que el análisis no puede quedar circunscripto al escenario actual, sino que debe contemplar los beneficios que el acuerdo podría generar a futuro, especialmente en función de las actualizaciones de la Declaración de Impacto Ambiental. “Hay que saber bien cuáles serán los beneficios a largo plazo conforme las actualizaciones de la declaración de impacto ambiental”, expresó.
Finalmente, el diputado dejó en claro que todavía no tomó una decisión sobre el proyecto. “No tengo posición tomada hasta que pueda estudiar exhaustivamente el texto del proyecto”, afirmó, en una definición que sintetiza el tono de espera que adoptará hasta conocer en detalle la iniciativa.
Con ese planteo, Aranda dejó abierta una discusión que tendrá impacto directo en la agenda legislativa de San Juan, donde el tratamiento del acuerdo con Vicuña aparece atravesado por una tensión evidente: la expectativa por mayores ingresos para la provincia y la necesidad de asegurar que el convenio sea jurídicamente sólido, fiscalmente controlable y sostenible en el tiempo.
