Alfredo Amín, referente de la Cámara de Servicios Mineros de Calingasta (Casemica), planteó una mirada de apoyo al avance de la minería en la provincia, aunque condicionada por una advertencia central: sin infraestructura suficiente, el crecimiento puede traducirse en más tensiones para Calingasta que en desarrollo efectivo.
En diálogo con el programa Conversatorio, de La Mil 20, el dirigente destacó el respaldo del sector al proyecto Vicuña y valoró el anuncio de un aporte extraordinario de US$250 millones para obras. Sin embargo, sostuvo que la discusión de fondo pasa por la capacidad del departamento para acompañar esa expansión con energía, caminos y obras de riego.
Amín remarcó que la preocupación por el sistema eléctrico no es nueva y que viene siendo planteada desde hace años. Según recordó, los problemas se remontan a 2005 y se agravaron cada vez que el departamento debió sostener mayor actividad productiva con una red que consideró insuficiente. Aseguró además que durante la jornada previa a la entrevista se registraron microcortes y fallas de tensión tanto en Calingasta como en el campamento de Casposo.
El referente de Casemica apuntó especialmente a la utilización de la línea de 500 kV y advirtió que, al estar Vicuña en Iglesia, Calingasta queda “cola de línea”, con el riesgo de que la disponibilidad del servicio afecte a la población y a otros proyectos mineros. En ese marco, pidió que el EPRE, la Legislatura y el Gobierno provincial garanticen previsibilidad para el departamento.
También insistió en que los recursos extraordinarios vinculados a la minería deben quedar en los territorios donde se genera el impacto económico. Planteó que buena parte de esos fondos se traduzca en infraestructura vial y reclamó avanzar hacia una ruta de doble vía, al considerar que la circulación asociada a la minería, el turismo y otras actividades requiere una respuesta estructural y no soluciones parciales.
Otro eje de su análisis fue el Plan de Ordenamiento Territorial. Amín señaló que Casemica realizó observaciones al borrador presentado por la provincia y remarcó la necesidad de construir defensas sobre los ríos Calingasta y Los Patos, en especial para proteger a Barreal frente a crecientes y lluvias intensas. A su entender, el debate territorial debe anticiparse a los riesgos naturales y al crecimiento de la actividad económica.
En materia normativa, defendió la Ley de Proveedores Mineros y pidió que su reglamentación no desvirtúe el espíritu original de la norma. Sostuvo que el objetivo debe ser fortalecer el desarrollo local, entendido como una oportunidad para emprendedores y pymes de toda la provincia, sin que eso se convierta en una traba para las inversiones.
Amín también se refirió a la expectativa que genera la eventual concesión de agua para Los Azules. Dijo que el tema podría tratarse en los próximos días y consideró clave que el Consejo de Regantes acompañe la decisión. Además, reclamó que un eventual canon inicial, estimado en unos US$5 millones, quede en Calingasta y se convierta en obras concretas, equipamiento y maquinaria para resolver problemas históricos vinculados al riego.
Hacia el final, el dirigente vinculó el debate minero con una discusión más amplia sobre el futuro del departamento. Sostuvo que la expansión de la actividad puede multiplicar el empleo y dinamizar proveedores, turismo y producción, pero advirtió que eso solo será posible si las inversiones en infraestructura llegan antes que los conflictos. En ese marco, reafirmó su idea de que Calingasta debe dejar de pensarse como un pueblo de tránsito y proyectarse como una ciudad con desarrollo propio.
Consultado sobre la política local, admitió que analiza una eventual candidatura a intendente en 2027 y reconoció diferencias con la gestión de Sebastián Carbajal, aunque aseguró que la prioridad debería ser evitar que las disputas partidarias terminen perjudicando al departamento.
